VALÈNCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha pedido el archivo de las actuaciones contra el ex director de Publicaciones y Acción Exterior del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Norberto Martínez al no ver indicios de criminalidad contra él. Afirma que hizo trabajos para 'Rablaci', hijo de Consuelo Ciscar, exdirectora del museo, por los que no cobró; mientras que por otros más extensos sí se llevaba una tarifa de 1.000 euros por unidad que abonaba la madre, no el centro cultural.
Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 21 ante el auto de procesamiento dictado en la pieza principal del caso IVAM contra Martínez, Ciscar y su hijo, además de un empresario, una funcionaria y el ex director económico administrativo, Juan Carlos Lledó. La fiscal se adherido así a la petición de sobreseimiento realizada por el acusado.
Se da la circunstancia de que también Anticorrupción ha pedido el archivo del procedimiento abierto contra 'Rablaci' al estimar que no era conocedor ni participó en la promoción de su carrera artística desde el IVAM. Esto fue algo de lo que se ocupó su madre, apostilla.
Sobre Martínez, quien mantuvo una relación profesional con el IVAM desde julio de 2004 hasta septiembre de 2012, la jueza le procesó por redactar textos para la promoción/construcción de la carrera artística de 'Rablaci' sin existir constancia del pago de estos servicios ni por parte de Ciscar ni de su hijo.
La Fiscalía difiere. Se han aportado a las actuaciones algunos trabajos que realizó Martínez para Ciscar en relación con 'Rablaci' y que la prestación de estos servicios a título particular para la exdirectora comenzó en enero de 2008 y finalizó a principios de 2012.
En cuanto a los trabajos de 2009 y 2010, que son los cuestionados al estimar que pudieron ser abonados con fondos del museo, la fiscal estima que la investigación no aporta indicios suficientes para considerar que las facturas expedidas en este periodo por Martínez al IVAM encubrieran los servicios prestados.
Uno de los indicios de criminalidad que describe la resolución recurrida es el hecho de que en estos años no se publicó la revista 'Cuadernos del IVAM', por lo que Martínez no pudo prestar los servicios en los conceptos de las facturas emitidas.
Al respecto, Fiscalía dice que es "cierto" que durante 14 meses no se editó la revista, pero advierte de que éste no fue el único servicio prestado por Martínez al museo, puesto que también se encargó de corregir y redactar los textos firmados por Ciscar, además de prepararle la mayor parte de los discursos de sus intervenciones públicas.
La fiscal, tras comparar los trabajos realizados en años anteriores y posteriores, así como la retribución mensual percibida, no ve diferencia entre unos años y otros, tanto en el número de documentos confeccionados para el museo como en el precio abonado por ellos: "No se aprecia una reducción de los trabajos realizados para el IVAM que pudiera haber sido compensada con los trabajos particulares de 'Rablaci' con el único objetivo de mantener su
retribución mensual intacta, ni tampoco se detecta un incremento de la facturación habitual dirigida a encubrir los trabajos particulares realizados para Ciscar".
Así, el ministerio público considera que la regularidad en la prestación de servicios para el IVAM y su retribución "obliga a colegir que las facturas abonadas a Martínez lo fueron en contraprestación por los servicios prestados y no por los breves escritos que le encargó la directora sobre la obra de su hijo, eliminando la posibilidad de que fueran pagados con fondos públicos".
En cuanto al cobro de los servicios particulares por Martínez a Ciscar, los iniciales no fueron retribuidos dada su simplicidad. Pero a partir de 2011, cuando comenzó a recibir encargos más complejos, es decir, vinculados directamente con el trabajo de fin de carrera de 'Rablaci', decidió pactar con ella una retribución de 1.000 euros por texto entregado.
La contratación
En relación con la contratación de Norberto Martínez, sobre la que se ha indicado que existieron "graves irregularidades administrativas" detectadas por la Intervención de la Generalitat, la fiscal también difiere en que el procesado tenga algún tipo de responsabilidad.
La facturación emitida por Martínez se prolongó desde julio de 2004 hasta septiembre de 2012 y percibió un total de 225.281,38 euros, IVA excluido.
La fiscal indica que la presentación sucesiva de estas facturas por un servicio recurrente y necesario para el museo sugiere la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa ejecutada mediante un fraccionamiento fraudulento de contratos. Pero señala que en la contratación no habría tenido participación Martínez, puesto que fue decidida "unilateralmente" por Ciscar sin que mediase ninguna colaboración del recurrente para eludir la normativa.
"Es cierto que Martínez es el emisor de las facturas, pero lo hizo cumpliendo las instrucciones de uno de los empleados del departamento de Administración, que le entregó un modelo de factura para su expedición al museo", sostiene la fiscal.
