Primeras elecciones sindicales en un Consorci de Museus en pleno conflicto laboral

VALÈNCIA. No se puede decir que el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) haya empezado el año con buen pie. El organismo gestionado por José Luis Pérez Pont vive algunas de sus semanas más tensas derivadas de la gestión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una reordenación de la plantilla que tendrá que pasar por los tribunales antes de su aprobación definitiva, y el robo de una obra de arte que estaba expuesta en una de sus salas. En este contexto, ayer se celebraron las primeras elecciones sindicales de su historia, un proceso en el que se intuyó la división interna con un empate entre dos candidatos que finalmente dio como vencedora a la técnico de gestión expositiva Lucía González, quien se convertirá en la primera representante sindical desde que creara el organismo cultural autonómico.

Las elecciones llegan apenas dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitiera a trámite el recurso contra la RPT y la oferta de empleo público presentado por la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FesP-UGT-PV), un proceso con el que el sindicato quiere poner freno a una reordenación que, en última instancia, sacará a concurso ocho plazas de las catorce que componen la plantilla del Consorci. Fue tras la presentación de la exposición Elogio de la procrastinación (en construcción) -tercera inauguración de la semana tras la muestra de ámbito social Casa Hogar y la exposición/escuela de circo- cuando Pérez Pont declinó hacer ningún comentario al respecto de dicha cuestión. “Solo hablo de esto”, aseveró en referencia a la exposición.

Hace dos semanas que el sindicato interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la reordenación de la plantilla acordada por del consejo general del Consorci de Museus, una relación de puestos de trabajo a la que dieron el visto bueno los miembros del mismo –entre los que se encontraba el gerente del CMCV; el conseller de Cultura, Vicent Marzà; o la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga- y que se aprobó sin haber sido negociada con los sindicatos. “Las Relaciones de Puestos de Trabajo en el ámbito de lo público requieren con carácter previo a su aprobación por los órganos de dirección y su tramitación la negociación previa con la representación unitaria de dicha institución o en su ausencia con las Organizaciones Sindicales más representativas del ámbito”, reza un texto remitido por UGT al Consorci en diciembre, en el que criticaban la aprobación de “manera unilateral” de la reordenación de plantilla.

Publicada la reestructuración de la plantilla en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 30 de diciembre, el sindicato también ha interpuesto una solicitud de mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana por la modificación en las funciones de los puestos de trabajo que la RPT supone. Será este punto el que peleen los trabajadores, pues aunque Cultura afirma que no habrá despidos, son los cambios en las plazas ofertadas lo que hará que puedan o no acceder a las mismas. Llega la primera representación sindical al Consorci cuando se pone en marcha la primera RPT del ente, una reordenación pues en marcha teniendo en cuenta que parte de la plantilla está compuesta por empleados de carácter laboral con la condición de “indefinidos, pero no fijos” derivados de un “fraude contractual”, una situación que “reclama la necesidad de regularizar la provisión de los puestos”.

La reordenación de la plantilla es uno de los frentes a los que tiene que hacer el Consorci de Museus en estas primeras semanas de año. El robo del retrato de Antonio Machado realizado por el creador Ramón Gaya, que contó en primicia este diario, ha enrarecido más si cabe el clima en el seno del Centre del Carme. Si bien, tal y como informó la conselleria de Cultura, no se plantea hacer cambios en el sistema de seguridad, el suceso ha hecho mella en el clima de la institución, que denunció los hechos ante la Policía Nacional, un suceso que también está investigando el Grupo de Patrimonio de la Policía de la Generalitat. “El CCCC cuenta con un plan de seguridad y vigilancia con dos empresas de seguridad. Todas las salas, así como los accesos a las mismas y todas las entradas cuentan con cámaras de vigilancia y sensores de movimiento”, recalcaron desde la administración. Por el momento continúa la investigación sin novedad al respecto.