VALÈNCIA (EP). La Fiscalía Provincial de València ha abierto diligencias preprocesales civiles a la empresa organizadora del Diversity Valencia Festival al apreciar "la posible existencia de conductas contrarias y en perjuicio de los derechos de los consumidores".
Así lo asegura la Unión de Consumidores de València, que presentó una denuncia después de que este festival, cuya celebración estaba prevista del 21 al 23 de julio, se cancelara a solo diez días, y muchas de las personas que compraron entradas no hayan recibido el reintegro del dinero.
La Unión de Consumidores detalla que la Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales civiles a la mercantil Merci Entertaiment España SL, como empresa organizadora del festival.
En el escrito dirigido a la Unión de Consumidores, la Fiscalía Provincial de València ha solicitado documentación sobre la identidad de posibles afectados, por lo cual el colectivo ciudadano ha preparado un formulario a fin de facilitar a las personas afectadas por la cancelación del Diversity València festival la comunicación de sus datos para trasladarlos a este procedimiento. Toda la información relativa a este procedimiento se realizará a través de la web.
Por su parte, en el grupo de Facebook 'Diversity Festival cancelado: Demanda colectiva', que reúne a diversos afectados, se ha dado a conocer que un despacho de abogados -Navarro&Asociados- ha decidido representarlos e iniciar acciones penales y, en su defecto, civiles, contra las distintas plataformas encargadas de la venta de entradas y frente a la promotora del evento.
El objetivo principal es "la recuperación del dinero perdido" y que "recaiga todo el peso de la ley" sobre las entidades que han hecho caso omiso de las reclamaciones ya presentadas, señala el escrito del bufete que recoge el grupo de afectados.
En primer lugar, se prevé alcanzar una solución extrajudicial mediante el envío de un burofax, tanto a las plataformas intermediarias que se encargaban de la venta de localidades como a la organizadora, Merci Entertaiment España SL, mediante el cual se solicitará la devolución de todos los gastos ocasionados en el plazo de una semana. Si se hace caso omiso, los abogados acudirán a la vía judicial para que "se depuren las consiguientes responsabilidades".