El protocolo "reconoce la valía de los festivales de la ciudad". La concejala delegada del área asegura que ha supuesto un gran esfuerzo administrativo. A efectos prácticos, su aportación es un gesto estético "para captar patrocinios privados"
VALÈNCIA. Cuando el área de Cultura del Ayuntamiento se despertó, los festivales urbanos seguían allí. De una reunión a otra, dada la voluntad de escucha. De un despacho a otro, dadas las tres (o cuatro) concejalías de Cultura simultáneas. De una promesa a otra (dada la insistencia, por qué no decirlo) hasta el final del ciclo legislativo. Seguían esperando, pero ya con la lengua dormida o, como comentan con total distancia a este diario seis de sus responsables (tres insertos en la Plataforma d'Iniciatives Culturals Urbanes de València-PICUV y tres ajenos a ella) "sin ninguna esperanza. Lo que el Consistorio entiende por Cultura son sus espacios municipales y sus festivales propios, no lo que ocurre en el espacio público. Quizá habría que preguntarle a la ciudadanía qué entiende por Cultura y, sobre todo, qué cultura consume". El barómetro municipal ya lo pregunta, pero no desde esa perspectiva...
Pues esa es la primera reacción de varios de los certámenes al anuncio por parte del Ayuntamiento del "protocolo de colaboración" que, textualmente, "reconocerá la valía de los festivales de la ciudad". La concejala delegada del área, Glòria Tello, asegura en el comunicado oficial que el Gobierno local "otorga así un reconocimiento institucional" y muestra "la voluntad de construir nuevas estructuras colaborativas con las diversas entidades de la ciudad, públicas y privadas, que hacen realidad festivales especialmente interesantes por su valor cultural, por la participación y su impacto social y económico".
Consultada por Cultur Plaza, Tello no estima que este gesto estético pertenezca a una reacción más propia de su llegada al Gobierno, hace tres años. Muy al contrario pone en valor que "ha sido una petición de los festivales para tener más fuerza a la hora de lograr patrocinadores privados" y que, además de mucho tiempo, "ha costado un gran trabajo a nivel administrativo sacarlo adelante". Los seis responsables de certámenes consultados, que prefieren no significarse dada la fragilidad de su estructura profesional y –en algún caso– de su interlocución con las instituciones, tienen peticiones totalmente dispares. Entienden que el protocolo, "tal y como se nos comentó hace más de un año", es una herramienta "si se convierte en una ventanilla única dentro del Ayuntamiento".
No es una ventanilla única. Otros sectores la poseen en distintas Administraciones, pero estas se basan en la disposición de recursos técnicos, humanos y económicos. Por eso, no lo es. Es un mandato no expreso para los trabajadores del Consistorio; la voluntad se intuye, pero es eso: voluntad. Las seis hojas que componen el protocolo de colaboración describen "los términos en que debe basarse el trabajo conjunto de la administración municipal y las entidades y agentes culturales en favor de un beneficio mutuo". A efectos prácticos, lo más que podrán aportar en reclamaciones técnicas de servicios u ocupación del espacio público (por ejemplo) es que tienen una distinción del Ayuntamiento. Sin embargo, este protocolo firmado al margen de la Ley de contratos del sector público no equivale a una excepción con respecto a cualquier otra reclamación particular en el curso administrativo. No establece esa ventanilla única para los festivales culturales que sí tienen otras ciudades. En definitiva, no cambia –precisamente– el protocolo administratrivo dentro del Consistorio.
Han de acudir a las mismas ventanillas, atravesar los mismos procedimientos y, eso sí, en ellos aportar que cuentan con el "reconocimiento a la valía" por parte del Ayuntamiento. Aunque la opinión pública es ajena a ello, más de un festival de la ciudad en este momento tiene faltas y horizontes de multas por saltarse algunos protocolos para poder realizar actividades que estaban programadas con semanas o meses de antelación. Esa es la realidad administrativa (o contencioso administrativa) que se deriva del anquilosamiento del Consistorio, de su escasez de personal efectivo y de una base normativa de otro siglo. En concreto, del pasado.
El protocolo detalla cinco objetivos tan básicos que, sin distinción, cumpliría cualquiera de los festivales insertos en PICUV y otros tantos en su primera edición (algunos llevan más de 10). Esta vez, a diferencia de las ayudas para todos en las que participan –150.000 euros al año a compartir con decenas de asociaciones de vecinos y tardes de poesía–, pueden ser empresas privadas. No se les exige no tener ánimo de lucro. Tello pretende que se generen sinergias y se favorezca la participación para "contribuir al desarrollo de las políticas culturales de la ciudad, atendiendo a las directrices estratégicas definidas por el Ayuntamiento".
Para ello exige unos requisitos que, como con el caso de los objetivos, cumpliría cualquiera de los festivales desde su primera edición y les exige acompañar sus comunicaciones del logotipo del Consistorio. Mientras tanto, el compromiso del ayuntamiento se reduce a dos puntos que se expresan íntegra y textualmente así:
1. Donar suport a l’entitat privada per a l’organització del festival, reconeixent el seu interés destacat i singular dins del panorama cultural de la ciutat de València.
2. Dur a terme actuacions per a promoure l’optimització de la coordinació entre diferents servicis municipals, per tal d’afavorir i agilitzar la tramitació dels permisos necessaris per a l’organització del festival objecte de col·laboració entre ambdós entitats.
Como ya se ha detallado, se desconoce el cómo de ese segundo punto. Eso sí, firmado el protocolo entre las partes, se entiende que el festival puede exigirle al Ayuntamiento que haga valer su compromiso. No obstante, el texto habla de "favorecer y agilizar", nunca de conseguir u otorgar. También habla de promover, no de actuar o hacer. La concejala, en declaraciones a este diario, asegura que el objetivo es "intentar agilizar los permisos de los festivales".
El protocolo deja claro que no tiene relación alguna con dotaciones económicas. Tampoco con otro tipo de recursos como técnicos o humanos que, a partir de la firma del acuerdo entre las partes, estuvieran a disposición de. En términos comparativos de ambición sectorial, cuesta imaginarse a otro sector profesional distinto a la Cultura recibiendo una distinción pública a su valía sin especificar eso: recursos humanos, técnicos o económicos precisos. Un sector económico que firme un protocolo que promueva el 'intento de', pero esos son los términos que propone el acuerdo.
Las posibles ayudas económicas ya citadas o las derivadas de cualquier otro convenio puntual no tienen relación con el protocolo que, por otro lado, limita su vigencia a diciembre de 2019. Hasta ahí llega –de momento– el compromiso de este documento que, como se insiste por parte de Cultura del Ayuntamiento, "después de pasar por asesoría jurídica y otros servicios, por fin, está listo para aprobar en Junta de Gobierno". Será este viernes.