El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la edil de Espacio Público, Lucía Beamud. Foto: VP VALÈNCIA. Diez meses han pasado desde que el Ayuntamiento de València iniciara su proceso de regularización del sector de motos compartidas de alquiler, conocido como motohsaring, que viene operando desde hace varios años en el Cap i Casal sin una regulación municipal. Sin embargo, la concejalía de Actividades, que dirige la edil Lucía Beamud, todavía no ha resuelto las autorizaciones a la quincena de compañías aspirantes a prestar el servicio en la ciudad.
El modelo que pretende aplicar el consistorio es similar al de Barcelona. La concejalía de Movilidad Sostenible, que encabeza Giuseppe Grezzi, analizó la situación de la ciudad y fijó el máximo de motos compartidas en un total de 2.000. Y ese global se repartirá por la concejalía de Actividades entre todas las compañías que se han interesado en el servicio.
Así pues, se trata de un modelo que no ha gustado nada al sector porque, dice, reduce notablemente la actual oferta de motos de este estilo y bloquea un tipo de movilidad sostenible que puede contribuir a la descarbonización de las ciudades dado que, al resultar tan pocas motos para cada compañía, la falta de rentabilidad ahuyentará a las operadoras.
Preguntadas en reiteradas ocasiones durante los últimos meses fuentes de la concejalía de Beamud, poco se sabe de las autorizaciones: "No hay novedad por ahora" es una constante. El sector, agrupado en la asociación Smart Mobility, se encuentra a la espera todavía mientras algunas empresas continúan prestando el servicio en la capital del Túria como hasta ahora, sin una autorización expresa del consistorio.
"Hemos solicitado al Ayuntamiento que reencauce la propuesta de regulación de servicio de motosharing en la ciudad, partiendo de un proceso de consulta y diálogo con el sector", explican desde la asociación, donde se resalta que la movilidad compartida es una solución "eficiente y sostenible para las ciudades" especialmente "en la situación de emergencia climática en la que nos encontramos".
"Un modelo como el que proponía el Ayuntamiento, con un limitado número de licencias y un reparto de las mismas excesivamente fragmentado, solo limitaría la oferta de este servicio - situándola muy por debajo de la demanda - y pondría en riesgo su correcto funcionamiento y viabilidad", aseguran en Smart Mobility. Mientras, la concejalía de Movilidad Sostenible descarga la responsabilidad del modo de reparto de las 2.000 motos en la homóloga de Actividades, que -asegura- mantendrá este sistema en la concesión de las autorizaciones.
En la asociación de compañías del sector recuerdan, en este sentido, que la Ley de Cambio Climático insta a las ciudades grandes "a implantar soluciones de movilidad eléctrica compartida como alternativa al coche privado". "No se entiende muy bien la postura del Ayuntamiento al respecto", subrayan, para considerar a continuación "imprescindible" la apuesta por una movilidad "respetuosa con el medio ambiente como es la movilidad compartida".
Por ello, son tajantes al declarar que cualquier "traba" a la movilidad compartida "en términos regulatorios provocará de nuevo un retroceso en la calidad ambiental". De ahí que el sector haya trasladado al área de Movilidad del Ayuntamiento sus propuestas y soliciten al consistorio reunirse "cuanto antes con las empresas para continuar el diálogo y buscar una solución consensuada".
El propio edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, preguntado en marzo en una entrevista de Valencia Plaza sobre el límite de motos aplicado por su departamento, respondió: "No creo que sea limitado porque está basado en lo que había. En este momento, sin tener autorización, había menos de 2.000 motos operando en la ciudad, que pueden operar pagando una tasa mientras se hace la concesión definitiva".
El edil de Movilidad, en ese sentido, instaba a esperar a que el servicio con autorizaciones entrara en funcionamiento para ver "qué tipo de servicios hay, qué tipo de uso" y entonces "hacer otro informe para ver si cabe la posibilidad de ampliarlo [el límite]". "Pero tal y como era la foto fija del momento antes de la pandemia, se reguló la autorización pagando una tasa y tampoco vinieron más empresas a pedir operar cuando no había un número de motos cerrado", sentenció al respecto.
