"Consta que Ramiro Rivera transmitió que tenía un candidato muy bueno para cubrir la plaza de Recursos Humanos", aseguran los populares
VALÈNCIA. El grupo popular de la Diputación de Valencia presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la última polémica que ha azotado Divalterra antes del anuncio de disolución de la empresa pública por parte del presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar. En ella, el PP expone, como desveló Valencia Plaza, los reiterados intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos, Eugenia Fernández, tras un recurso del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena –quien desde hace varios años ocupa puestos en la Conselleria de Sanidad nombrado por cargos socialistas–.
Los populares consideran que los hechos podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de tráfico de influencias –por la influencia ejercida por la autoridad sobre otro funcionario para beneficiar a terceros– y prevaricación –por una resolución administrativa cuyo contenido es arbitrario a sabiendas de su injusticia–.
En la denuncia aportan lo ocurrido cronológicamente junto a diversa documentación. El 21 de enero de 2020, la encargada del Área de Personal de la Diputación, Pilar Molina, remitió un escrito –también firmado por el jefe de Personal de la corporación como resulta habitual en estos casos– al Hospital General de Valencia para que otorgara una comisión de servicios a Fambuena. Un documento en el que expresaba que era necesaria para que ocupara un puesto vacante de jefe de la sección de gestión de programas incardinado en el Centro de Gestión de Personal. El hospital respondió que no ostentaba plaza en propiedad en esa entidad, por lo que no procedía conceder la citada comisión de servicios.
Esta solicitud, en opinión del PP, deja “patente” ya por esas fechas la “voluntad inicial existente” del equipo de Gobierno de la Diputación de atribuir al posterior aspirante a la jefatura de RRHH de Divalterra el control del personal y contratación.
Los populares remarcan un asunto importante que habría tenido lugar en esa misma época y sobre el que ya preguntaron en el Consejo de Administración de la empresa pública: "Tenemos conocimiento de que se produjo una reunión entre Ramiro Rivera, presidente de Divalterra, y José Fambuena en el despacho del primero. Durante el transcurso de ese encuentro irrumpió en el despacho de manera fortuita Jorge Ochando" (consejero de Ciudadanos en la empresa y, además, uno de los denunciantes del caso Alquería que afecta al anterior presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez).
Siete meses después de estos hechos de comienzos de 2020, arrancaron ya los relacionados con el proceso de selección en RRHH de la empresa pública. En julio de ese año, el gerente de Divalterra, Antonio Mas, planteó en el Consejo –algo que éste aprobó– la sustitución del, en ese momento, director de Recursos Humanos, Vicente Domingo. Tras lo cual se facultó a ambos para la redacción de las bases de un procedimiento que no suponía una plaza de nueva creación –de manera que esa contratación, argumenta el PP, no tenía por qué pasar por el Consejo–. Las bases fueron avaladas por Javier Cuenca, por esas fechas consejero antes de pasar a ser jefe de la Inspección General de Servicios de la Generalitat.
"Consta de Ramiro Rivera le transmitió a Javier Cuenca y a Antonio Mas que tenía un candidato muy bueno para cubrir la plaza de Recursos Humanos", aseguran los populares, algo de lo que son conocedoras más personas de la empresa.
El 10 de julio de 2020 se inició formalmente el proceso de selección con, según el PP, una modificación previa de las bases para ampliar el perfil formativo que figuraba en los requisitos (lo que creen que tenía el objetivo de beneficiar también a Fambuena). Y el 7 de agosto se publicó el listado provisional de admitidos y excluidos –donde inicialmente figuraba él por no acreditar la experiencia y la vida laboral–. En el plazo de subsanación, Fambuena presentó una certificación en la que constaba todo ello firmado por Luis Felipe Martínez, secretario general de la Subdelegación del Gobierno de Valencia y, el pasado marzo, propuesto por Toni Gaspar como consejero de Divalterra cuando se produjeron varias dimisiones en la empresa. En la denuncia se destaca que de ese documento no consta ni registro de entrada ni de salida, lo cual "posibilita la subsanación".
Durante el proceso de selección, inciden los populares, el aspirante Fambuena formuló diferentes peticiones de información y presentó alegaciones, pero en ninguna "cuestiona o impugna las bases de la convocatoria ni la composición del tribunal, ni tampoco excede de plantear cuestiones relativas a la valoración, puntuación y homologación de los títulos". Todos estos asuntos son resueltos por el tribunal sin que alteren el resultado final de la persona ganadora del procedimiento. En este punto, afirma el PP, comenzaron las presiones hacia el tribunal, lo que condujeron a solicitar el amparo de la Agencia Valenciana Antifraude.
El 15 de diciembre 2020 finalizó el proceso y se proclamó ganadora a Eugenia Fernández. En segundo lugar quedó Fambuena. Como recogen las bases, el gerente de Divalterra tenía que contratarla después de que el tribunal le elevara la propuesta. Pero a partir de aquí se sucedieron los intentos de paralizar ese nombramiento. Como consecuencia de la interposición de un recurso por parte del otro aspirante, el presidente de la empresa ordenó, al amparo de un informe verbal del jefe de los servicios jurídicos y de riesgos penales, José Luis Vera, frenar esa contratación. Pero el gerente desobedeció y el 18 de enero la vencedora se incorporó a su puesto. El PP señala que, además, ésta renunció a mantener sus anteriores atribuciones del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), de donde procedía, "por considerar irregular esa prerrogativa contenida en las bases y a efectos de cumplimiento de la legalidad".
Presuntamente, dicen los populares, el 19 de enero de 2020, se produjo una reunión entre Toni Gaspar, Ramiro Rivera, José Luis Vera y el secretario de la Diputación, Vicente Boquera, en la que se abordó la posibilidad de cesar al gerente tras desoír su mandato de paralizar el nombramiento de la jefa de RRHH. El día 20, siguen narrando, Vera, a quien en ese momento ya le había sido atribuida la condición de instructor de un expediente sobre el asunto, dio plazo de 10 días para alegar a la ganadora tras la impugnación de Fambuena. Ésta lo hace, pero envía también una queja sobre lo que estaba ocurriendo.
El 29 de enero, primer día que Valencia Plaza reveló lo sucedido, el presidente de la Diputación solicitó cinco informes de urgencia sobre el proceso de selección, algunos de los cuales concluían que el recurso del aspirante perdedor corresponde al ámbito judicial y no al administrativo porque Divalterra se rige por derecho privado.
Casi un mes después, Vera dio traslado de dos informes en los que se recogían supuestas irregularidades en las bases y el nombramiento del tribunal evaluador, hechos que en ningún momento del proceso fueron impugnados. "Al amparo de estos documentos, el presidente de Divalterra forzó una votación del Consejo de Administración atribuyéndole a este órgano la responsabilidad de resolver sobre un asunto del que es manifiestamente incompetente", apunta el PP.
Durante la reunión de ese órgano se dio cuenta de las dimisiones de varios consejeros –algunas se justificaron en motivos personales–, por lo que la imposibilidad de obtener una votación favorable a las conclusiones de Vera hizo que se aplazara. Una vez sustituidos los salientes, se volvió a celebrar otro Consejo el 12 de marzo. "Tras incesantes intentos por la vía de la modificación del punto primero, y proponiendo de manera insólita acuerdos 'subsidarios' al primer punto del orden del día", comenta la denuncia, se procedió a los pronunciamientos. Los informes del director jurídico en los que abogaba por la anulación de todo el proceso de selección y del nombramiento de la ganadora no salieron adelante. Aun así, sí se aprobó el cese del gerente.
Diez días después, y aprovechando la Junta General extraordinaria de la empresa solicitada por los grupos políticos de la oposición, Gaspar anunció en su última intervención "y sin posibilidad de debate al respecto" la disolución de Divalterra, relata el PP. Ahora el partido pide que las Fiscalía Anticorrupción investigue todo lo ocurrido.
El portavoz del grupo popular en la Diputación, Vicente Mompó, lamentó ayer miércoles, tras presentar la denuncia, que durante este proceso de los últimos meses se han producido graves irregularidades y ha quedado claro que "cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa".
Mompó recordó que en el proceso de selección hay miembros del tribunal "que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas" y que este organismo incluso concedió a alguno de ellos la condición de testigo protegido. "Hemos vivido un escenario en el que algunas personas no parecen haber respetado lo determinado por un tribunal de selección y se ha querido imponer otro resultado diferente al determinado por los técnicos, destituyendo para ello, incluso, al gerente de la empresa", añadió.