El Ayuntamiento asegura que su relación con la Rambleta es "administrativa y a través de un abogado"

VALENCIA. La macrorredada realizada este martes en la provincia de Valencia en relación con el Caso Imelsa dejó 24 detenciones y 33 registros policiales en dependencias tanto públicas (desde el Ayuntamiento de Valencia a Ciegsa) como privadas. Entre ellas, en la empresa Engloba Comunicación que comparte presidente con la empresa que se encargó de la construcción de La Rambleta, y es consejero de su adjudicataria. Además, en la llamada Operación Taula y según han confirmado fuentes judiciales, también se realizó un registro en el domicilio del mismo, José Adolfo Vedri, retenido e incomunicado durante la jornada de ayer, que se extendió hasta la noche y cierre de esta edición.

Esta situación podría a la imagen del Espai Rambleta que, a través de su adjudicataria, mantiene una querella contra Esquerra Unida de Valencia. En el litigio los responsables de Bulevar del Arte y la Cultura pretenden salvar la imagen del centro y evitar que pueda salpicar a su desarrollo empresarial. No obstante, desde el Gobierno local admiten que la relación con el Espai Rambleta, con la que se mantiene un canon de algo más de dos millones de euros debido en gran medida a la amortización de las obras soportadas por la citada mercantil, "no es buena".

De hecho, "tras una primera reunión, nos dimos cuenta de que no había un diálogo posible", según ha declarado la concejal de Acció Cultural María Oliver a Valencia Plaza. "Actualmente la relación es prácticamente administrativa y a través de un abogado. Hay mucha distancia", apunta la edil, que añade que entre las partes siguen "un control de los acuerdos establecidos, revisando que ambas partes cumplimos con lo que se incluye en el pliego de condiciones".

Por su parte, desde La Rambleta se asegura que se han reunido con los responsables de la concejalía "en al menos cuatro ocasiones" y, al contrario que lo que se expone desde el Consistorio, "la relación es buena. La concejal conviene que la relación "no es la más adecuada" de cara a la presentación de algunos proyectos comunes, como las subvenciones del Programa Platea del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. "Ninguna de las partes quiere entorpecer el funcionamiento de las cosas", añade, y destaca que "no obstante, el caso de Rambleta es un granito dentro de una investigación policial mucho más amplia y que sigue su curso".