Una ola final de absoluciones marca el 2021 en los tribunales valencianos

VALÈNCIA. El año judicial acabó en la Comunitat Valenciana con una ola de absoluciones en los tribunales en el último trimestre que despejó el horizonte de muchos encausados, entre ellos cerca de cincuenta investigados en el ‘caso Taula’ (incluido el propio Partido Popular) o el expresident Francisco Camps en la Fórmula 1 pero también el director general de política lingüística, Rubén Trenzano, la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar o el exconsejero del Banco de Valencia, Domingo Parra. Y Rafael Blasco, casi que también.

Los ‘pitufos’, absueltos 

Tras una instrucción tan pausada que durante mucho tiempo parecía detenida, el juzgado presentó en octubre el auto de procesamiento abreviado, pero los recursos de los encausados propiciaron que la Audiencia Provincial diera un vuelco a la causa al señalar que el delito de blanqueo para financiar mediante una supuesta entrega de dos billetes de 500 a concejales y asesores para que después hicieran una aportación de mil euros la campaña de Rita Barberá en 2015 no puede sostenerse "más allá de la mera sospecha”.  

En cualquier caso, el tribunal da por hecho que el grupo municipal (no el PP, al que también saca de la causa) manejaba dinero negro. “Fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa del origen del dinero", apunta.

Eso sí, también hay quien ha cerrado el curso con decisiones sino adversas sí agridulces, como el exvicealcalde de València, el popular Alfonso Grau, o la mano derecha de Rita Barberá, Mari Carmen García Fuster, a los que en este mismo caso la Audiencia Provincial de Valencia sí que ha procesado por la financiación del PP de la capital valenciana en las campañas de 2007 y 2011.

Los responsables del Banco de Valencia, también

Justo antes de las Navidades, el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados en el juicio por el llamado caso Costa Bellver, en el que se investigaba una operación inmobiliaria en Oropesa del Mar del Banco de Valencia y Bancaja con la familia Calabuig Gimeno. Entre los absueltos está el principal imputado, Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia, que se había declarado culpable y había firmado con la Fiscalía un acuerdo de conformidad.

El juez señala que la falta de periciales válidas impiden saber si el precio de venta estaba hinchado y supuso un perjuicio para las entidades financiera y aunque apunta que podría ser cuestionable éticamente el comportamiento de los hermanos Calabuig (que compraron unas acciones a un precio que luego triplicaron para vendérselas a la empresa de la que eran administradores junto a la cúpula del Banco de Valencia) pero remarca que el código penal no castiga al administrador que no beneficie a su empresa pudiendo hacerlo.

Por otro lado, a punto de terminar 2021 la Audiencia Nacional desestimó los últimos recursos de los exconsejeros de Banco de Valencia y confirmó su procesamiento por un delito de falsedad contable en las cuentas del banco de 2009 y 2010.

El resto de Taula, a juicio (pese a Benavent)

La financiación de las campañas del PP de València son una parte desgajada del caso Taula, puesto en marcha a partir de las confesiones y los audios de Marcos Benavent, que en este 2021 ha querido dejar de ser el ‘Yonki del dinero’, el estrambótico personaje quería ayudar sacar “mierda a punta pala”, para defenderse de todo lo que se autoinculpó. Tras un cambio de abogado, el exgerente de Imelsa aseguró que las diez horas de audios que entregó estaban editadas y manipuladas por él mismo y grabadas ya inicialmente de manera malintencionada. De paso, y sin estar él implicado en el caso, dejó caer que el ‘caso Erial’ contra Eduardo Zaplana es un montaje contra el exministro del que él tuvo conocimiento previo.  

Habrá que ver qué impacto tiene ese cambio de estrategia de Benavent en el resto de piezas de Taula, que durante este 2021 ha visto como se señalaban las fechas de los primeros juicios. El expresidente de la Diputación de Valencia, el entonces popular Alfonso Rus se enfrenta a 20 años de cárcel por dos de ellas. 

Azud se convierte en transversal con tres socialistas

Este 2021 ha sido también el año que ha convertido en transversal el ‘caso Azud’ para salpicar también al PSPV. El proceso que investigaba las supuestas comisiones a la familia de la exalcaldesa Barberá a cambio de concesiones sorprendió en mayo con una serie de nuevas detenciones que incluyeron a varios empresarios (con Jaime Febrer en el centro de la trama), pero también otra vez a Alfonso Grau y salpicaba a tres socialistas. Se trataba de Rafa Rubio, subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana en ese momento y peso pesado en la oposición en el Ayuntamiento en la época investigada (que estuvo dos meses en prisión), el director de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera y el ex responsable de finanzas del PSPV, Pepe Cataluña. El capítulo de investigados incluye también a un buen puñado de altos funcionarios de urbanismo del consistorio. La tesis de los investigadores es que el núcleo original de la trama extendió sus tentáculos al PSPV para llegar a ayuntamientos gobernados por los socialistas y para que estos hicieran la vista gorda en los amaños en el ‘cap i casal’.

Otra victoria de Camps en la Fórmula 1

El otoño judicial ha dejado también una nueva victoria del expresident Camps, la novena en otras tantas causas, como subrayó nada más conocerse el sobreseimiento de la última causa que le quedaba de la Fórmula 1, la de que la Generalitat fuera avalista de Valmor en su acuerdo con Bernie Ecclestone, tal y como solicitó también la Fiscalía. La jueza apuntó en su escrito que si bien es evidente que "no se siguió el procedimiento adecuado" porque el acuerdo no pasó por los servicios jurídicos, por la Abogacía General ni por el Consell "no puede asegurarse" que fuera Camps el que determinara la sustitución de Bancaja como avalista. 

Consuelo Císcar, balance global favorable 

La exdirectora del IVAM Consuelo Císcar ha sido habitual en los juzgados en este 2021 y no le ha ido mal del todo. En el mes de agosto aceptó una condena de un año y medio de cárcel (que quedó suspendida) por haber malversado fondos del museo para favorecer la carrera de su hijo artista, Rafael Blasco (conocido como 'Rablaci'), así como haber cometido un delito de prevaricación administrativa por su gestión en el museo. Que el balance global de sus causas fuera bueno, pasó a depender del juicio por la causa que estudiaba la compra entre 2004 y 2006 por 2,9 millones de euros de ocho esculturas de Gerardo Rueda del que resultó absuelta. Pese a que el autor murió en 1996 y la mayor parte de las obras fueron fabricadas tras su muerte el juez no apreció en la conducta de los acusados "el requisito del engaño" porque las obras del citado escultor eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso".

Blasco, ‘casi-absuelto’

Su marido, el exconseller Rafael Blasco, también tuvo buenas noticias judiciales puesto que fue absuelto en la práctica en el último juicio del ‘Caso Cooperación’, que estudiaba presuntos amaños de contratos informáticos por más de un millón de euros y cuya primera sesión estuvo marcada por el desmayo de uno de los acusados, el exjefe de servicio de informática. Él y otros dos de los acusados (incluido su amigo y empresario César Tauroni ) aceptaron un año de cárcel, pero el que fuera hombre fuerte del PP no lo hizo pese a que se pedían dos años y ocho meses de cárcel para él. La sentencia de la Audiencia le condena a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación pero le absuelve de delitos de fraude en la administración y tráfico de influencias. Condenado por las tres primeras piezas de este caso a seis años y medio de cárcel, Blasco salió de la cárcel en 2019 en régimen de semilibertad.

Trenzano se libra de las ayudas a Francis Puig

En este otoño judicial, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano fue absuelto por la Audiencia Provincial de falsedad en documento público en el caso que estudiaba las ayudas públicas a las empresas del hermano del president de la Generalitat, Francis Puig. Tras una querella de la diputada popular Eva Ortiz, el instructor entendió que el dirigente de Compromís pudo deliquir al afirmar en un escrito de abril del 2018 que se habían realizado las actuaciones de control efectivas en las ayudas a las mercantiles Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, cuando realmente éstas se llevaron a cabo con posterioridad. Pero los magistrados apuntaron que consta acreditado que se realizó la comprobación administrativa de la concesión de la subvención en cada una de sus fases (solicitud, justificación y pago) y que la comprobación material se realizó en el trámite de justificación. 

Barra libre para Fuset

A falta de ver cómo se resuelve el proceso contra el concejal del ayuntamiento de València Pere Fuset por la muerte de un trabajado mientras montaba las gradas para los conciertos de Viveros, el regidor vio cómo en febrero de este 2021 que ahora acaba se archivaba la causa por la concesión de las barras de esos espectáculos a cambio del montaje de las propias gradas. 

Zaplana, Carlos Fabra y Jorge Rodríguez, camino de juicio

En este 2021 han avanzado también hasta quedar ya vistas o casi para pasar a juicio las causas en las que están implicados el expresident popular y exministro Eduardo Zaplana, su excompañero de partido y expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su homónimo en la de Valencia, aunque socialista, Jorge Rodríguez. 

La instrucción del ‘caso Erial’ ha permitido a la UCO conectar el recorrido de 20 millones de euros de la trama de Zaplana en Andorra y Luxemburgo que tendrían su origen en comisiones ilegales, que según las nuevas investigaciones también podrían haber llegado de Terra Mítica.. Además, la jueza ha rechazado su petición de que declaren Marcos Benavent y el excomisario José María Villarejo, que habían hablado públicamente de una conspiración contra él. 

Quien ya sabe que deberá volver a sentarse en el banquillo es Fabra, después de que se decretara en juicio la apertura de juicio contra él. Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Fabra por, supuestamente, haber creado un entramado para ocultar de la acción de la Justicia parte de su patrimonio y algunas fuentes de ingresos opacos para dificultar la aplicación de la sentencia que le condenó en 2013 por delitos fiscales. También se sentarán en el banquillo su supuesto testaferro, Alejandro Lorca, y diversos empresarios: el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; su hijo Fernando Roig Negueroles; el dueño de Facsa, Enrique Gimeno; y Miguel Pérez, el administrador de una de las mercantiles de las que se habría servido el entramado. 

También sabe ya que se sentará en el banquillo Jorge Rodríguez. El actual alcalde independiente de Ontinyent lo hará con otras catorce personas, varias ex compañeros del PSPV y otros de Compromís por presuntas contrataciones irregulares de la empresa pública Divalterra. Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia y acusa a la trama de haber creado “un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba" y que lo hicieron para “favorecer a los miembros, afines o simpatizantes” de sus partidos.

El exmarido de Oltra, condenado por abusos

En septiembre, el TSJCV confirmó la condena a Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Mónica Oltra, a cinco años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor de, entonces, 16 años del centro de acogida en el que trabajaba, tras repetirse el juicio en junio de 2020. La sentencia confirmó que el testimonio de la joven es creíble y coherente y apuntó que “en ninguna de sus manifestaciones ha pretendido perjudicar particularmente al acusado". 

El tribunal expuso sus "reservas" al informe que presentó la Fundació Espill (encargado por la Generalitat) y critica que se abriera un expediente informativo en la Conselleria que apareció como "información reservada" cuando eso “ya lo estaba haciendo la Fiscalía de Menores como legalmente le corresponde".  El TSJCV apunta que ambos podrían estar animados por un interés de "exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda". 

El tribunal habla de una "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima” de ambos informes estando realizados por “quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla". Además, aseguró que le llamaba la atención “cómo se ocultan los apellidos del acusado en la información reservada o cómo se permite a éste confeccionar un 'protocolo' ad hoc y con una finalidad claramente defensiva que incluso remite a la directora del centro para que le sugiera cómo mejorarlo".