Se acabó la paz postdana en el Ayuntamiento de València

VALÈNCIA. Ya se puede dar por disipada la paz vivida en el Ayuntamiento de València durante los primeros compases tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre . Los partidos de la oposición, Compromís y PSPV, han reactivado la presión política al gobierno municipal dirigido por María José Catalá, algo que se pudo vislumbrar en el pleno del pasado mes de noviembre pero que ha quedado claro con los últimos acontecimientos.

Los grupos de Compromís y PSPV, encabezados por Papi Robles y Borja Sanjuán, habían dado una primera tregua en la habitual refriega política durante los días posteriores al temporal. Entonces, el impacto de la tragedia acalló las disputas políticas a nivel municipal, más allá de peticiones concretas para mejorar la atención a los afectados en las pedanías, donde más tarde se contabilizaron hasta 17 personas fallecidos como consecuencia de las inundaciones.

Las primeras medidas de calado del gobierno municipal, pasados los primeros días de la emergencia, se produjeron el mismo lunes 4 de noviembre. Entonces, acordó entre otras cosas la movilización urgente de 5 millones de euros del presupuesto de este año, la habilitación de 8 viviendas municipales para realojos -que dos semanas después se amplió a 41-, el impulso de convenios con otros municipios afectados para canalizar la ayuda al área metropolitana y el inicio del trámite para incluir el presupuesto de 2025 "un fondo extraordinario" por la dana.

Centrado el foco de la controversia en la gestión de la Generalitat Valenciana que dirige Carlos Mazón, y concentrados los esfuerzos -incluso físicos- en ayudar a las pedanías y municipios afectados a salir del atolladero que eran todavía sus calles, el ambiente que se llegó a respirar era de genuina cooperación. Tanto Compromís como PSPV se mostraron dispuestos a apoyar el presupuesto de 2025 con la condición de que fueran unas cuentas "postdana", según el socialista Sanjuán, y si iba a "cubrir la emergencia", en palabras de Robles, quien subrayó que no se podía "continuar con un presupuesto como si aquí no hubiera pasado nada".

En este contexto, si habían críticas, se hacían con la boca pequeña o se canalizaban en forma de peticiones en privado. "Si algo sobra en estos momentos son codazos y, si algo falta, son manos para ayudar", llegó a decir el portavoz del PSPV, quien mostró su disposición a "ejercer cualquier responsabilidad" y a "aportar" su "grano de arena para que todos rememos en la misma dirección". Hasta el ejecutivo local acordó con los socialistas que operaran como interlocutores con municipios del área metropolitana para aprovechar las sinergias orgánicas y que los recursos municipales pudieran llegar lo más pronto posible, como contó Valencia Plaza.

La batalla por la gestión de la dana

Tras el período de gracia, y una vez conocidos muchos de los detalles de la gestión autonómica -otros siguen todavía sin esclarecerse-, el día a día consistorial ha vuelto a la tónica habitual. Y la batalla en el consistorio se sucede ahora a cuenta de la respuesta municipal a la catástrofe.

El día de la dana, el gobierno municipal constituyó el centro de coordinación de emergencias del Ayuntamiento (Cecopal) desde las 11 de la mañana tras las alertas matutinas de la Aemet, seis horas antes que la Generalitat hiciera lo propio con el suyo y mientras se desarrollaba el pleno municipal. Ambos portavoces de la oposición acudieron al órgano en dos ocasiones a mediodía y los datos pluviométricos no hacían esperar problemas en las pedanías, pues no llovió.

La sorpresa se dio con el desbordamiento valle arriba del Barranco del Poyo, que no atraviesa el término municipal. Catalá ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por no avisar ante el desbordamiento del barranco del Poyo y ha encargado un informe jurídico para estudiar la posibilidad de denunciar al organismo que preside Miguel Polo. Por su parte, la oposición señala a Carlos Mazón como responsable directo, pero en las últimas semanas han hecho más sonoras las críticas también a la primera edil. 

Así, Compromís se ha centrado en cuestionar la activación de los recursos de emergencia aquella tarde para con las pedanías afectadas al considerar que fue tardía. La edil valencianista Lucía Beamud, vecina de La Torre, intervino directamente en el pleno de noviembre para evidenciar su reprobación con un doloroso testimonio de primera mano. Y los socialistas, además de cargar contra el "insuficiente" apoyo prestado por el consistorio a otros municipios, han llegado a acusar directamente a la alcaldesa de incumplir el Plan de Inundaciones municipal por esperar avisos del Cecopi sin obtener información propia de los cauces.

En todo este maremágnum, un foco de crisis se ha abierto en el seno de los bomberos del Ayuntamiento, donde el principal sindicato (SPPLB), se ha alzado contra la gestión de la catástrofe por parte de la cúpula del cuerpo y ha exigido su cese. El sindicato, que celebró una movilización por considerar insuficiente y tardía la respuesta del cuerpo local, ha recibido un portazo del ejecutivo local, que ha cerrado filas en torno al inspector jefe, y también del resto de sindicatos: esta semana, tanto UGT como CSIF se han desmarcado de las críticas.

El Ayuntamiento también ha tenido que hacer frente a otros problemas, por ejemplo en el servicio de limpieza, pues dos de las contratas sufrieron daños en sus instalaciones y vehículos por las inundaciones, lo cual obligó al consistorio a buscar ayuda externa para que el servicio se resintiera lo mínimo posible. Asimismo, inició la limpieza de algunas playas mientras el Gobierno, que ha asumido directamente esta tarea, enviaba sus efectivos. Y en materia de movilidad, ha tenido que gestionar el colapso del tráfico y de la EMT al no funcionar el servicio de Metrovalencia y cercanías.

Pero la batalla política a cuenta de la dana ha cristalizado en la constitución de la comisión de investigación acordada por todos los partidos. Mientras que los populares y Vox centran sus peticiones de documentación en el Gobierno central, la oposición focaliza su atención en la Generalitat Valenciana y critican a los primeros por querer "encapsular" la comisión al limitar los comparecientes a 10 por partido. 

El presupuesto de 2025

También los presupuestos para el año que viene han visto este cambio de panorama. Una semana y media después de la catástrofe, el gobierno municipal presentó las cuentas de 2025 con 1.210,8 millones de euros -un 8,4% más que el ejercicio anterior-, las más altas de la historia gracias a los ingresos por la nueva tasa de basuras, el incremento del Impuesto de Obras y la mejora de las transferencias del Gobierno.

El ejecutivo local previó, en las ordenanzas fiscales, exenciones para los vecinos de las pedanías afectadas como la bonificación del ICIO para obras de reconstrucción y la exención de varias tasas. Y con ello, en los presupuestos, un "fondo dana" de 10 millones de euros para hacer frente a la recuperación. Cuantía que, según han insistido tanto la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, como la alcaldesa, es una cifra temporal que se puede ir nutriendo de más fondos al incorporar, por ejemplo, los ahorros municipales. Y han justificado que, por el momento, se desconoce a cuánto ascenderán los costes totales de reconstrucción.

Este ha sido el fundamental punto de fricción entre oposición y gobierno local, al ver Compromís y PSPV en este fondo extraordinario un simple retoque de los presupuestos que ya tramitaba el gobierno con anterioridad a las inundaciones. De hecho, los socialistas, que se habían mostrado más predispuestos a votar 'sí' a las cuentas si iban dirigidas a la reconstrucción, han acabado presentando alegaciones para revertir la rebaja fiscal aprobada el año pasado y dedicar 84 millones a la recuperación de la dana, tal como anunció Sanjuán.

Por su parte, la coalición valencianista consideró "un auténtico despropósito" los presupuestos porque "no dan respuesta a la emergencia de la dana ni a la reconstrucción posterior de la ciudad", en palabras de Robles. Y fueron más allá para desvelar, en el pleno municipal, un informe del servicio de Devesa-Albufera según el cual únicamente los costes para recuperar l'Albufera ya ascenderían a 10 millones de euros, lo que les valió para respaldar sus críticas por la insuficiencia del fondo extraordinario previsto por el gobierno local.