Las trabas legales amenazan el modelo del 'sharing' y las VTC ideado por el Ayuntamiento de València

VALÈNCIA. La regulación de la nueva movilidad en València podría acabar atragantándose al Ayuntamiento. La confección del modelo de motos compartidas -motosharing- y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) camina sobre el alambre. Especialmente tras dos resoluciones recientes sobre sendos sectores de la movilidad urbana que pueden constituir un antecedente de los problemas jurídicos a los que se podría enfrentar el consistorio del Cap i Casal.

Por un lado, el sistema que está articulando el consistorio valenciano para el reparto de licencias de motosharing, muy similar al de Barcelona, está alumbrando problemas de competencia entre las compañías que operan en la ciudad condal. Y por otro, la justicia valenciana acaba de tumbar los límites a las VTC aprobados en Elche, que son calcados a los del Ayuntamiento de València, también recurridos en los tribunales. Así que ambas regulaciones diseñadas por Compromís y PSPV en València podrían quedar expuestas a problemas en un futuro no muy lejano.

Problemas de competencia en el 'sharing'

Empezando por la movilidad compartida -sharing-, el consistorio de València está en pleno proceso de adjudicación de licencias a las empresas de motos. Las concejalías de Movilidad Sostenible y de Actividades, dirigidas por Giuseppe Grezzi y Lucía Beamud, han diseñado un sistema similar al de Barcelona, que ha empezado a revelar algunas disfunciones, y que consiste en fijar un límite máximo de licencias de motos -casi 7.000 en Barcelona y 2.000 en València- y repartirlas a partes iguales entre las compañías interesadas.

De este modo, a mayor número de empresas adjudicatarias, menor cantidad de vehículos corresponde a cada una, y por ende, tal como denuncian desde el sector, menor viabilidad económica para las compañías. Un ecosistema que ha desatado la batalla legal del sharing en la ciudad condal, donde una firma denunció a otras cuatro operadoras que estarían, según la denuncia, actuando de manera concertada.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) emitió en marzo un dictamen, dado a conocer este mes, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, en el que concluye indicios de que las empresas denunciadas "conforman una única empresa o unidad económica de decisión". Aspecto que, si bien no contraviene la normativa de competencia -no puede haber concierto entre varias empresas cuando conforman una misma unidad-, sí podría incumplir las bases locales, que vetaban la presentación de mercantiles que conformaran entre ellas "un grupo de sociedades".

Por ello, ahora el Ayuntamiento de Barcelona estudia si retirar los permisos a las compañías en cuestión: TuCycle, Avant, OIZ y Ecologica, que estarían actuando en alianza con Reby. Aunque esta última defiende que sólo tiene acuerdos con el resto en tanto proveedor tecnológico de la plataforma y compraventa de vehículos, la ACCO dice tener documentación que pone "en duda" esta versión y que demuestra un vínculo "más allá de una relación meramente contractual": por ejemplo, correos electrónicos de Reby sobre planes de negocio conjuntos con estas cuatro empresas y con otras cuatro que no recibieron licencias.

El problema aterriza en València en tanto Reby y otras tres compañías mencionadas han presentado sendas solicitudes de licencias al Ayuntamiento de València. Desde el consistorio, por su parte, insisten en no anticipar malas praxis y actuar en el caso de que se detecten fraudes entre las operadoras. Por ahora, todavía no se han adjudicado los permisos, y pese a las presiones del sector por evitar el modelo de Barcelona, la concejalía de Actividades asegura que no modificará el sistema ideado.

Límites desproporcionados a las VTC

El caso de las VTC también puede estallar en la cara de los responsables municipales. Este jueves se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fallado en favor del sector de las VTC al anular la obligación, aprobada por el Ayuntamiento de Elche, de precontratar sus servicios con una antelación de una hora. Limitación que también aprobó el consistorio de València a finales del año pasado.

La resolución judicial recoge que el Ayuntamiento de Elche no justificó el interés general de esa restricción, que dificulta al cliente la contratación de un viaje y supone un “serio impedimento para la demanda del servicio de transporte y, por consiguiente, la viabilidad real del ejercicio de la repetida actividad económica en el término municipal”. El fallo, contra el que cabe recurso, insiste en que la limitación se aprobó "sin la más mínima motivación" y que "salta a la vista que supone una limitación del derecho a la libertad de empresa".

El decreto de la Generalitat Valenciana fija un tiempo mínimo de 15 minutos y faculta a los ayuntamientos para ampliar este período. Pero la ley fija que toda restricción a la libertad de las actividades económicas debe ser proporcional. Y es esto, fundalmentalmente, lo que en la práctica no está justificado. Para la sala, una hora es un período desproporcionado y en el expediente municipal no hay un informe que aborde la cuestión del tiempo, por lo que "no se sabe a qué obedece" la fijación en 60 minutos de precontrato, que "bien pudo haberse fijado (…) en más o en menos".

El peligro que podría suponer esta sentencia para la regulación en València ciudad, similar a la de Elche, no es una sorpresa: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió al consistorio del Cap i Casal pidiéndole que derogara la limitación de una hora al considerarla una medida "mucho más restrictiva y desproporcionada" que la aprobada por la Generalitat, pues cualquier lapso de tiempo fijado en este sentido "que vaya más allá de lo necesario" supone, a juicio del organismo, "un obstáculo injustificado" para la prestación del servicio, "perjudica a los usuarios de los servicios VTC y reduce el atractivo de estos servicios".

El consistorio respondió que la Comisión Nacional no explicaba "por qué una precontratación de 15 minutos [la ley autonómica] [...] no reduce la competencia y una de una hora sí debiera hacerlo", para añadir que la Comisión "no acredita siquiera de forma indiciaria" dónde está la desproporción. A juicio del Ayuntamiento, la medida sí es proporcionada, arguyendo que los 15 minutos de antelación "es posible que resulte suficiente para pequeños municipios, pero no lo es para el núcleo urbano de mayor tamaño y población", donde es "perfectamente posible" que los VTC tarden "un relevante lapso de tiempo" entre el estacionamiento y el punto de recogida.

La negativa del Ayuntamiento a derogar varios aspectos de la normativa, entre ellos el de la precontratación, llevó a la CNMC a recurrir la normativa consistorial del Cap i Casal en la jurisdicción contencioso-administrativa. Será la justicia, con todas estas cuestiones sobre la mesa, la que avale o tumbe la regulación municipal.