Enric Morera y Vicent CucarellaVALÈNCIA. El informe de la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas de la Generalitat de 2016, el primer ejercicio completo del Govern del Botànic, alerta de ""irregularidades relevantes" en los procesos de contratación de la administración como abuso de contratos menores y compras directas o insuficiente justificación documental en la adjudicación de algunos contratos.
El síndic major, Vicent Cucarella, ha hecho entrega este viernes del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de 2016 a su presidente, Enric Morera. En el mismo, el organismo da una opinión favorable a las cuentas de la Administración, pero plantea nueve salvedades entre las que destaca la existencia de 31 liquidaciones de concesiones sanitarias "pendientes de aprobación, en trámite o recurridas", de los cinco contratos de concesión administrativa para la prestación de asistencia sanitaria en los departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent.
En este sentido, también censura que, en las ayudas del Plan de Vivienda, el balance recoge 37,9 millones de euros por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en concepto de ayudas, mientras que plantea dudas sobre la contabilización de la provisión de 488,1 millones de euros para pagar los créditos de la ampliación de Feria Valencia.
En materia de contratación, el informe pone de manifiesto algunas "irregularidades" relevantes. Explica que en muchos casos no consta la justificación documental exigida sobre la elección de los criterios escogidos para la adjudicación de los contratos; en otros "no están debidamente motivadas o justificadas las declaraciones de urgencia o emergencia"; y en algunos las fórmulas previstas en los pliegos de condiciones "no dan una preponderancia efectiva a los criterios evaluables de forma automática".
El informe alerta de un volumen importante de facturas, principalmente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de Carmen Montón, que representan operaciones "sin consignación presupuestaria y sin ajustarse en su tramitación a la normativa de contratos".
Por ello, la Sindicatura recomienda al Consell que el presupuesto inicial contenga una consignación de créditos "suficiente y realista" de los gastos previsibles.
En este sentido, destaca que las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios se tramitan "en un volumen importante" como contratos menores a través del sistema de cajas fijas. "Especialmente destacable es la infracción del principio de publicidad, puesto que gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos", subraya.
También recomienda reducir el volumen de los contratos menores, que en general considera insuficientemente justificados, y de las adquisiciones por compra directa, así como mejorar el contenido de los pliegos de condiciones administrativas de los contratos.
Por otro lado, la institución insta al Consell a incluir en sus presupuestos iniciales cuáles serán las transferencias que recibirá del Estado derivadas del sistema de financiación autonómico, pero "calculadas de forma realista", en referencia a los ingresos no asegurados de 1.325 millones de euros que el Gobierno valenciano incluye año tras año en sus cuentas a modo de reivindicación por la reforma pendiente del sistema de financiación.
El informe destaca el "grave desequilibrio patrimonial" en la administración valenciana, tras haber registrado gastos por 14.529,9 millones de euros e ingresos por 11.892,9.
Al cierre del 2016, los fondos propios negativos de la Comunitat eran de 28.104,2 millones de euros. Por su parte, la liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario negativo, de 2.189,5 millones de euros.
En el análisis del ejercicio 2016, se ha observado un crecimiento notable de los ingresos y una disminución de los gastos. La fiscalización destaca que, tras un periodo de cinco años de estancamiento, se ha registrado un incremento de más del 10% en los tributos cedidos, hasta los 9.765,3 millones de euros. Mientras, los derechos reconocidos por pasivos financieros han ascendido a 6.967,8 millones de euros, la mayoría de los cuáles procedieron de préstamos concertados por el FLA.
En este ejercicio, se ha identificado igualmente una significativa reducción del déficit presupuestario, "que no obstante aún permanece en un nivel muy elevado y superior a lo comprometido".
El informe refleja que la deuda financiera de la Generalitat a fecha de 31 de diciembre del 2016 asciende a los 43.073,8 millones de euros, de los cuales 34.224 millones de euros son con el Estado porque proviene de las líneas de crédito de los mecanismos extraordinarios de financiación a las comunidades autónomas. "Una parte importante de la deuda acumulada puede explicarse como resultado de la infrafinanciación autonómica", destaca la Sindicatura, que en su informe de 2015 sí cuantificó el volumen de la deuda histórica valenciana: 14.380 millones de euros.
La Sindicatura de Comptes ha auditado también seis entidades del sector público de la Generalitat: el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), CulturArts Generalitat, el Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV) y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC), así como las universidades públicas y las cámaras de comercio.
El informe arroja opiniones favorables sobre las cuentas del IVAT y del IVF, aunque sobre este último organismo advierte que existe "una gran concentración del riesgo por créditos y avales con el sector público valenciano, superior a los 840 millones de euros".
En cuanto al EIGE, destaca que tiene deudas vencidas por valor de más de 15 millones de euros y que no existe un inventario valorado del parque de viviendas de la Generalitat. En relación con CulturArts, pone de manifiesto un incumplimiento significativo de las normas de contratación del sector público.
En el caso de los Consorcios Hospitalarios de València y Castellón la Sindicatura de Comptes emite opiniones desfavorables basadas, entre otros, en "debilidades importantes en el entorno de control, gastos sin expediente de contratación y gastos sin consignación presupuestaria".
Por lo que se refiere a las cinco universidades públicas de la Comunitat, la fiscalización detecta incumplimientos en la normativa de aplicación a la gestión de los contratos de investigación de la Universitat de València. El organismo también ha identificado indicios de fraccionamiento indebido del gasto.
En cuanto a la fiscalización de las Cámaras de Comercio, alerta de incumplimientos en las de Castellón y Orihuela y en el Consejo de Cámaras de la Comunitat.
