Los presidentes de las tres patronales territoriales de la Comunitat, junto al presidente de CiervalVALENCIA. Lo que es válido para una de las tres entidades fundadoras de Cierval también debe serlo para las otras dos. Ese es el argumento con el que la patronal de la provincia de Castellón (CEC) pedirá a la patronal autonómica que le perdone las deudas, tal y como hizo con la alicantina Coepa.
Los responsables de la CEC, que están a la espera de que el juzgado declare el concurso de acreedores que solicitaron hace varias semanas, se presentarán con esta solicitud a la reunión que este lunes se celebrará en la sede de Cierval para cerrar definitivamente un acuerdo que la salve de la quiebra. Su intención es arrancar el compromiso de sus socios antes de la asamblea extraordinaria de Cierval, fijada para el 21 de diciembre.
La CEC, procesada por un presunto fraude en subvenciones y dirigida por una junta gestora tras la renuncia de sus anteriores responsables, no pudo precisar a cuánto asciende la deuda contraída por el impago de cuotas. En las últimas cuentas presentadas por Cierval, las de 2014, esa deuda ya superaba los 200.000 euros. Y desde entonces tampoco ha podido pagar.
la deuda de la cec con cierval por cuotas impagadas supera los 200.000 euros
José Vicente González, presidente de la organización empresarial autonómica, ha convocado a sus homólogos en las tres patronales provinciales para confirmar su apoyo a los estatutos antes de someterlos a votación en la asamblea. La versión definitiva de los mismos ha sido redactada en las últimas semanas por el propio González y por el presidente de la patronal de Valencia CEV, Salvador Navarro, pero necesitan contar con el visto bueno de al menos uno de los otros dos socios para salir adelante
La nueva versión de la norma que regirá la patronal autonómica reduce el poder actual de las tres entidades fundadoras en beneficio de federaciones sectoriales y empresas directamente asociadas a la patronal. Con este cambio se pretende garantizar que los socios de Cierval podrán aportar recursos suficientes para su sostenimiento, algo que no sucede en la actualidad.
A pesar de que no pueden pagar sus cuotas a Cierval, las organizaciones de Alicante y Castellón siempre se han mostrado contrarias a ceder su poder actual en Cierval y han ejercido su capacidad de bloquear la reforma estatutaria en la asamblea autonómica para conseguir un mejor acuerdo. En el caso de la alicantina Coepa, incluso logró que Cierval accediera a aplicar una quita del 95% a su deuda.
El pasado mes de noviembre, al límite de plazo para que Coepa cerrase un acuerdo con sus acreedores, las tres organizaciones provinciales llegaron a un principio de acuerdo para salvar a Cierval dando entrada en la asamblea a empresas y federaciones sectoriales.
No obstante, Alicante y Castellón lograron que los nuevos estatutos reserven un 30% de los vocales de la asamblea a las entidades fundadoras, que en principio se reparten a partes iguales entre la CEV, Coepa y la CEC. Al contrario que ahora, no tendrán que pagar por ellos y mantendrán sus derechos de voto en la asamblea.
La versión de estatutos que se someterá al juicio previo de los socios de Cierval mantiene ese reparto en la asamblea. El 40% de los vocales se abre a la entrada de representantes de las federaciones sectoriales que realicen aportaciones económicas, lo mismo que el 30% que se reserva a empresas.
Una vez superado el trámite de este martes, las patronales provinciales someterán los estatutos a la votación de sus respectivos órganos de gobierno, antes de que se celebre la asamblea de Cierval.
No obstante, varias federaciones sectoriales albergan algunas dudas sobre el acuerdo alcanzado y la viabilidad del nuevo diseño de Cierval. Las reservas se centran fundamentalmente en el mantenimiento del derecho de voto de las entidades fundadoras en la asamblea de Cierval a pesar de que no tendrán que realizar aportaciones económicas. Esto es, no se comparte que los votos de los vocales por los que las federaciones sectoriales van a tener que pagar valgan lo mismo que los de los representantes que las territoriales tendrán gratis.
Con el nuevo modelo previsto en los estatutos, la viabilidad económica de la patronal autonómica dependerá de las aportaciones que realicen los sectores y empresas. Si el nuevo diseño de la patronal autonómica no convence a esos dos pilares para entrar como socios de Cierval, la sostenibilidad de la organización volverá a estar en entredicho.
Al margen de la deuda que ahora aspira a que le perdone, las secuelas de las casi tres décadas de gestión de José Roca y Rafael Montero en la CEC están teniendo un alto coste para Cierval. Se trata de subvenciones cuya devolución reclama la administración al no estar debidamente justificadas. Como la castellonense no puede responder, la autonómica tiene que hacerse cargo.
En una de sus últimas reuniones, la directiva de Cierval acordó recurrir la reclamación del Servef para que devuelva 148.000 euros, pero previamente ya recurrió dos expedientes de reintegro: uno de 605.800 euros y otro de 478.000 euros. En total, 1,23 millones de euros recurridos de cuya resolución está pendiente Cierval porque puede suponer su entrada automática en concurso de acreedores.
