Sona la Dipu empieza a enmendar sus impagos

VALÈNCIA. Después de la tormenta, llega la calma. Y tras una edición de Sona La Dipu con no pocas polémicas, parece que el certamen dirigido por Quique Borrás empieza a enmendar sus errores para contar con la confianza de aquellos que la perdieron la pasada edición. Eso significa atender la demanda de los grupos que se organizaron para denunciar la mala gestión del certamen económica yartísticamente hablando desde tiempos anteriores a la dirección actual, pero también resolver el conflicto con el jurado que se quejó de que “el certamen más igualitario” (en palabras de la institución pública) solo tuviera a una música en uno de los quince grupos contratados para impulsar las citas y que tuvieron que resolver a destajo incluyendo tres grupos más con presencia femenina. Este conflicto, además de la supuesta falta de transparencia del concurso hizo que el festival Truenorayo renunciara a contar con el jugoso apoyo económico del proyecto “por respeto a las bandas”. 

La fecha de ayer estaba marcada en rojo tanto por la plataforma Debe La Dipu como por los responsables de la iniciativa. Los primeros tenían la expectativa de recibir más información sobre por qué aún hay grupos que no habían recibido aquello que se les debía. "Esperamos que sea una reunión larga", decían horas antes de esta. Desde la perspectiva de los cargos públicos, poco se puede contar periodísticamente, ya que Quique Borrás ha ignorado los diferentes intentos de Cultur Plaza por contar con su testimonio personal y desde la Diputación se han limitado a pasar una respuesta poco concreta y una invitación a preguntar sobre el tema a las bandas.

Pues bien, según la plataforma Debe La Dipu, esta reunión ha servido para actualizar datos: de los 36 grupos que forman parte del certamen (no necesariamente de la plataforma), 22 ya han solucionado completamente su situación, luego hay cinco grupos "que no sabe nada de ellos", cuatro grupos a los que aún les falta presentar documentación y pasar la traba burocrática y otros cinco a los que, a razón de cuatro facturas, se les sigue debiendo miles de euros. La razón que desde la Diputación de Valencia se ha dado para justificar la situación de estos cinco últimos grupos es que las cuatro facturas están "atascadas en la Administración" por culpa de la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que afectaría al pago de estas aunque fueran emitidas anteriormente al no estar realizadas teniendo en cuenta la nueva legislación estatal.

Aunque desde la plataforma no pueden decir que el trabajo ya ha acabado porque "el camino es largo y lento", aseguran que algunos grupos ya han mostrado su satisfacción al ver que su situación está resuelta, habiendo “perdonado” así el retraso de los plazos marcados por el propio concurso, que prometió tener todo el papeleo acabado a finales de octubre y no ha sido así hasta estas alturas del año. Debe La Dipu no ve sus expectativas cumplidas, aunque ve "avances caracol", algo que les sirve para mirar con optimismo el futuro del certamen. Desde la misma, remarcan que su iniciativa en ningún momento ha querido configurarse política o partidistamente hablando y que su movimiento busca ser "más una solución que un problema", a pesar de que la Administración les recibiera con cierta hostilidad cuando se publicaron las primeras crónicas de lo que estaba pasando.

Más allá de la información, Debe La Dipu quería que desde la dirección del certamen pusieran fechas para las que ver ya resuelto todos los pagos, y lo han conseguido aunque estos hayan dejado de depender de Juventud para hacerlo desde Intervención. La promesa que les han trasladado es que 90% de los grupos estén completamente satisfechos con los pagos requeridos antes de febrero y todos aquellos cuyas facturas estén atascadas tendrían que ver resuelta susituación antes de Fallas. Se prevé una reunión a principios de año para controlar esta promesa.

Muchos más que mejorar

Pero el pago de los más de 80.000€ que se les debía desde la Diputación de Valencia no era la única reivindicación de la plataforma de grupos y desde Sona La Dipu se están poniendo las pilas para resolverlas cuanto antes. La primera medida anunciada ayer es que el próximo año se creará una plataforma en la web en forma de intranet para encauzar así las comunicaciones con los grupos. Cuentan desde la plataforma que se han dado “situaciones surrealistas, como saber que tocas en un festival al verlo directamente en un cartel, o que simplemente de manera unilateral te comuniquen lugares y fechas sin consultar a ninguno de los miembros de un grupo” y que muchas veces los músicos se han visto “en graves problemas con nuestras otras actividades al tener que elegir entre un día laborable o ir a actuar”. Con esta solución, las fechas no se sabe si estarán más consensuadas pero la comunicación sí será más fluida, porque desde la misma plataforma admiten que a veces la cosas se decían, pero los grupos no recibían la información porque no se hacía por las vías oportunas.

La segunda reivindicación que parece estar poniendo en marcha la organización del concurso es la formación de los grupos, un pilar que siempre ha estado sobre el papel pero nunca en la práctica. Si los plazos se cumplen, algo por lo que hay que tener más fe que seguridad, a principios de año Sona La Dipu organizará unos talleres para que los grupos de música aprendan sobre cómo facturar, qué papeles han de tener en cuenta y en general todo el intríngulis burocrático y fiscal. La plataforma web anunciada también contaría con tutorías y video-tutoriales de esta materia.

Poco se sabe de otras reivindicaciones de la plataforma. Una, la de la mayor presencia femenina en el concurso, se espera ser resuelta mejor quela improvisación del año pasado tras la lección aprendida. La otra, algo difusa pero fácilmente reconocible por todos aquellos que hayan asistido a alguna citadel certamen, es la “evidente desconexión del concurso con la realidad de la escena musical”, una acusación que en realidad abarca mucho: desde la necesidad de democratizar las fechas para que los grupos puedan conciliar los conciertos con su vida personal y profesional hasta la gestión de carteles que dejaban llamativas estampas como grupos de rock siendo teloneros de Antonio Orozco, o que la ayuda económica a los festivales a cambio de programar a los grupos no permita que a estos se les programe a horas en las que la afluencia del público se pueda contar a dedo y que sirva de verdad para darles una visibilidad excepcional.

Desde Debe La Dipu lo tienen claro e insisten en que no quieren dinamitar la iniciativa, que cuenta con un presupuesto anual de 800.000€ de dinero público, sino hacerla mejor para que cumpla con aquello para lo que está llamada.