Feria Valencia: dos años de rodeo para volver a la casilla de salida

VALENCIA. Feria Valencia funcionará como una empresa privada a todos los efectos. Casi dos años después de plantear por primera vez la posibilidad de externalizar la explotación del negocio, el Ayuntamiento y la Generalitat dan su conformidad para ceder a un tercero la gestión del recinto y mantener en el ámbito público la propiedad de los edificios y la deuda, que aún supera los 505 millones de euros.

El alcalde de Valencia y presidente del patronato de Feria Valencia, Joan Ribó, anunció este jueves el "gran acuerdo" alcanzado entre la administración local y la autonómica con los gestores del recinto para separar la propiedad y la deuda de la gestión. El negocio será explotado por una sociedad regida por derecho mercantil de la que todavía ha de definirse si será de titularidad pública o privada.

Todo dependerá de cómo se repartan la propiedad de esta firma entre las administraciones y el operador u operadores privados a los que Feria Valencia pretende incorporar a esta empresa para que aporten negocio. Para ello, se ha creado una mesa de trabajo con expertos juristas y representantes del Ayuntamiento, las conselleries de Hacienda y Economía y técnicos de la propia Feria para definir cómo se llevará a cabo este proyecto y qué características tendrán la empresa patrimonial y la mercantil.

Las administraciones se reservarán una salvaguarda para defender sus intereses en la mercantil aunque no tengan mayoría

El presidente ejecutivo de la Feria, José Vicente González, manifestó que sólo restan "aspectos técnicos" por resolver. Ni él ni el conseller de Economía, Rafa Climent, que tiene las competencias sobre Feria Valencia, se pronunciaron sobre si la mayoría en esa empresa será pública o privada. "La gestión será lo más ágil y dinámica posible", recalcó Ribó.

La nueva sociedad funcionará como una empresa privada, pero González explicó que no tiene por qué ser privada al 100%. Incluso aunque la mayoría sea pública podría hacerlo. Es lo que sucede con Ifema o Fira Barcelona, 100% públicas pero que no siguen los parámetros de contratación exigidos a las empresas del sector público.

La clave, según explicaron, será garantizar el control por parte de las instituciones públicas, para lo que se podrían introducir algunas salvaguardas. Una de las opciones que se contemplan es introducir la llamada 'acción de oro', un mecanismo con el que las administraciones se reservarían derechos políticos sobre determinadas decisiones a adoptar por el consejo aunque la mayoría del capital fuera privado.

Una vez definido este nuevo esquema, la empresa abrirá un proceso de diálogo competitivo entre los potenciales interesados en participar en ella. Hasta ahora, Feria Valencia no ha sido "activa" en la búsqueda de posibles socios, pero ha contactado con dos o tres que se han interesado en ella, explicó este jueves el presidente ejecutivo. 

Un plan planteado hace dos años

Con el paso dado ayer, Feria Valencia vuelve al punto de partida en el que se situó hace dos años para poner en marcha un plan que garantizase su viabilidad.

La solución de dividir la Feria en dos partes no es nueva. Se puso por primera vez encima de la mesa en junio de 2013, aún con Alberto Catalá en la presidencia del recinto. El plan fue diseñado por el actual director general, Enrique Soto, quien había llegado al cargo apenas unos meses antes promovido por un sector del empresariado que deseaba un volantazo en la gestión de un recinto que se desangrava por la imparable caída del negocio.

El de este jueves fue el segundo visto bueno que la dirección de Feria Valencia obtuvo para su plan. El primero llegó en marzo del año pasado, cuando el patronato del recinto entonces presidido por la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, e integrado por representantes del anterior gobierno autonómico decidió aclarar la naturaleza jurídica de la Feria y separar la propiedad de los inmuebles del desarrollo del negocio.

La solución permite al recinto no tener que someterse a los métodos de contratación propios del sector público empresarial

El pretexto fue la necesidad de funcionar con la agilidad propia de una empresa privada, ya que la indefinición de su propia naturaleza dificultaba la actividad ordinaria. En sus manifestaciones de este jueves, tanto Climent como Ribó insistieron en que la sociedad que explote Feria Valencia se regirá por el derecho mercantil.

Esa decisión marcó el inicio de un complejo proceso para definir la nueva estructura salpicado de sobresaltos que fueron posponiendo su culminación, desde el informe de la intervención de hace justo un año que denunció sobrecostes millonarios en la ampliación del recinto, hasta la investigación de la fiscalía a la gestión de sus anteriores responsables.

Esa hoja de ruta trazada por Feria Valencia, no obstante, no pudo completarse antes de las elecciones autonómicas del pasado mayo. Entre otros motivos, por el enfrentamiento que mantenían la Conselleria de Hacienda y el Ayuntamiento a cuenta la deuda y la propiedad de los edificios.

El impulso definitivo al proyecto llegó con el acceso a la presidencia a finales de 2013 del presidente de Cierval, José Vicente González, que fue quien más insistió en la urgencia de Feria Valencia para desenvolverse como una sociedad privada sujeta a derecho mercantil. Esto es, sin las rigideces que impone la pertenencia al sector público, fundamentalmente en lo relacionado con los procesos de contratación.