VALÈNCIA. "Incentivar fiscal y económicamente los conductores de los vehículo eléctrico o híbrido se considera, hoy en día, fundamental en el proceso de cambio e introducción de vehículos de nueva combustión". Es lo que reza el Plan de Movilidad Metropolitano de València, elaborado por la Conselleria de Obras Públicas: el documento busca que los municipios de la región armonicen un sistema de recargos fiscales a los vehículos más contaminantes así como bonificaciones a aquellos más ecológicos.
El Plan, en fase preliminar y de exposición pública, subraya entre sus propuestas para la próxima década la necesidad de "fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental". Concretamente, habla de cinco tipos de vehículos. Para los que funcionan mediante combustión y sin distintivo ambiental, el plan propone un aumento del impuesto sobre tracción mecánica de entre el 10% y el 75%, en función del tipo de vehículo y su grado de contaminación. Para los otros dos tipos, los híbridos y enchufables, se proponen bonificaciones de entre el 50% y el 100%.
Ahora bien, aunque el plan insiste en estos "incentivos económicos" a los vehículos ecológicos porque ayudan a una "transición hacia una movilidad más sostenible" y porque "actualmente su precio es mucho más elevado que el de los vehículos convencionales", también señala que, conforme pase el tiempo y el abaratamiento de los vehículos ecológicos sea progresivo, estas bonificaciones "ya no estarían justificadas" y habría que eliminarlas.
Una eliminación que ocasionaría una reducción de los ingresos municipales pero con "un impacto muy reducido" en las cuentas públicas. Algo que se compensaría con los recargos a los vehículos contaminantes: "Si se adapta o incrementa la fiscalidad a los vehículos contaminantes se prevé que se puede llegar a un buen equilibrio presupuestario", indica en este sentido el plan de movilidad de la Conselleria.
La Conselleria que encabeza Rebeca Torró explica que estos cambios normativos deben hacerse a nivel de los ayuntamientos en los diferentes municipios del área metropolitana de València: "El objetivo es conseguir un consenso municipal metropolitano en la manera de aplicar la fiscalidad al parque móvil" de la región. Y en cuanto a la modificación efectiva de los impuestos locales, asume la libertad de cada consistorio pero insiste en que tendrán la posibilidad de hacerlo "para fomentar la movilidad eléctrica entre sus residentes dependiendo de sus capacidades económicas".
A fecha de 2020, las bonificaciones medias a los vehículos de emisiones cero en el área metropolitana era del 60-70%, y el objetivo es aumentarla hasta el 75-100%. En cuanto a los vehículos ECO, la voluntad es que alcance el 50-70%.
Como ha venido contando este diario a lo largo de la semana, el Plan Metropolitano contiene muchas medidas a implantar en un medio y largo plazo con el propósito de descarbonizar la movilidad en el área metropolitana de la ciudad de València. Una de las ideas, por ejemplo, consistiría en implantar zonas con peajes urbanos, que cobrarían a los conductores que transitasen por ellas como se hace en Londres o Estocolmo. Esta medida, sin embargo, no fue muy bien recibida por el sector del gobierno valenciano conformado por Compromís -la Conselleria de Obras Públicas la dirige el PSPV-.
Por ejemplo, la síndica de la coalición valencianista, Papi Robles, indicó que el camino es "pagar transporte público" y no "cargar a la gente con impuestos". Y el alcalde de València, Joan Ribó, criticó el efecto de un peaje así sobre la desigualdad: "No me gusta esa solución porque la paga tanto el señor multimillonario como el pobre hombre que viene aquí a trabajar por la mañana; no es una solución justa a nivel social". El Ayuntamiento ya ha anunciado que alegará al plan.
Otra de las propuestas controvertidas del plan ha sido la de expandir la zona de estacionamiento regulado (ORA) hasta el 80% de todas las plazas de aparcamiento de la ciudad en un medio plazo para desincentivar la entrada del vehículo privado a la ciudad y especialmente a las zonas más concurridas. Una política que, bien es cierto, el plan complementa con la introducción de aparcamientos disuasorios en la zona exterior de la capital, para que los usuarios del coche puedan coger transporte público desde allí.
Aquí Ribó también se mostró disconforme al declarar que una expansión desmesurada del estacionamiento regulado -tanto zona azul, naranja o verde- "puede generar muchísimas protestas en muchos sectores". Y por eso aseveró que, de llevar a cabo una ampliación, debería "estudiarse con mucho detalle, barrio a barrio y viendo qué tipo de ORA se ha de aplicar". El PP de la ciudad, dirigido por María José Català, calificó ambas medidas como "una auténtica barbaridad" y un "ataque directo al bolsillo de los ciudadanos", por lo que la portavoz criticó que la movilidad, para Compromís y PSPV, fuera "hacer caja con los ciudadanos".
Otro de los aspectos señalados por el Plan es la introducción de zonas de bajas emisiones (ZBE) al estilo de otras ciudades españolas y europeas. Se trataría de áreas escalables en las que se restringiría el acceso a los vehículos contaminantes y que podría ir variando en el tiempo por anillos, en función de la situación de la calidad del aire. El Ayuntamiento de València, de hecho, ya trabaja en su ZBE, a la que obliga la Ley estatal de Cambio Climático para las grandes ciudades, y tiene que estar implantada antes de que acabe 2023.
Otro de los aspectos en los que hace énfasis el plan, además de potenciar la movilidad eléctrica y luchar contra la contaminación, es el de la intermodalidad, para facilitar la movilidad en transporte público o menos contaminante entre los municipios del área metropolitana. Una idea, como se ha planteado, es la de construir aparcamientos disuasorios. Pero el plan propone un proyecto concreto, como adelantó Valencia Plaza: que la estación de autobuses de València se pudiera trasladar al centro de la capital, especialmente al entorno de la Estación Joaquín Sorolla y la futura Estación Central. La idea sería convertir este punto en un "nodo intermodal" para conectar metro, autobús, cercanías, larga distancia y AVE.
En este caso, la propuesta cayó bien en el Ayuntamiento de València, pues para la concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige Giuseppe Grezzi, el traslado resultaría "funcional" por el hecho de conectar todos los modos de transporte de manera cómoda. Ahora bien, eso sí, y en eso también hizo hincapié el alcalde, si se fuera a llevar a cabo este proyecto, habría que estudiar primero cómo afectaría a los flujos del tráfico en el centro de la ciudad.
También se dice propone la implementación de paradas conjuntas para la red de Metrobús y la de la EMT, para que se compartan marquesinas en determinados puntos y superar así una "concepción separatista" de las redes de transporte. Estos puntos de intermodalidad propuestos serían la Avenida del Cid y su cruce con 9 d'Octubre, Ángel Guimerà, la estación de autobuses, las estaciones de metro de Aragón y Empalme,y las estaciones Joaquín Sorolla y del Norte.
Por otro lado, algo que ya se había anunciado y que, en efecto, recoge el plan, es la implantación de los carriles VAO o bus-VAO en cuatro de los principales accesos de la ciudad de València: la V-21 y la CV-35 al norte, la V-31 al sur, y la A-3 al oeste. Se trataría de restringir ciertos carriles en estas entradas, en términos generales, a autobuses y vehículos ocupados por dos o más personas, con el objeto de "reducir el número de vehículos en las ciudades y facilitar la circulación" de los vehículos favorecidos.