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Deberes legislativos pendientes que el Botànic II tendrá que concluir en esta legislatura

24/08/2019 - 

VALÈNCIA. El adelanto electoral decretado por Ximo Puig para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales dejó un buen número de leyes e iniciativas parlamentarias en el cajón. Normativas en algunos casos impulsadas desde el Consell que integraban Compromís y PSPV, y en otros cuya tramitación había iniciado Podem desde el Parlamento.

Durante las negociaciones del Botànic II, algunos de estos proyectos legislativos fueron recogidos en el documento programático que guiaría la acción del Ejecutivo durante los próximos cuatro años, por lo que socialistas, valencianistas y morados retomarán desde el Gobierno a partir de septiembre los trabajos para sacarlos adelante. Sin embargo, otros se quedaron por el camino al tratarse de leyes que generaban fisuras entre los partidos como la reforma del Estatuto de Expresidentes.    

En este punto, cabe apuntar que en este mandato, con Podem formando parte del Gobierno, las formaciones dan por hecho que la actividad legislativa y las iniciativas desde Les Corts disminuirán considerablemente respecto al anterior, donde la fuerza morada ejercía de contrapeso al Consell. Y si bien se da por hecho también que el partido que todavía dirige Antonio Estañ renunciará a ejercer este papel fiscalizador y con ello a algunas leyes y propuestas que antaño fueron su buque insignia -tasa turística o la misma ley de Expresidentes-, existen también otros proyectos legislativos que harán surgir alguna que otra diferencia en el seno del Botànic II. Estas son las leyes que el adelanto electoral dejó pendientes: 

-Ley de Función Pública. En numerosas ocasiones, la Generalitat ha aquejado la falta de funcionarios en las administración pública valenciana. Responsabilidad de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, esta norma comenzó a redactarse a principios de la legislatura pasada, en concreto en 2016. No obstante, las diferencias entre PSPV y Compromís a cuenta del requisito lingüístico ralentizaron su periplo burocrático hasta casi la parálisis. La norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell para ser remitida y tramitada en Les Corts por la discrepancia en este punto entre socialistas y valencianistas, por lo que el desacuerdo volverá a escena en cuanto se retome. 

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, habla con la consellera de Participación, Rosa Pérez. Foto: KIKE TABERNER

-Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular. La norma fue registrada por Podem en agosto del año pasado como última ofensiva para tratar de salvar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), pero que también recogía un paquete de cambios en la gestión de residuos que causó el rechazo frotal de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Las observaciones fueron atendidas por PSPV y Compromís a través de numerosas enmiendas de supresión y modificación. En febrero se votaron en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts Valencianes y Podem secundó muchos de los textos alternativos propuestos por sus socios, por lo que tan solo faltaba que se votara en un pleno el texto resultante. Finalmente, el adelanto electoral impidió que la norma que estaba a punto de salir del horno se tramitara en un pleno del Parlamento. Recogida ahora en el documento del Botànic II, la letra pequeña de esta normativa será la que provoque mayor o menor distancia entre las tres patas del nuevo Ejecutivo. 

-Ley del Consell del Audiovisual. La norma que da vida al órgano que debe velar por que la información que se emita en À Punt sea imparcial y de calidad está aprobada desde febrero de 2018. Sin embargo, quedó pactado entre PSPV, Compromís y Podem modificar el apartado que determinaba quién elegía a los consejeros de este organismo. Los morados pedían que todos fueran designados por el Parlamento, así como también la presidencia del mismo frente a los socialistas y valencianistas que planteaban que dos los nombrara el Consell, que también designaría la presidencia. Sin embargo, terminaron acordando que la modificación contemplaría que dos de ellos serían propuestos por el Ejecutivo valenciano pero superando previamente un examen de "idoneidad" en Les Corts. El presidente del Consell del Audiovisual también debería pasar ese control y sería nombrado por la Cámara. A pesar de tener el texto acordado, no llegó a tiempo y la ley lleva un año y medio redactada sin que el órgano al que debe dar vida se haya constituido. 

Ahora bien, no sólo generará controversias el redactado final que se le dé a esta normativa; también se espera cierto embrollo a la hora de designar a los miembros que compongan el Consell del Audiovisual. Les Corts deberán nombrarlos, pero PSPV, Compromís y Unides Podem no cuentan con la mayoría requerida para hacerlo sin el apoyo de la derecha, por lo que el Botànic II deberá pactar los nombres con PPCV, Ciudadanos o Vox si no quiere eternizar el nacimiento de este Consejo. 

Foto: KIKE TABERNER

-Ley del Juego. El Consell aprobó el pasado mes de noviembre un proyecto de Ley del Juego elaborado por la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler que, más allá de actualizar la normativa de 1988 y establecer restricciones -700 metros de distancia mínima entre salones-, ponía especial atención en la prevención y protección de los menores ante el auge de la ludopatía. Era una de las leyes en las que el PSPV estaba trabajando concienzudamente para que lograra salir adelante. Los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas a la ley en febrero y una de ellas evidenciaba ya ciertas diferencias entre socialistas y morados. Mientras el PSPV proponía prohibir que una casa de apuestas estuviera a menos de 150 metros de un colegio, Podem planteaba que la distancia mínima fuera de un kilómetro. 

Además de la distancia a los centros educativos, otro de los elementos más sensibles de la ley es determinar qué sucede con los locales de apuestas ya existentes y que, una vez aprobada la normativa, la infrinjan. Es decir, el Botànic contempló en la norma antes de las elecciones que aquellos salones que estuvieran a una distancia inferior a la especificada en la ley porque obtuvieron la licencia de apertura con la anterior normativa, deberían traspasar el local cuando les caducara el permiso si querían mantenerla. Sin embargo, las reticencias de la patronal genera ahora dudas sobre este aspecto y cómo plasmarlo en la nueva ley.  

-Ley de Seguridad Ferroviaria. Era una norma que ya fue aprobada en marzo de 2018 por unanimidad -el PPCV se abstuvo en la votación-. Sin embargo existía una pequeña modificación pendiente de tramitarse. 

-Ley de Espectáculos Públicos. De la misma manera que la ley de Seguridad Ferroviaria, estaba pendiente de acometerse una modificación de esta normativa que ya fue validada en febrero de 2018 para eliminar la obligatoriedad del segundo médico en los 'bous al carrer', ya que PSPV y PPCV presentaron una modificación de la ley para atender las demandas del sector taurino. Una propuesta de reforma que, no obstante, generaba diferencias entre socialistas y valencianistas, quienes aseguraban que no votarían "en ningún caso" a favor de que esta cláusula se eliminara. 

La norma ahora ha sido recuperada por los populares, ya que para que una ley vuelva a retomarse tras unas elecciones debe volver a presentarse en la legislatura entrante; el trámite en cualquier caso comienza de nuevo desde cero. El Botànic II no ha querido evidenciar sus diferencias, pero el PPCV ya ha presentado una Proposición de Ley para derogar la obligatoriedad de que en los municipios valencianos exista un segundo médico durante la celebración de este festejo. Con todo, los 'bous al carrer' será uno de los primeros escollos que divida el voto de PSPV, Compromís y Unides Podem

Dalmau y Puig. Foto: KIKE TABERNER

-Ley de Diputaciones. Podem presentó una Proposición de Ley para que los órganos provinciales sólo ejercieran las facultades propias -aquellas que no son de interés general de la Comunitat Valenciana- y el resto pasaran a ser asumidas por la Generalitat. El texto, sin embargo, fue reescrito por el PSPV antes de ser registrado porque lo planteado por Podem dejaba en el limbo algunas cuestiones tales como qué sucedería con el Presupuesto que reciben las diputaciones del Estado si el grueso de las competencias pasara a asumirlas el Gobierno valenciano, y qué ocurriría con el personal empleado en ellas. 

Junto a la reforma del Estatuto de Expresidents y la ley de Economía Circular, esta era una de las tres normativas que más incomodaba al PSPV. La de Expresidentes no está previsto que se retome, pero sí la de Economía Circular -recogida en el acuerdo programático entre los tres partidos del Botànic II- y ésta. Las diferencias entre Podem y los socialistas se evidenciarán en el redactado que tome finalmente esta normativa, ya que en la legislatura pasada los cambios que introdujo el PSPV en la ley al reformularla por completo no tenían ninguna "transcendencia" a efectos prácticos, pues el redacción no cambiaba "nada" del modelo actual. Lo único que hacía era recoger cuáles eran las competencias exclusivas de las diputaciones y exponía que había otras -sin especificar cuáles- que podían delegar a la Generalitat. Esto es, la redacción no especificaba que se fueran a vaciar de competencias las diputaciones. 

-Ley de Instituto Cartográfico. Se aprobó por el Consell en noviembre de 2018 y fue remitida a Les Corts para iniciar su trámite. Con la ley se iba a establecer el régimen jurídico del Instituto Cartográfico Valenciano, la ordenación de la actividad geomática del sector público valenciano y la organización de la información geográfica en la Comunitat Valenciana, así como los medios para la coordinación y la colaboración entre las diferentes administraciones públicas valencianas en esta materia. 

-Ley de Sindicatura de Greuges. Este proyecto de ley planteaba una reforma amplia de la norma de 1988. Con el objetivo de modernizar y reforzar la institución para que fuera más acorde a las demandas de la sociedad actual incrementaba las posibilidades de intervención del Síndic de Greuges. 

Foto: KIKE TABERNER

Renovación órganos

Además de la constitución del Consell del Audiovisual, el Botànic II también tendrá pactar con la derecha para lograr sacar adelante la renovación de otros órganos que están en funciones en estos momentos o lo estarán en los próximos meses. 

-Síndic de Greuges. En marzo de 2009, el pleno de Les Corts eligió al exdiputado del PP José Cholbi como Síndic de Greuges con 84 votos a favor y 10 en blanco. Un nombramiento que revalidó cinco años y cuatro meses después -julio de 2014-, por lo que su mandato ya ha expirado. El candidato o candidata a ocupar este cargo deberá reunir, según fija la ley, dos terceras partes de los apoyos de la cámara; es decir, 66 diputados. Una mayoría alejada de los 52 escaños con los que cuenta el Botànic II que obligará a socialistas, valencianistas y morados a buscar un aspirante de consenso que sea apoyado por PP, Ciudadanos o Vox. 

-Consejo Rector de À Punt. Según la ley que dio vida a la nueva radiotelevisión valenciana, el Consejo Rector del ente debe cambiarse parcialmente cada tres años, y el órgano se compuso en octubre de 2016. El pasado mes de mayo se realizó un sorteo para elegir a los consejeros a renovar en el que resultaron electos Mar Iglesias, Vicente Cutanda, Rafa Xambó y Marc Pallarés. Los partidos que los propusieron con representación en Les Corts tendrían que volver a elevar otros aspirantes o, en su defecto, a los mismos y conseguir la mayoría requerida de dos tercios -66 diputados-. 

Foto: KIKE TABERNER

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