VALÈNCIA. La recaudación por impuestos, tasas y otros tributos es una de las principales vías de financiación de un gran ayuntamiento como el de València. Cerca de la mitad de los ingresos en el Cap i Casal son gravámenes municipales que afectan de un modo u otro a todos los vecinos y negocios instalados en la ciudad. Por ello, las decisiones que se toman en materia fiscal desde el gobierno municipal no son baladí. El cambio de una décima porcentual en uno de estos índices puede suponer millones de euros para las arcas públicas con su repercusión en el bolsillo de los ciudadanos.
En este sentido, no puede extrañar que tanto las impopulares subidas como las cacareadas bajadas de impuestos acostumbren a ser motivo de refriega política. El Ayuntamiento de València, dirigido por Compromís y PSPV, aprobó en 2019 una subida de impuestos para el año siguiente que afectó al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE), el de Obras y Construcciones (ICIO), el de vehículos, la tasa de terrazas y la tasa de alcantarillado. En 2020, con el estallido de la pandemia, el consistorio bonificó el impuesto a las terrazas y aplazó la factura del agua a negocios afectados.
Pero más allá de ello, el Ayuntamiento del Cap i Casal tiene abiertos otros muchos frentes para conseguir una mayor recaudación sin tocar los tipos impositivos. Cambios legales, batallas judiciales, exigencias al Gobierno central, herramientas por aplicar y convenios todavía sin firmar son, resumidamente, las principales líneas de trabajo del departamento de tributos del Ayuntamiento de València, que dirige el socialista Borja Sanjuán.
El Ayuntamiento de València sigue sin poder cobrar ni un solo euro a las empresas de telefonía móvil: aunque la ordenanza fiscal que grava las infraestructuras y redes de las operadoras está vigente desde 2017, las empresas eluden el pago de la tasa como en muchos otros municipios. O bien se niegan a ofrecer al consistorio sus datos a partir de los cuales empezar la recaudación, o se excusan en que no tienen instalaciones en la capital.
Este impuesto ha conllevado una elevada litigiosidad en muchas localidades hasta el punto de llegar al Tribunal de Justicia Europeo, que dictaminó que esta tasa solo es de aplicación a aquellas compañías titulares de las infraestructuras, y que quedaban fuera las empresas explotadoras. El Tribunal de Cuentas ha constatado que las operadoras habrían aprovechado el fallo para eludir el pago: las operadoras estarían separando en empresas distintas por un lado la titularidad de las redes y, por otro lado, su actividad económica -los servicios de telefonía-. De esta manera podrían haber estado escurriendo el bulto de sus obligaciones fiscales para con los ayuntamientos.
Pero un fallo reciente, del pasado mes de enero de 2021, ha cambiado el tablero de arriba a abajo: ya contempla la obligación de pagar tanto de los propietarios de las infraestructuras como de los operadores; y por otro, permite que los estados puedan aprobar leyes que reflejen tasas calculadas en base a los ingresos brutos anuales de estas compañías. Por ello ahora los ayuntamientos buscan un cambio legal que facilite la recaudación de esta tasa todavía virgen.
Mientras, el tiempo pasa y el Ayuntamiento de València sigue sin ver ni un cuarto. El primer ejercicio, 2017, las arcas municipales preveían recaudar al menos dos millones de euros. Pero el fracaso en el cobro hizo que la previsión de los siguientes años se rebajara a apenas 100.000 euros. Tampoco se cumplió y ya en 2021 la previsión es de cero euros.
El Ayuntamiento de València ha formado un frente común junto con los consistorios de Madrid y Barcelona para acabar con el resquicio legal que estaría permitiendo a estas empresas de alquiler de vehículos pagar menos por el impuesto de vehículos municipal. Lo que se ha comprobado como algo habitual es que estas mercantiles registran en la DGT el domicilio de sus vehículos en localidades con tipos más bajos pero, en realidad, dichos coches discurren habitualmente por grandes localidades.
Así, por ejemplo, un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados acredita que municipios con muy poca población aparecen como domicilio de un número desmesurado de vehículos. Véase Puebla de San Miguel (Valencia), con 61 habitantes pero con 5.525 vehículos registrados en esa localidad; o Relleu (Alicante), que con 1.147 vecinos censados cuenta con 31.424 vehículos matriculados.
Así, los tres ayuntamientos trabajan en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para exigir a la DGT una instrucción para que ayuntamientos y diputaciones puedan introducir en la base de datos de la DGT el domicilio adecuado y real de los vehículos cuando una inspección municipal constate el fraude.
No ha prosperado la voluntad manifestada a mitad del pasado mandato por el gobierno municipal para acabar con la exención fiscal de inmuebles propiedad del Arzobispado de València y las órdenes religiosas. Concretamente en aquellos edificios lucrativos. No se trataba de pasar el cepillo del IBI por los lugares de culto, sino también por aquellos dedicados a fines como el educativo, el sanitario, u otros que supongan una actividad económica, entre otras cosas porque tal exención podría considerarse una suerte de competencia desleal respecto al resto de competidores.
La Ley de Mecenazgo exime del pago del IBI a los edificios cuya titularidad sea de entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra la Iglesia, algo que también refrenda el Concordato de España con la Santa Sede. Pero en València, el edil de Hacienda el pasado mandato, Ramón Vilar, previó que en 2018 podría empezar a exigirse esta obligación tributaria a los negocios de la Iglesia después de que a nivel estatal se modificase la normativa. Tarea que, sin embargo, todavía sigue pendiente.
El listado de inmuebles de la Iglesia susceptibles de entrar en la matrícula del IBI recoge algunos como las instalaciones la Universidad Católica, a las que le corresponderían unos 51.000 euros por este impuesto, o la Casa de la Salud, que pertenece a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y a la que corresponderían dos recibos de 196.000 euros, como publicó este diario.
Se giraron varios recibos pero ninguno se ha abonado y la cuestión está bloqueada, por lo que el Ayuntamiento se encomienda al cambio legislativo desde la FEMP. El Gobierno de Pedro Sánchez, además, acordó con la Conferencia Episcopal la creación de un equipo negociador para revisar la fiscalidad de la Iglesia.
El acuerdo de Rialto que firmaron Compromís y PSPV para formar gobierno municipal tras las elecciones de 2019 recogía una medida a implementar a lo largo del mandato: un recargo en el IBI para las viviendas vacías propiedad de grandes tenedores como bancos o fondos de inversión. Tal era la convicción que se aprobó a finales de ese año en la ordenanza fiscal reguladora del IBI: la subida es del 30% en aquellas viviendas "que se encuentren desocupadas con carácter permanente" y cuyo propietario ostente más de diez inmuebles baldíos en el término municipal.
Sin embargo, se trata de un recargo inaplicable. La Ley de Haciendas Locales ya prevé la posibilidad de su implementación desde 2004 y fija el límite en el 50%. Ahora bien, esto no se podía llevar a cabo porque no estaba definido el concepto de vivienda vacía. En 2019, el Gobierno retocó la ley para que las autonomías pudieran hacerlo. Otras como Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Navarra o Cataluña ya lo han hecho, y en la Comunitat Valenciana está vigente la Ley de función social de la vivienda. No obstante, requiere de un decreto que la desarrolle y la Conselleria de Vivienda lleva trabajando más de dos años en él.
El decreto regula un registro de grandes propietarios en la Comunitat y se plantea introducir un impuesto autonómico a las viviendas en las mencionadas circunstancias. El gravamen comenzaría a aplicarse en 2022 y su base imponible estaría entre los 7 y los 22 euros por metro cuadrado. No obstante, esto podría chocar con el recargo ya aprobado por el Ayuntamiento de València, de manera que podría considerarse una doble imposición. De ahí que ambas administraciones estén intentando llegar a un acuerdo y, por el momento, el 'castigo' sigue en el aire.
El Ayuntamiento de València también mantiene una guerra judicial con el Puerto de València, que busca ahorrarse medio millón de euros anuales en el pago del IBI por algunas parcelas que a juicio de la Autoridad Portuaria de València no deberían estar sujetas al pago de este impuesto. El Puerto puso una reclamación administrativa para que no se le cobrase y ante el rechazo del consistorio, acudió a la vía contencioso-administrativa en los juzgados, como publicó Valencia Plaza.
El motivo es que considera la Autoridad Portuaria que estos terrenos e instalaciones son de aprovechamiento público y gratuito, y en algunos se ubican las líneas de ferrocarril internas del Puerto. Aspectos que en la normativa impositiva de las entidades locales son motivo de exclusión en el pago del impuesto de bienes inmuebles. Pero al final se trata de discernir si estas parcelas dentro de un mismo inmueble -el recinto portuario- pueden separarse para aplicarle un nivel impositivo diferente.
El Puerto ya ha recurrido liquidaciones del IBI para una superficie de más de 910.000 metros cuadrados y en diferentes ocasiones los juzgados han acabado dando la razón a la Autoridad Portuaria, como las relativas a 2008 y 2009. Pero la jurisprudencia ha cambiado y el Ayuntamiento se respalda en una sentencia de la Audiencia Nacional en un litigio similar entre el Puerto de Huelva y el consistorio de la localidad, donde se explica que la existencia de diferentes áreas o espacios dentro del recinto portuario "no puede ir en contra de la propia naturaleza" del inmueble, "configurado a efectos catastrales como un único bien inmueble e integrado por un conjunto completo de uso especializado".
Cabe resaltar que el complejo portuario es casi el único inmueble que abona el Impuesto de Bienes Inmuebles de características especiales, cuya recaudación el pasado ejercicio supuso 9 millones de euros al Ayuntamiento.
Además de todo lo anterior, el área de Hacienda prepara los trámites para tener la capacidad de exigir el pago de los gravámenes municipales a aquellos contribuyentes de la capital del Túria que, hasta el momento, podían escaparse por el simple hecho de pertenecer a otro municipio. Un procedimiento que se hará de manera conjunta con la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) y que se quiere activar en 2021.
Estas operaciones no se podían hacer hasta ahora porque el ámbito de recaudación de la administración local no puede exceder el término municipal. Lo cual suponía un "grave perjuicio" para una gran ciudad como el Cap i Casal, núcleo rodeado de una importante área metropolitana, en la que muchos de los deudores son titulares de cuentas bancarias fuera de la capital y allí el consistorio de València no puede ordenar el embargo de cuentas. De ahí que se haya recurrido a la capacidad de la Agencia Tributaria Valenciana, dependiente de la Conselleria de Hacienda, con la que se firmó un convenio en 2017 para el cobro de las multas de la ORA y de tráfico.
En 2018 se actualizó: la Agencia ampliaba su capacidad recaudatoria a "cualquier ingreso de derecho público del Ayuntamiento de València que tenga que practicarse fuera de su término municipal". Así, ya se podían embargar cuentas cuentas por cualquier obligación tributaria con el consistorio: el IBI o el impuesto de vehículos, así como tasas y otros derechos tributarios. Pero lo cierto es que todavía no se había puesto en marcha la maquinaria técnica y de cooperación para compartir datos y, por ende, no se estaba aplicando. Es algo que se quiere consumar a lo largo de este año.
El consistorio ha detectado que no son pocos los inmuebles de la ciudad de València que no están correctamente inscritos en el registro del Catastro, cuya base de datos recoge información desactualizada tanto por la actividad a la que se dedican los espacios como por su tamaño, entre otras cosas. Desfases que provocan que los propietarios estén abonando un IBI inferior al que, en efecto, les tocaría pagar si se modificaran los datos del registro.
De ahí que el departamento que dirige Sanjuán esté en trámites de aprobar un convenio con la Dirección General del Catastro para que el Ayuntamiento, que creará un departamento específico para este menester, pueda modificar las inscripciones de los inmuebles sitos en el Cap i Casal.
Es un acuerdo que numerosas capitales de provincia ya tienen con el Catastro, no así València, que a partir de la entrada en vigor del convenio tendrá la capacidad de ajustar la información de las referencias catastrales, y esto redundará con toda seguridad en una mayor recaudación para el consistorio.
Tratándose del Impuesto de Bienes Inmuebles, que es el gravamen que mayores ingresos reporta al Ayuntamiento -220 millones en 2020, el 25% de todos los ingresos consistoriales-, cualquier pequeño cambio como este puede suponer un considerable aumento en la entrada de dinero para las arcas municipales. El texto está en manos del Catastro para su aprobación y más tarde tendrá que volver al Ayuntamiento para su firma definitiva.
En este caso, más que aumentar la recaudación, la administración local busca recuperar un dinero que ha tenido que devolver por la anulación de parte de la normativa estatal. El Ayuntamiento de València ha tenido que reintegrar a los contribuyentes casi cuatro millones de euros por el impuesto de plusvalías, que se paga en las operaciones de compraventa inmobiliaria por el incremento del valor de los inmuebles. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló en 2017 el gravamenpara aquellas operaciones que resultaran en pérdidas para los propietarios.
Hasta entonces, se pagaba por el hecho de ser titular de un terreno durante determinado tiempo incluso en aquellos casos donde no se había producido ningún incremento real de su valor o donde se había registrado un descenso de su valor. Pero la doctrina fijada por el Constitucional permitió a los propietarios que hubieran tenido pérdidas con la venta de su inmueble reclamar al Ayuntamiento la devolución del impuesto pagado por las operaciones realizadas en los últimos años. Por ello se han tenido que devolver 3,9 millones de euros concretamente, según datos de la concejalía de Hacienda.
Una de las reivindicaciones de los ayuntamientos, y en concreto del Ayuntamiento de València, es que el Gobierno central se haga cargo del agujero que la anulación de parte de la normativa estatal ha supuesto para arcas municipales. A las devoluciones, habría que sumar todo aquel dinero que el Ayuntamiento ha dejado de percibir año tras año después de la sentencia del Constitucional. Se está trabajando en la FEMP para exigir al Gobierno asumir esta responsabilidad, dado que los consistarios actuaron arreglo a la ley aprobada.
Desde 2017 el Gobierno central adeuda a las comunidades autónomas y a numerosos ayuntamientos el pago de una mensualidad del reparto del IVA del año 2017. Entonces, el Ministerio de Hacienda, dirigido por el popular Cristóbal Montoro, implementó un cambio en la gestión del IVA que provocó que las administraciones regionales y locales dejaran de ingresar una mensualidad de las que les tocaba por la recaudación de este impuesto durante aquel ejercicio. En 2019, el Ejecutivo, con María Jesús Montero al frente de la cartera, buscó revertir el cambio de gestión a través de los Presupuestos Generales del Estado pero las cuentas no salieron adelante por el voto en contra de PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro y dos diputadas Unidos Podemos.
Tras aquello, Montero rechazó pagar esta deuda porque el sistema de financiación autonómico prevé que la liquidación sea a los dos años, es decir, en 2019, y hasta siete comunidades acabaron recurriendo el impago de la deuda -no así la Generalitat Valenciana-. En cuanto a los ayuntamientos, el Ejecutivo debe unos 750 millones de euros, según la FEMP. Y en el caso de València, esta cantidad asciende a 7 millones de euros. Hasta el momento el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha reivindicado el pago en numerosas ocasiones, tanto en intervenciones públicas como en reuniones con responsables del Gobierno y del Ministerio que dirige Montero.
El gobierno de la ciudad, que gestionan Compromís y PSPV, aprobó reclamar al Ejecutivo la incorporación de estos siete millones de euros en la liquidación del IVA de 2018, pese a que la ministra ya había mostrado su negativa. Como era de esperar, no se cumplió. El Ayuntamiento continúa a la espera. Esta semana se conoció una sentencia que daba la razón a la comunidad de Castilla y León. El Ayuntamiento no fue a los tribunales por esta cuestión, si bien este jueves aprobó una moción a partir de otra del PP en la que ya contempla acudir a la Justicia si hace falta. Pero los siete millones, por ahora, siguen sin llegar.