El Plan Metropolitano propone cobrar por el uso de las carreteras -con algunas bonificaciones puntuales- para reducir la contaminación y financiar las mejoras del transporte público.
VALÈNCIA. El coche como rey del transporte en València y alrededores tiene los años contados. Al menos esa es la meta con la que trabaja la Generalitat Valenciana, que por ejemplo, ha propuesto en su Plan de Movilidad Metropolitana la ampliación de la ORA a la mayoría de las plazas de la capital, como adelantó este diario. Pero también planea otras medidas como la imposición de peajes a los vehículos por el uso de calles y carreteras en el área metropolitana.
El plan de movilidad, elaborado por la Conselleria de Obras Públicas y actualmente en fase de exposición pública, incluye entre las medidas a poner en marcha un "pago por uso" en las infraestructuras viarias del área metropolitana de València. Una idea que se contempla implantar en más de diez años después de que se apruebe el plan.
El documento usa el concepto británico 'congestion charge' para recordar a la medida que ya tienen implantada otras grandes ciudades europeas como Londres. Un sistema de cobro de un peaje a los conductores por el uso que hacen de las carreteras. Bien puede ser de manera genérica, bien de manera puntual en algunos momentos del día.
El departamento que dirige la consellera Rebeca Torró no clarifica aún con qué tecnología se desarrollaría el sistema, pero expone que "las soluciones más comunes" son, por un lado, la tarificación por acceso a determinadas zonas o, por otra parte, el pago por kilómetros recorridos dentro de una cierta área. "Deberá estudiarse en detalle", asegura el documento en este sentido.
En cambio, sí que deja certezas. Por ejemplo, que este peaje debe ir acompañado de "bonificaciones y ayudas sociales a ciertos colectivos". También se deja claro que sería un sistema explotado por una empresa concesionaria bajo la supervisión de la Generalitat. Y que en todo caso, se debe aplicar "una vez las necesarias infraestructuras mínimas de transporte público" estén desarrolladas para asegurar una "alternativa de movilidad" para quienes hoy usan habitualmente el coche.
El objetivo de este peaje es principalmente desincentivar el uso del vehículo privado en el área metropolitana. Y con ello, de manera indirecta, reducir la contaminación al tiempo que se recauda para invertir en transporte público. O lo que es lo mismo: que quien use las carreteras ayude a financiar la mejora del servicio de metro o bus metropolitano y conseguir así un efecto multiplicador en el cambio de hábitos.
Según el plan, las infraestructuras viarias del último siglo han permitido una conectividad "prácticamente total" entre los municipios permitiendo "desplazamientos rápidos y eficientes" con el coche. Pero esto, dice, a costa de la calidad del aire y de la penalización del transporte colectivo. A todo ello habría favorecido "la sensación de gratuidad o coste cero en el mantenimiento" de las carreteras. Y es con esto con lo que se quiere acabar mediante estos peajes.
La introducción de los nuevos sistemas de tarificación debería hacerse "de manera progresiva", indica el documento en el que trabaja la Conselleria de Obras Públicas, para que se pueda realizar "una importante campaña de concienciación de la opinión pública respecto de los beneficios". El proceso tardaría más de diez años desde que se aprobara el plan metropolitano.
En ese sentido, en primer lugar, la Generalitat Valenciana realizará un estudio de "potencialidades" de este sistema, valorando cuánto podría reducirse el tráfico rodado, cuánto podría ingresarse por este peaje y cómo podría implantarse a nivel técnico. A continuación, y como condición sine qua non, la administración autonómica junto a Diputación y ayuntamientos deberán realizar "las inversiones más necesarias" en transporte público, antes de implantar los peajes. Tendría una década para implementar estas mejoras.
Mientras, la Generalitat y los consistorios afectados tendrían que llevar a cabo una campaña de información y consulta a la ciudadanía para "concienciar" sobre "los beneficios y las potencialidades" del pago por uso de las vías. Y al final de la década, se debería realizar una prueba piloto en varias localizaciones a escala metropolitana, y sacar a concurso la explotación del servicio.
"Una vez corroborada de manera práctica la aplicabilidad y beneficios de la propuesta, se escalará a nivel metropolitano el sistema de pago, con la aplicación de las tarifas establecidas, así como el comienzo de la gestión de ayudas sociales", reza el plan metropolitano.