El giro social y el bloqueo financiero marcan los primeros pasos del Consell del mestizaje, que ya se ha dado de bruces con la imposibilidad de cumplir promesas como la reapertura de RTVV
VALENCIA (FOTOS: EVA MÁÑEZ). Este martes se cumplen 100 días desde la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat, poco más de tres meses marcados por el giro social de un Consell atenazado por la extrema falta de liquidez que ha tenido que superar los ajustes propios de un gobierno de mestizaje y sobreponerse a promesas incumplidas como la reapertura de RTVV.
El denominador común a todos los departamentos que forman este Consell de coalición ha sido la escasez de recursos, una rémora que ha circunscrito el margen de maniobra del Ejecutivo a medidas de marcado impacto mediático pero limitado alcance económico. Pese a que nadie escapa a esa limitación, sí se aprecian algunas diferencias entre el desempeño de unos y otros departamentos.
Entre los que han llevado la iniciativa, destacan Hacienda, que de la mano del president ha tomado la bandera para endurecer el discurso sobre la infrafinancaiación; Sanidad, con medidas concretas para devolver la atención sanitaria a los inmigrantes o el refuerzo de la inspección para marcar de cerca a las concesionarias; Educación, que ya ha dado los primeros pasos para la escolarización gratuita de cero a dos años y subvencionar los libros de texto; o Vivienda y Obras Públicas, con el impulso de la Ley de la Función Social de la Vivienda o el pago de las ayudas pendientes a la vivienda.
A juzgar por su nueva denominación, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo nacía con un ambicioso proyecto de partida: cambiar el modelo productivo de la Comunitat para dotarlo de "rostro humano" tras veinte años de Gobierno de la derecha. Con ese objetivo, el departamento que lidera Rafael Climent ha lanzado algunos anuncios como una ley de comercio sostenible o medidas para potenciar el autoconsumo de energías renovables. La iniciativa se circunscribe esencialmente al plano teórico, lo que ha provocado algunas críticas por esta supuesta inacción en asuntos urgentes.
Uno de ellos ha sido el posicionamiento sobre Feria Valencia, donde tras cuestionar abiertamente los pactos de los actuales gestores con las administraciones del PP, se ha acabado aceptando el plan para que el recinto opere como una empresa privada. Pero si ha habido un ámbito en el que Economía ha sido especialmente activa ha sido en el que controla el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, estilete de la Conselleria para revertir la libertad de horarios comerciales, dejar a las grandes marcas fuera del Observatorio del Comercio -asunto en el que ha tenido que rectificar- o fijar abiertamente su oposición a la construcción del centro de ocio de capital cien por cien Privado Puerto Mediterráneo de Paterna.
Otro asunto que ha marcado los primeros pasos del Consell en política económica ha sido la complicada convivencia con la Conselleria de Hacienda como consecuencia de la compleja estructura competencial heredada del PP en entes como el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Deshacer esa maraña ha originado indisimulados enfrentamientos, sobre todo a cuenta del control de las competencias en financiación al sector privado.
La regeneración democrática y la lucha contra la corrupción es uno de los principios rectores del Acuerdo del Botánico, el documento que recoge los objetivos básicos de legislatura asumidos por los dos socios de gobierno y Podemos. Tan es así que mereció el rango de conselleria propia. A pesar de la apuesta, el departamento que dirige Manuel Alcaraz ha sido uno de los menor recorrido.
A la ausencia de bagaje, la Conselleria de Transparencia suma la falta de personal y presupuesto, un lastre que no le ha impedido sacar adelante algunas medidas como el Código de Buen Gobierno. La entrada en vigor de la Ley de Transparencia el próximo 9 d'Octubre centra la acción de toda la conselleria.
En estos 100 primeros días, Sanidad Universal, con Carmen Montón al frente, ha sido una de las consellerias más activas en cuanto a la aprobación de nuevas directrices y la toma de decisiones que han hecho virar el antiguo mandato. La semana pasada se aprobaba un nuevo protocolo de acceso a la píldora postcoital, que facilita su acceso gratuito en los centros de Salud Sexual y Reproductiva, algo que dejó de hacerse en 2009, o comprándola sin receta en las farmacias.
Entre las medidas tomadas a principio de legislatura Sanidad también aprobó el dar cobertura sanitaria gratuita a unos 30.000 inmigrantes irregulares que lleven al menos tres meses empadronados en la Comunitat Valenciana, un hecho que llevó a Montón a enfrentarse con el Gobierno central, quien apuntó incluso a multas millonarias de la Unión Europea. Entre los giros a su modelo sanitario, se destaca la creación de la dirección general de Alta Inspección que controla los conciertos actualmente vigentes con el fin de exigir que los contratos se cumplan o que en el caso dejo hacerse puedan revocarse.
Entre las acciones emprendidas por la consellera de Sanidad se encuentra el polémico cambio de gerentes de hospitales públicos. Unos candidatos que fueron anunciados como definitivos antes de realizar convocatorias públicas de libre designación y que, cuando fueron apareciendo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, fueron criticados por entender que no daban opción al resto de candidatos que se presentaran. Ésta y su equipo se defendieron en que era un trámite necesario para regular al personal en estos puestos y que hasta ahora el Gobierno popular lo había hecho de forma incorrecta.
El conseller Vicent Marzà se encontró con unos plazos para reordenar el escenario en polítca educativa que le sobrevenía. Sin apenas tiempo recondujo el calendario del curso escolar, retrasándolo y reordenándolo, y sin tiempo para mucho más –pese a su oposición frontal del la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)- inició la comunicación con el resto de autonomías para ‘desobedecer’ de cara al siguiente curso la normativa promulgada por el ya amortizado ministro Wert.
El propio Marzà reconoció, justo antes de iniciar sus vacaciones, que las urgencias en Educación habían lastrado la toma de decisiones en Cultura. Y, pese a que se salvó in extremis el crítico problema del aire acondicionado en el San Pío V, que amenazaba con perjudicar de forma irreversible alguna obra, se asistió a un esperpéntico robo de obras de “poco valor” económico pero que evidenciaban el colapso generado por la gestión de Paz Olmos al frente. Fue destituida y reemplazada por un director en funciones, José Ignacio Casar Pinazo, al que se reemplazará a través de un concurso público y el código de buenas prácticas.
Esa tabla rasa, la de la comparecencia de profesionales para los principales cargos directivos en las instituciones culturales, está llamada a constituir la base diferenciadora y profesional con los anteriores gestores. La decisión para el San Pío V –distinta a la ‘no acometida’ en CulturArts- no ha detenido ese ansiado plan cultural que, teniendo en cuenta el programa de Compromís, que maneja ‘la cartera’, y la falta de urgencia en la toma de decisiones, ha emplazado oficialmente al inicio de 2016. Mientras tanto, los esqueletos de las industrias culturales, del audiovisual a las escénicas pasando por la música o el arte –y sin ni siquiera pensar en la cabida de los creadores transmedia más actuales-, se mantienen en su particular zona crítica, sin que las líneas de trabajo de la legislatura fortalezcan por el momento los borbotones de talento creativo.
Por lo que se refiere a las medidas más reconocidas en materia de Educación, competencias que también ostenta la conselleria dirigida por Vicent Marzà, se encuentra el bono de hasta 200 euros para libros de texto que recibirán las familias de los alumnos de Primaria y Secundaria de los centros públicos y concertados de la Comunitat dentro del plan de gratuidad para este material escolar diseñado por la Generalitat. Una medida medida que, según explicó Ximo Puig, pretende que todos los valencianos puedan acceder de forma gratuita a los libros de texto.
Además, han puesto en marcha un programa piloto para que un total de 600 niños de 2 años reciban este curso educación gratuita en este tramo de edad, que comienza a impartirse en 33 centros públicos con el objetivo de que al término de la legislatura este plan se haya implantado en los 2.000 colegios públicos de la Comunitat, lo que supondrá un coste máximo de 120 millones en personal. A esto se suma la modificación de las condiciones para ser usuario del servicio de transporte escolar con el fin de eliminar el requisito de residir a una distancia mínima de tres kilómetros "en línea recta" del centro. Para ellos sustituyeron el criterio por el de tres kilómetros siguiendo la trayectoria de menor distancia accesible y segura.
El conseller Vicent Soler ha asumido desde el minuto cero uno de los papeles protagonistas del Consell de Ximo Puig. Las circunstancias obligaban. El debut del responsable de Hacienda coincidió prácticamente con la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se topó con la irrealidad de las previsiones económicas del anterior Consell y la exigencia de Montoro de presentar un plan convincente para cumplir el déficit.
En estos cien días, Soler ha asumido la parte más cruda del discurso contra el Gobierno central y el Ministro de Hacienda por la infrafinanciación de la Comunitat, la "deslealtad institucional" que supone administrar los envíos del FLA, o la deliberada asfixia financiera para restar autonomía política al nuevo Consell.
Su principal tarea ha sido construir los ejes del discurso del agravio, reclamar al Estado el perdón de parte de los 40.000 millones de euros que debe la Comunitat o poner cifras al déficit de financiación acumulado: más de 12.400 millones de euros. El informe sobre la situación financiera de la Generalitat a 30 de junio ha puesto de manifiesto que, según subraya el propio Ximo Puig, la Generalitat es "inviable".
Al margen de la financiación, la Conselleria de Hacienda también ha avanzado en cuestiones controvertidas como la subasta de la Ciudad de la Luz, que ha tratado de frenar en Bruselas, el análisis de los motivos que condujeron al rescate público de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) o en sentar las bases del futuro banco público, otro de los compromisos del Acuerdo del Botánico.
Agricultura y Medio Ambiente es uno de los departamentos de más discreto recorrido en las primeras semanas de Consell. Entre las prioridades que ha fijado su responsable, Elena Cebrián, destaca el giro en la gestión de los residuos en la Comunitat. Para ello, Cebrián ha renovado por completo la cúpula de la empresa pública Vaersa, de la que se pretende que sea la piedra angular de la nueva política ambiental de la Comunitat.
La acción de esta conselleria se verá limitada en los próximos años por la multa recientemente impuesta por Bruselas a la falta de control sobre las ayudas comunitarias del anterior Consell. La sanción, que inicialmente ha sido de seis millones pero se esperan hasta otros doce, obligará a detraer recursos prespuestarios que podrían dedicarse a otras políticas.
Por lo que respecta a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la cartera liderada por María José Salvador -que ha sido una de las más activas- ha volcado sus esfuerzos en poner el acento social a las políticas en materia de vivienda, una de las prioridades del Pacto del Botánico. Lo ha hecho con la creación de la Mesa de Prevención de Desahucios (compuesta por la PAH, abogados, sindicatos, municipios, vecinos, consumidores, registradores y bancos) y a través de una regulación que prevé tener lista para 2016: la Ley por la Función Social de la Vivienda.
En cuanto a medidas concretas sobre la materia, la conselleria de Salvador aprobó, en su primer més de gobierno, un calendario de pagos con la Plataforma de Afectados por Impagos de Ayudas a la Vivienda de la Comunitat para abonar en año y medio “toda la deuda pendiente”. En esta línea firmó una resolución por valor de 40 millones de euros “para beneficiar a más de 5.600 familias”.
Respecto al área específica de infraestructuras, la conselleria, que destacó por defender en Burselas en un diseño con doble plataforma y ancho europeo para el Corredor Mediterráneo, presume de haber logrado que Aragón “apoye la infraestructura” con un ramal desde Valencia-Teruel-Zaragoza. Además está trabajando en una Ley de Seguridad en el Transporte Ferroviario para que la Comunitat “sea un referente en materia de seguridad después de sufrir la mayor tragedia de metro de España”.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a la cabeza, no ha sido una de las más destacadas por su actividad, si bien ha impulsado medidas concretas para favorecer a tres colectivos: los refugiados, los dependientes y las personas en riesgo de exclusión. En cuanto al primero, Oltra ha iniciado contactos con entidades financieras para crear una red de viviendas de acogida para viviendas de acogida. La intención de la vicepresidenta y consellera es alcanzar 500 plazas disponibles.
Los otros dos colectivos se han beneficiado de forma directa con las políticas de la conselleria, dado que el Consell, a finales de julio, liquidó la deuda con la dependencia y anunció que, de ahora en adelante, pagará “a mes vencido”. Asimismo, la conselleria pagó la renta garantizada de ciudadanía del mes de junio -reconocida a personas sin ingresos en riesgo de exclusión- a aquellos que la cobran directamente de la Generalitat.
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha impulsado varias iniciativas, como la Mesa General de Negociación para que los funcionarios cobren el 25% de la extra perdida en 2012, la unidad de contacto permanente con los jueces para conocer y solucionar las necesidades de la administración de Justicia o la comisión mixta con la Fiscalía para mejorar sus recursos.
No obstante, la única medida concreta materializada por su titular, Gabriela Bravo, durante los primeros 100 días del nuevo Consell ha sido la firma con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de un acuerdo para invertir 860.000 euros en la mejora de la justicia valenciana.
