VALENCIA. Al mismo tiempo que Ximo Puig presentaba la nueva marca de la Generalitat para promocionar los festivales de música de la Comunitat, el ayuntamiento de Alboraya y la empresa impulsora hacían frente a la debacle del Marenostrum Music Festival (MMF). Finalmente cancelado, el consistorio y los organizadores convocaron ayer a la prensa para poner punto y final a la celebración del evento, aunque esto solo abre un nuevo capítulo: el de la vía judicial. Con un presupuesto de aproximadamente un millón de euros y 17.500 entradas vendidas, el festival cerraba sus puertas 24 horas antes de su inicio y tras varios días de incertidumbre, comunicados y acusaciones en el terreno político. Con el Arenal Sound pendiente también de resolver su situación, el destino de la que iba a ser la tercera edición del Marenostrum ya está escrito, aunque no así sus consecuencias: la posible denuncia de los empresarios asociados, una devolución del importe de las entradas todavía por confirmar y la guerra política levantada en torno a la cita son algunas de las claves que marcarán su agenda durante los próximos meses.
“Intransigente”. Con esta palabra culpaba el alcalde de Alboraya, el socialista Miguel Chavarría, a Compromís del prematuro desenlace del festival. Su dedo era acusador. Fueron estos últimos quienes promovieron una denuncia contra la ubicación y la gestión del propio evento que ha hecho saltar chispas entre unos y otros. “La denuncia de Compromís está fuera de lugar. Ha hecho un flaco favor a este pueblo”, aseveró el alcalde, que estuvo respaldado por la concejala de Urbanismo, Ana Bru, quien insistió en su discurso en la inexistencia de “intereses ocultos” en las negociaciones entre el gobierno y la organización del festival, que tras dos años celebrándose en la estación del Grao se mudaba a la vecina Alboraya con el cambio de ejercicio -y de gobierno-. Los propios representantes del festival, que durante el encuentro fueron Cristina de Maya y Rubén Gavidia, lamentaron verse involucrados en una "guerra política" entre PSPV y Compromís que ha generado críticas y una lluvia de informes que, en última instancia, han dado el jaque al MMF. El mate habrá que ver en próximos meses aunque sí confirman la "cancelación" y no el aplazamiento, con lo que en las próximas semanas se conocerá si desaparece la marca.
"Es una victoria muy agridulce", afirmó Àngels Belloch, portavoz de Compromís per Alboraia, tras conocer la cancelación del evento. Según ella, esta "no es una cuestión política sino jurídica, hay cuatro informes que dicen bien claro que no es la zona idónea". Las filias y fobias entre los rojos y los naranjas, dice, no han jugado ningún papel en esta batalla que, sin embargo, sí ha tenido ganadores y perdedores en el ámbito político. "Hay dudas en el aire, no sabemos si hay algún acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa, qué obligaciones podemos tener que afrontar y también nos preocupa quién va a revertir la zona, si judicialmente o jurídicamente las administraciones públicas no pueden forzar a la empresa a que revierta necesitaremos ayuda de Generalitat o Diputación porque somos una ayuntamiento y la faena puede ser ingente", explicó la edil de Compromís.
Tanto el Partido Popular, Ciudadanos como Esquerra Unida se sumaron a la negativa de Compromís tras el informe negativo elaborado por la Conselleria de Obras Públicas. El equipo socialista se quedaba solo poco a poco y, además, provocaba la espantada del concejal de Movilidad Sostenible de Valencia, Giuseppe Grezzi, quien en un primer momento se había mostrado favorable a facilitar la conexión reforzando durante esos días la flota de autobuses de la EMT para luego dar marcha atrás e, incluso, verbalizar que no comulgaba con el tipo de ocio que promovía el festival. La soledad del PSPV quizá era buscada, pues una de las grandes críticas de la oposición es que la operación se ha gestado sin contar con ellos. "El proceso de aprobación del proyecto ha estado marcado por la falta de transparencia y el autoritarismo de la alcaldía. El proyecto se aprobó mediante un decreto sin apoyo del pleno. A pesar de que hace meses que se está gestando la operación, el macrofestival, el expediente se ha ocultado a los partidos y solo lo mostraron recientemente y de forma incompleta", criticaron desde Per l'Horta en la última concentración convocada contra el traslado del MMF.
Tras dos años en el Grao, la partida del Milacre se convertía en la nueva ubicación del MMF. El principio del fin. La plataforma 'Som Horta', en la que figuran colectivos como Per l'Horta, Agró, diferentes asociaciones de vecinos y partidos políticos, presentó un documento avalado por 50.000 firmas para exigir la paralización del evento. Según indican desde la plataforma ecologista, “la partida del Miracle es una de las zonas de la huerta de València con mayor valor ambiental y paisajístico, uno de los pocos espacios que quedan en la huerta que comunica con una playa prácticamente virgen”. Por este motivo, explican, el proyecto de Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València (PATHV) de 2010 y su revisión de 2016 recogían esta partida con un grado de máxima protección, declarada como suelo no urbanizable protegido natural.
La realidad del espacio era bien distinta. Convertido en un auténtico vertedero, una de las bazas del equipo de gobierno y la propia organización del festival ha sido la inversión hecha para limpiar el espacio de escombros y basura. No es de extrañar que la edil de Urbanismo quisiera defender ayer su trabajo aireando las fotos del ‘antes y después’ de la partida. “La puesta a punto de los campos de Peixets la hemos conseguido gracias a este evento. Para ‘Salvem l’horta’ estamos nosotros, nadie se puede poner la etiqueta sin contar con este equipo de gobierno”, aseveró Chavarría.
“Hemos invertido una cantidad muy grande de dinero en la partida del Miracle intentando regenerar una zona llena de basura y con mucho potencial que desde un inicio el Ayuntamiento de Alboraya nos recomendó, ya que, era una zona degradada y un vertedero municipal. Después de muchas horas de trabajo, limpieza y sudor nos hemos visto perjudicados y sin respaldo”, indicaron desde la organización del Marenostrum en el comunicado con el que confirmaban la cancelación. Sin embargo, la visión de Per l'Horta es bien diferente. Uno de los representantes de la plataforma, Vicent Martí, se mostró en total "desacuerdo" con la justificación del ayuntamiento y apuntaron a que los trabajos acometidos por el festival no eran los adecuados. "Es verdad que allí había escombros, la zona no era la mejor, pero con poco dinero se podía limpiar".
Más allá del cruce de acusaciones, lo que sí es cierto es que el gobierno autonómico ha impuesto una sanción, aunque todavía no se ha notificado el importe, a la empresa puesto que "con las actividades de entrada de maquinaria" para adecuar la zona del festival "han destrozado una duna", confirmó la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
El alcalde de Alboraya criticó la tardanza de la Conselleria en ofrecer los informes técnicos sobre el emplazamiento del certamen siendo que la primera comunicación con la administración autonómica fue en enero. La negativa ha llegado con la 'paraeta' montada y las puertas a punto de abrirse. "Los técnicos de la conselleria tardaron cinco meses pero la respuesta a nuestro recurso fue en 24 horas", afirmó Chavarría, quien afeó que sea ahora cuando se vaya a estudiar "pormenorizadamente" las alegaciones presentadas por el gobierno local.
"Este Ayuntamiento no puede autorizar un evento si no tiene todos los informes favorables", reconoció Chavarría, quien, de igual manera, incidió en que otros organismos como el Servicio de Carreteras de la Conselleria de Medio Ambiente, la demarcación de Costas del Ministerio, la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Diputación han aportado su visto bueno al emplazamiento previsto, una zona "degradada". El intercambio de informes como si fueran cromos lleva a una versión, la de Compromís, que quiere sacar los colores al consistorio.
"Hay una serie de informes negativos, desde Compromís nos dirigimos a tres consellerias: a Presidencia por el tema de emergencias porque la zona no era muy idónea, los accesos son estrechos, es una auténtica ratonera. Después nos dirigimos a Ordenación del Territorio que emitió un informe negativo y también a Medio Ambiente pues, aunque no es un paraje que jurídicamente tiene reconocida protección, teníamos la obligación moral de dirigirnos a ellos", explicó Àngels Belloch. "No se puede hacer una cosa cuando hay cuatro informes en contra".
Por su parte, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, afirmó ayer que la cancelación se ha ejecutado atendiendo a lo recogido en la Ley de Costas, pues la administración autonómica no es competente para prohibir este tipo de eventos. "Existe una Ley de Costas, del Gobierno de España, del PP, y un reglamento que la desarrolla que restringe los usos y actividades en esa reserva de dominio público", explicó, del mismo modo en que recordó que en el Pla d'Acció Territorial de l'Horta, pendiente de aprobación, la partida del Miracle "está prevista como una zona de especial protección".
La organización del festival todavía no ha hecho público cómo devolverá el dinero de las entradas tras la cancelación del festival, dejando en el aire esta cuestión y, hasta el momento, solo afirmando que se darán las indicaciones pertinentes con la mayor brevedad posible. A este respecto, la asociación de consumidores Facua ha instado a la organización del festival a que inicie "de inmediato y con garantías" el proceso de devolución de las entradas vendidas. Además de las entradas, la entidad señala a los afectados, muchos de ellos de fuera de Valencia e incluso de España, que también deben reclamar todos los gastos derivados, tales como desplazamientos o alojamiento.
Para ello, Facua recuerda que los clientes deben hacer acopio de todos los recibos y facturas que fuesen necesarios para justificar y reclamar dichos gastos. En el caso de que las quejas sobre los pases y los gastos derivados no sean atendidas por parte de la promotora, la asociación insta a los usuarios a que presenten una reclamación ante las autoridades de consumo que les correspondan. Además, informa a los afectados de que pueden acudir a los tribunales de justicia para interponer una demanda de reclamación de cantidades, un proceso para el que no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador cuando no se superan los 2.000 euros.
Alrededor de diez empresarios afectados por la cancelación del Marenostrum Music Festival se unirán para demandar a sus organizadores por daños y perjuicios, según explicó el propietario de la cadena de pizzerías Da Vinci e impulsor de la acción, Daniel Chamorro, a la agencia Europa Press. El empresario criticó que se sienten "muy afectados a nivel económico" y no tiene "ninguna respuesta" por parte de los responsables del evento.
Con una inversión de 3.050 euros para poder montar un puesto de comida en el recinto, Chamorro calcula que el desembolso total ascendió a 5.200 euros, montante que se suma a que aspiraban a facturar entre 2.500 y 3.000 euros por jornada. Según relata el propietario de Da Vinci, los organizadores del evento le llamaron para colocar el puesto de comida “cuando no tenían licencia”. Asimismo, ha denunciado que ha tenido conocimiento de la cancelación del Marenostrum "por la prensa" y los responsables del evento no se han puesto en contacto con él. "Llevan toda la mañana sin cogerme el teléfono".
