VALÈNCIA. Han pasado dos meses desde la celebración de festival Som de la terreta, la iniciativa privada que, a través de un contrato de patrocinio, sufragó Presidencia de la Generalitat Valenciana. La publicación del cartel diseñado por la promotora The Music Republic, en un primer momento, y de las condiciones del acuerdo empresa-Consell levantaron una importante polvareda que traspasó el ámbito de la gestión cultural y acabó con la denuncia por parte del PSPV-PSOE y Compromís de “vergüenza” o “traje a medida”.
Mientras la oposición está aún a la espera de la documentación que le pidió a la Generalitat a través de Les Corts Valencianes, el departamento de Carlos Mazón ha seguido dando pasos para legitimar el patrocinio millonario: el último es la contratación, a través de un contrato menor, de un “informe técnico especializado, de impacto, estudio, análisis y conclusivo sobre el retorno publicitario generado con motivo del contrato privado de patrocinio publicitario de Presidencia” por un valor de 18.029 euros. La empresa beneficiada es la auditora OJD, conocida por medir las audiencias digitales de los medios de comunicación. El procedimiento seguido para el contrato ha sido el de “adjudicación directa previa consulta a una empresa”.
De esta manera, Presidencia buscará justificar, a través de de los impactos en medios de comunicación y redes sociales, el gasto de casi 3,4 millones de euros. Cabe recordar que Som de la terreta no fue, aparentemente, una idea de la Generalitat, de cuya organización dependiera el Consell y sacaran a licitación. Fue un proyecto de la promotora The Music Republic que Carlos Mazón decidió apoyar con una inversión que superaba con creces a la partida total de ayudas al sector de los festivales de música en la Comunitat.
Desde que salió a la luz la generosa alianza entre la Generalitat y la promotora valenciana, la polémica empezó a crecer en diferentes frentes. La industria musical expresó su preocupación por el contrastado trato de favor (aunque fuentes de las asociaciones enfriaron el enfado semanas más tarde), la opinión público criticó duramente el cartel… Y cuando las fechas del procedimiento se hicieron públicas y arrojaban dudas sobre la transparencia del procedimiento— las condiciones del convenio se aprobaron después de que se anunciara ni siquiera el cartel, y la ayuda se aprobó apenas 24 horas antes de su celebración—, la oposición envió el caso tanto a Antifraude como Anticorrupción.
A la espera de conocer el resultado de este informe de impacto del patrocinio, el Consell aún no ha hecho publico ni ha facilitado a PSPV ni Compromís el contenido del contrato del mismo.
