VALÈNCIA. El pasado 2025 fue un año muy activo en actualidad judicial. La causa penal que investiga la gestión de la Dana capitalizó gran parte de la atención en los juzgados por la envergadura de la catástrofe y las consecuencias políticas que han derivado de la instrucción -la dimisión del que Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, entre otras-. Pero otros procedimientos judiciales sobre corrupción siguen en marcha -los últimos coletazos de Taula o Erial, el caso Azud, o el del expolio del Hospital General- así como el que afecta a la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o a Francis Puig, hermano de Ximo Puig, mientras se han conocido nuevas investigaciones mediáticas en el Ayuntamiento de València o la Diputación. El año que entra arrojará luz sobre muchos de estos casos.

Caso Taula: recursos pendientes y el juicio de la pieza E

Por un lado, siguen vivas todavía algunas piezas del conocido como caso Taula. El pasado año tuvo lugar el juicio de la pieza K sobre la adjudicación irregular de contratos de los ayuntamientos de Requena y Enguera a un empresario exsuegro de Marcos Benavent -otrora gerente de la empresa pública Imelsa-. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia condenó al exalcalde de Enguera Santiago Arévalo (PP), a su sucesor, Óscar Martínez (PSPV), y al exalcalde de Requena Javier Berasaluce (PP) a una pena de entre uno y dos años de prisión, además del empresario Mariano López y un funcionario, por simular procesos negociados sin publicidad y contratos menores, lo que el fallo tipifica como delitos de prevaricación, fraude y malversación en las adjudicaciones realizadas entre los años 2013 y 2015. La sentencia, emitida el pasado mes de julio, ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tras los recursos de los tres ex primeros ediles.

Además, hay otras piezas con recursos pendientes de resolución, como es el caso de las partes desgajadas del caso Taula sobre los contratos zombis en Ciegsa e Imelsa. La Audiencia de Valencia condenó 19 personas por contrataciones de empleados en ambas empresas públicas que no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. Entre los condenados se encontraban el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el exgerente de Imelsa, Marco Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', si bien el fallo aún no es firme y está pendiente de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.

El juicio que se celebrará en la sección quinta de la Audiencia de València a partir del próximo 26 de enero es el de la pieza E, sobre adjudicaciones de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando dirigía este departamento María José Alcón, fallecida en 2018 y que era pareja del entonces vicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau. La investigación apuntó a mordidas en la adjudicación de diversos trabajos. Están acusados el exgerente de la Fundación Jaume II el Just y exmarido de Alcón, Vicente Burgos, y cuatro representantes de adjudicatarias. También Marcos Benavent, que antes de su nombramiento en Imelsa fue contratado en la mencionada fundación "sin que desarrollara actividad específica alguna" más allá de iniciar los presuntos trabajos de 'recaudador' de mordidas, según las conclusiones de la investigación.

Caso Erial: recurso de Zaplana

Otro caso que sigue sin cerrarse es el de Erial. La Audiencia Provincial de Valencia condenó en 2024 al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana a 10 años y 5 meses de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo en la trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del exjefe del Consell, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003, para desviar esas cantidades al extranjero y blanquearlas.

Actualmente Zaplana, que cumplirá en abril 70 años, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares tras rechazar la Audiencia la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ingresara en prisión al no apreciar riesgo de fuga y a la espera de que recurriera la sentencia. El pasado mes de marzo, el también exministro recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo al considerar que se basaba en pruebas "prefabricadas" fruto de una investigación "prospectiva" de la Guardia Civil sin previo amparo judicial.

El saqueo del Hospital General

En el último tramo de 2025 tuvo lugar en la sección primera de la Audiencia Provincial el juicio del caso Osvaldos sobre un presunto entramado de empresas para desviar fondos procedentes de contratos públicos adjudicados por el Hospital General de València entre 2005 y 2014, cuando era gerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller de Sanidad y Solidaridad Rafael Blasco -condenado este último por el conocido 'caso Cooperación'-. El exgerente es el principal acusado de los once que figuran en la causa, entre los cuales está su hermano Francisco José. Se espera la sentencia para este año que entra.

Durante el juicio, una de la acusadas, Gisela Samudio, quien se confesó pareja del gerente por aquellos años, le señaló como instigador de la creación de una empresa que trabajara para el Hospital General, así como la persona a la que hacía referencia la letra "X" en las anotaciones sobre pagos que ahora se juzgan. Por su parte, Sergio Blasco negó rotundamente que fuera el instigador de crear algunas de las empresas de la supuesta trama como que cobrara de ellas comisiones por su posición de gerente del Hospital o que participara en la gestión de los contratos del centro hospitalario. La vista oral contó también con numerosos testigos, entre ellos el actual conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien según la instrucción hizo tres pagos a la trama "sin justificación alguna". En su declaración, negó que dichos pagos fueran comisiones.

El fraude de Aido

Por otra parte, la sección tercera de la Audiencia Provincial ha de dirimir sobre un supuesto fraude en el ya desaparecido Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) para inflar y falsear gastos en proyectos subvencionados por el IVACE con el objetivo de obtener ayudas públicas muy superiores a las que les correspondían. La Fiscalía, única acusación, considera que para ello los dirigentes de Aido habrían coordinado un mecanismo en el que se incluían horas de personal que no trabajó en los proyectos, facturas manipuladas o directamente ficticias y servicios inexistentes que se cargaban a las subvenciones.

Se han presentado varios escritos de conformidad donde 26 personas acusadas reconocían los hechos si bien se desconoce, por ahora, cuál es la pena definitiva que han aceptado. Las conformidades, que figuran en los documentos aportados a la causa, deberán ser todavía ratificadas en el juicio, que se desarrollará al menos hasta el mes de marzo con las declaraciones de numerosos testigos y la treintena de acusados.

Los casos de Mónica Oltra y Francis Puig

Dos de los casos más mediáticos de la época del Consell del Botànic están al borde del juicio. Uno de ellos es el que afecta a la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido. El juez había denegado en junio la apertura de juicio oral y decretó el archivo provisional de la causa abierta contra la exconsellera y varios de sus antiguos colaboradores al considerar que las acusaciones se basan en "meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna".

El juzgado ratificó su decisión el pasado mes de diciembre tras rechazar los recursos interpuestos por las acusaciones populares de Vox y Gobierna-Te -impulsada por Cristina Seguí-, pero ahora falta que se pronuncie la Audiencia Provincial. Cabe recordar, a este respecto, que la Audiencia ya obligó a reabrir el caso tras un primer archivo decretado por el juez en abril de 2024. Así, no sería de extrañar que siga ahora un criterio similar y envíe a juicio a la exdirigente de Compromís, contra la que las acusaciones -la víctima y las dos populares- pedían entre tres años y medio y seis años de prisión.

El caso del hermano de Puig, Francis Puig, está mucho más claro: el empresario irá a juicio. El juzgado decretó en octubre la apertura de juicio oral contra los dos empresarios encausados por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre 2015 y 2018. Además de Francis Puig, está acusado su socio Juan Enrique Adell Bover. El magistrado considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. La Audiencia Provincial será la encargada de celebrar el juicio y dictar sentencia.

Investigaciones en marcha: de Azud a la Dana

Sigue en marcha la instrucción del caso Azud, que investiga el presunto cobro de mordidas y recepción de regalos en el seno del Ayuntamiento de València durante la época de Rita Barberá a cambio de beneficios urbanísticos del empresario y promotor Jaime Febrer. En la causa, que tutela juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, están investigadas 56 personas, entre las cuales además del empresario, se encuentra el exvicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau; el abogado y cuñado de la entonces alcaldesa, José María Corbín; o el exconcejal de Urbanismo, Jorge Bellver. También el exportavoz municipal del PSPV, Rafael Rubio, el exresponsable de Finanzas del PSPV, José María Cataluña, o el abogado José Luis Vera como presunto intermediario.

Se esperaba que en 2025 se pudiera dar por concluida la fase de instrucción y se dictara el auto de procedimiento abreviado pero no ha sido así. Todavía hay pendientes informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Hasta ahora, los informes del Instituo Armado han resultado claves para apuntalar los indicios existentes por ejemplo contra el cuñado de la exalcaldesa, que habría pagado hasta 250.000 euros con dinero procedente de mordidas. También contra los socialistas Rubio o Vera, que habrían cobrado comisiones a cambio de facilitar operaciones urbanísticas como la conocida operación Colegios a favor del empresario Febrer.

Por otra parte, se desarrollará a lo largo de este añó también la investigación sobre la causa de la Dana, que provocó la muerte de 230 personas, y en la que figuran como investigados tanto la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, como el 'número dos' de Emergencias durante la catástrofe, Emilio Argüeso. La jueza instructora, titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, ha rechazado hasta ahora la imputación de otros actores como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Aemet, al considerar que la Generalitat Valenciana era la responsable de las medidas de protección a la ciudadanía.

En cuanto a Carlos Mazón, desde que a finales de octubre la Audiencia Provincial permitió a a la jueza abandonar su extrema prudencia ante cualquier pesquisa que pudiera afectar al entonces president -como aforado, solo le puede investigar el TSJ-, la instructora ha tirado de todos los hilos posibles en todo su entorno y no solo ha citado a declarar a su núcleo duro, a los escoltas y chófer, o a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro, Maribel Vilaplana, sino que ha llegado hasta la salida exacta del vehículo de la comunicadora del aparcamiento,  la factura o el reservado de El Ventorro o incluso las imágenes de la llegada del expresident al Cecopi. La magistrada ha encontrado en los whatsapps de los máximos responsables otro filón para cercar a Mazón e incluso ha llamado a declarar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo el día 9 de enero por decir que Mazón le estuvo informando "en tiempo real".

También está en marcha otra investigación paralela en el juzgado de Instrucción 6 de Llíria por presunto delito de revelación de secretos relativa a la difusión de una llamada manipulada entre una operadora de Aemet y otra de la Generalitat Valenciana durante la Dana. Una versión que se hizo pública recortada en varios medios de comunicación y que buscaba desacreditar la actuación de la agencia estatal el fatídico 29 de octubre. Las pesquisas derivaron de una denuncia de la Fiscalía Provincial, a su vez basada en un escrito de la Aemet, porque aquella conversación tenía "carácter reservado". Por el momento, ya han declarado como testigos las dos trabajadoras y se está a la espera de que la Guardia Civil identifique quién pudo acceder a ese audio.

Investigaciones en Egevasa, Valencia Activa y Alboraya

Por otra parte, en 2025 se conoció la apertura de una investigación del juzgado de Instrucción 15 de Valencia sobre posibles irregularidades en contratos de la compañía mixta de aguas de la Diputación de Valencia, Egevasa. El juzgado acordó la apertura de diligencias tras una denuncia anónima que le hizo llegar la Fiscalía Provincial de Valencia y en la que se señalaban por posibles delitos de prevaricación, cohecho y fraudes y exacciones ilegales 24 procesos de contratación del período entre los años 2018 y 2022, bajo el gobierno provincial dirigido por el PSPV en coalición con Compromís.

Por el momento, desde Egevasa y la Diputación de València defienden la legalidad de las contrataciones y su fiscalización y transparencia. Tras abrirse la investigación y tras un año de pesquisas, ni el juzgado ha imputado a nadie ni el Ministerio Fiscal lo ha solicitado, pero se ha citado como testigos a tres cargos de Global Omnium, el socio privado de la compañía mixta. Según la denuncia anónima, que la Fiscalía acordó remitir al juzgado y en base a la cual se han abierto diligencias, la pretensión era, por una parte, "desviar fondos" de Egevasa a empresas participadas por Global Omnium, y por otra, "favorecer indebidamente la elección de proveedores relacionados o vinculados" al grupo privado "mediante licitaciones artificiosas a la participación en los procesos de licitación.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado abrir diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental contra el edil de Vox en el Ayuntamiento de València Juan Manuel Badenas, que hasta 2025 presidía la fundación municipal de empleo Valencia Activa. Se investigan varios contratos del ente, que tras conocerse las pesquisas ha sido disuelto por parte del gobierno municipal que dirige María José Catalá. Tras la visita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se tomó declaración a empleados y a uno de los dos subdirectores del ente. También a dos exgerentes este mandato.

Por otra parte, está finalizando también la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 19 de València sobre la construcción supuestamente irregular de una piscina municipal en Alboraya. La instalación, impulsada por el consistorio de l'Horta Nord, se llevó a cabo en una parcela del término municipal de València, cuyo Plan General califica el suelo como huerta protegida. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término de Alboraya, por lo que la controversia gira en torno a qué normas urbanísticas rigen, si las de un municipio u otro.

En la causa ya han prestado declaración varios invesgiados: el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, la concejala de Urbanismo, Ana Bru, y el arquitecto del despacho encargado del proyecto. También testigos como el jefe de sección administrativa de Planeamiento o el secretario de Urbanismo. El día de Nochebuena lo hizo también, en calidad de investigado, el exalcalde de València, Joan Ribó, quien dijo desconocer las irregularidades y recordó que las competencias en urbanismo eran de los exediles socialistas Vicent Sarriá y Sandra Gómez.