VALÈNCIA. “Lo que sobre el papel parece un plan inmejorable, en la realidad para muchas bandas participantes ha sido un caos y una pesadilla debido a la nefasta gestión por parte de la Diputación y los encargados de esta sección cultural”. Este es un pequeño extracto del detallado comunicado a través del que una quincena de bandas ha denunciado públicamente los impagos -admitidos por la propia administración provincial- de Sona la Dipu, entre “otras irregularidades”, apuntan. Fue el pasado lunes cuando este diario informó de una crisis interna que desde hace semanas se cuece en el seno del certamen, después de que numerosos participantes del mismo tomaran la decisión de organizarse con el objetivo de defender su situación con una voz unificada ante la Diputación. Integrados en la plataforma ‘Debe la Dipu’, fue ayer cuando esa voz llegó a los despachos de la administración, en una reunión con la diputada de Juventud, Deportes e Igualdad, Isabel García, y el director de Sona la Dipu, Quique Borrás, de la que parece no se derivan las mismas conclusiones.
Por su parte, la Diputación emitió un comunicado previo al de la plataforma en el que aseguraba que solucionaría la situación de los impagos antes de final de año, calificando la reunión de “positiva”. Sin embargo desde la plataforma admitieron ver con cierto “escepticismo” las promesas de los responsables del certamen, a los que demandan una pronta solución para evitar el “infierno” que supone para las bandas acumular dichos impagos. Vamos a los números. De acuerdo con los grupos afectados, la deuda de Sona la Dipu con las bandas firmantes ascendería a 80.000 euros, con una horquilla de entre 300-400 euros hasta los 8.000-9.000 euros por banda. Destacan además que los grupos “han tenido siempre que adelantar el dinero” en el caso de los viajes de la gira de los ganadores, con lo que “la demora de dos años o más en recibir ese dinero ha hecho que la economía de las bandas se desmorone”.
“La sensación que hemos tenido los últimos tres años era la de ser la última cosa a la que iban a prestarle atención, una minucia sin importancia, lo cual es paradójico dado que el concurso trata precisamente de promocionar a esos grupos”, reflejan en ‘Debe la Dipu’, desde donde critican la “dejadez” a la hora de gestionar las retribuciones. “El cambio en el modelo de facturación, principal argumento de la entidad pública para justificar su impago fue algo de lo que no fuimos informados hasta que ya llevaba varios meses en funcionamiento”. Es precisamente sobre este punto que incidió la diputada, calificando este cambio como la “principal traba” para solventar esta situación. “Además, el pasado mes de diciembre se cerró la contabilidad correspondiente al año 2017 y hasta julio de 2018 no hemos tenido disponibilidad contable para poder hacer frente a estos pagos pendientes, ahora, todos los afectados podrán cobrar antes de que finalice este año”, explicó Isabel García, quien -junto a Borrás- se comprometió a organizar de cara al próximo mes de octubre jornadas formativas a los grupos junto al sindicato de músicos valencianos “para evitar errores administrativos por parte de los participantes y garantizar, así, una mayor agilidad por ambas partes”.
Pero no es solo el sistema de cobro el que está bajo la lupa, sino toda la estructura de un certamen cuyas voces críticas salen ahora a la superficie, describiendo situaciones “surrealistas”, “como saber que tocas en un festival al verlo directamente en un cartel, o que simplemente de manera unilateral te comuniquen lugares y fechas sin consultar a ninguno de los miembros de un grupo”. Repartidos en distintas semifinales, cada año los grupos tocan junto a uno o más cabezas de cartel, solistas o bandas consolidadas cuyo objetivo -sobre el papel- es atraer a más espectadores. Sin embargo, ¿más es más? No cuando se dirigen a distinto público, explican desde la plataforma. “Las bandas hemos compartido escenario con multitud de artistas que poco o nada tienen que ver con nuestros universos respectivos, con el resultado de que el público que tienes delante sólo está esperando aburrido a que te vayas y salga Malú, Fangoria, Nancys Rubias o Antonio Orozco. No creemos que situar una banda donde a nadie le interese sea la mejor forma de valorar su creación artística, pasando a ser puro relleno”.
Así, entre otras cuestiones, la plataforma -“ante la evidente desconexión del concurso con la realidad de la escena musical y de nuestras necesidades como músicos”- pide a la Diputación que la tenga en cuenta como órgano consultivo, a través del Sindicato de la Música Valenciana (SIMUV), para que el concurso “en sus sucesivas ediciones sea, efectivamente un programa que ayude y beneficie a los músicos”. Cabe destacar que desde la Diputación se hace referencia a la propuesta de incluir músicos de Sona la Dipu en el jurado, modificación “bien acogida por la organización”. Las bandas firmantes del comunicado son: The Saltitos, Gran Quivira, Indian Hawk, Mireia Vilar, Meridian Response, Lígula, Durga, Caravana Sur, Mantequilla Voladora, Holy Paul, Badlands, Odd Cherry Pie, La Hora del Té, Vibrowaves y Nanga Parbat, todos participantes en diferentes ediciones del concurso Sona La Dipu.
Pero este no ha sido el único punto de conflicto en un Sona la Dipu 2018 que tiene más de un frente abierto. Desde la administración provincial se presentó esta edición como la de la igualdad de género, poniendo el acento sobre esta cuestión en los distintos pilares del proyecto. Con esta mirada ‘violeta’ como punto de partida, organizaron una jornada específica sobre el patriarcado en el sector musical y anunciaron el jurado “más paritario de todas las ediciones”, que sumaba a tres mujeres (María Carbonell, Amalia Garrigós y Marta Moreira) y dos hombres (Quique Medina y Kiko Tur). Este planteamiento inicial, sin embargo, no se vio reflejado a la hora de contratar grupos. Ninguno de los cabezas de cartel –más de una decena de bandas- contaba con mujeres entre sus filas, un ‘olvido’ que no pasó desapercibido para algunos usuarios y, también, para el jurado del certamen.
Tras el anuncio del cartel y fechas de conciertos –información que conocieron los miembros del jurado al tiempo que el público- se generó un malestar interno que derivó en una reunión de urgencia para solventar la situación. Sobre la mesa una condición: aumentar la presencia femenina en los conciertos. Es por ello que, para sorpresa del público, la Diputación decidió ampliar la nómina de grupos días después de la presentación oficial del certamen, anuncio que hicieron la segunda semana de agosto a través de una nota de prensa. Las nuevas bandas son Mueveloreina, Badlands y Sense Sal. A ese respecto, desde la plataforma ‘Debe la Dipu’ también se demanda que los programas para el fomento de la presencia femenina sean “medidas realmente efectivas y no acciones cosméticas que en nada ayudan a la presencia de mujeres ni en el concurso ni en la escena musical”.
Otro de los frentes abiertos en la presente edición de Sona la Dipu ha sido la organización del calendario de conciertos. Si bien, históricamente, las primeras semifinales se han celebrado en los meses de mayo o, en menor medida, junio, este año llegó julio y todavía no había noticias de Sona la Dipu. Nada. Fue el propio director del certamen, Quique Borrás, quien explicó que el retraso estaba vinculado al bloqueo administrativo derivado de la ‘Operación Alquería’, aunque lo cierto es que esto tuvo lugar a finales de junio. Fue el 25 de julio cuando presentaron la nueva edición de Sona la Dipu que, por primera vez en su historia, se celebra concentrada en un solo mes, del 22 de agosto al 28 de septiembre. “Hemos pasado momentos en los que no sabíamos si íbamos a tener algún artista de cabeza de cartel importante. Creo que lo hemos resuelto con bastante dignidad. Esperamos haber aprendido este año”, expresaba Borrás durante la presentación del festival.
El Institut Valencià de Cultura sigue sin desvelar el nuevo funcionamiento. Esta será la segunda edición consecutiva que no se celebre