Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Intentar poner coto a la expansión de los pisos turísticos no es tarea fácil. Restringir su implantación conlleva farragosos cambios normativos, las limitaciones por barrios acaban por trasladar la problemática a otras zonas y, una vez aprobadas las modificaciones urbanísticas, pueden acabar judicializadas, y el control y la inspección para pillar a quienes operan ilegalmente son trabajos tediosos, especialmente si los medios para hacerlo son escasos. València ha sido un ejemplo de todo ello.
Si bien es cierto que la modalidad del apartamento turístico ya existía antes, la irrupción y expansión de las plataformas digitales y la rentabilidad del alquiler vacacional temporal han aupado el fenómeno de los pisos turísticos hasta convertirlo en motivo de debate político de primer orden en el último lustro. De hecho, las restricciones a las viviendas turísticas fue uno de los caballos de batalla en el seno de anterior gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV (con Podem entre 2015 y 2019), especialmente durante el último mandato.
Así, hasta llegar a la moratoria anunciada por el actual gobierno municipal esta semana, la respuesta política para acabar con la proliferación descontrolada no ha sido suficiente, a la luz de las estadísticas empleadas por el Ayuntamiento y que el sector cuestiona. Además de obligar a los propietarios a contar con un informe municipal de compatibilidad urbanística para inscribirse en el registro autonómico, el anterior ejecutivo local, cuya concejalía de Urbanismo dirigía el PSPV, impulsó restricciones especiales en los barrios más turísticos del Cap i Casal -que acabaron en los tribunales-, pero no llegó a modificar la normativa general para aplicar más limitaciones en toda la ciudad, tal como exigía Compromís.
El Plan General permite la implantación de viviendas de uso turístico por debajo de las plantas con pisos residenciales. Y el único cambio de la norma se produjo en 2018, cuando el gobierno de Compromís y PSPV flexibilizó las restricciones para permitir apartamentos hoteleros en plantas junto a otros usos no residenciales, lo que facilitó la proliferación en bajos comerciales. Por lo demás, los vetos del Ayuntamiento se centraron en el casco histórico -Ciutat Vella- y el barrio marítimo del Cabanyal.
Así, en 2020 aprobó el Plan Especial de Ciutat Vella, que declaraba la mayor parte del distrito -excepto el terciarizado Sant Francesc- de "prioridad residencial", lo que suponía la prohibición a nuevos usos hoteleros y apartamentos turísticos, y sólo permitía lo que llamaba "vivienda turística ocasional", aquella que se alquilaba hasta 60 días al año y con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. La asociación de viviendas turísticas Avaec recurrió el plan y el TSJ anuló esta tipología 'ocasional'.
En cuanto al Plan Especial del Cabanyal, en un principio la concejalía de Urbanismo planteó una restricción diferente según la zona del barrio, pero tras la presión de los colectivos vecinales se fijó una limitación del 10% por manzana. No fue hasta cuatro días antes de las elecciones cuando se aprobó esta regulación para el barrio marítimo, y la asociación de viviendas turísticas también la ha llevado a los tribunales, por lo que está a la espera de sentencia.
La judicialización de las restricciones en estos dos planes especiales es un precedente para futuras limitaciones que quiera poner en marcha el Ayuntamiento. Por ello, y tras la decisión del gobierno actual de aplicar una moratoria de un año en toda la ciudad, desde la concejalía de Urbanismo, que encabeza ahora el edil del PP Juan Giner, estudian junto a los servicios jurídicos municipales el marco normativo así como las numerosas sentencias existentes en este ámbito para alumbrar una nueva regulación con el suficiente sostén jurídico y evitar que acabe de nuevo en los tribunales.
Por lo demás, Compromís y PSPV protagonizaron divergencias notorias que dejaron en el cajón limitaciones de mayor calado. La coalición valencianista que lideraba Ribó exigía una moratoria en toda la ciudad para modificar el planeamiento y aprobar unas normas más restrictivas. De hecho, la concejalía de Vivienda, que dirigía la edil de Compromís Isa Lozano, llegó a anunciar una moratoria de dos años de licencias para bloques completos de apartamentos turísticos. Una medida que, avanzó, afectaría hasta a 37 barrios diferentes del Cap i Casal.
La idea no contó con el apoyo de los socialistas, que desde Urbanismo manifestaron dudas jurídicas y legales al asegurar que no se podía implantar una restricción de este calado de una forma generalizada, por lo que instó a "hilar más fino" y justificar la medida en cada zona. Vivienda redujo la afección a 11 barrios, comprendidos principalmente entre los distritos de Eixample, Extramurs, La Saïdia y Poblats Marítims, pero tampoco aceptaron los socialistas, que pedían un estudio previo para evitar la judicialización.
La edil de Urbanismo y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, replicó con la propuesta de ampliar el veto también a otro tipo de negocios como por ejemplo los fondos buitre o los edificios dedicados exclusivamente a oficinas, y a final de mandato encargó la realización del estudio. El mandato pasó y quedó en el aire.
Tampoco salió adelante la ordenanza que preparaba la concejalía de Turismo, dirigida también por los socialistas, de la que se llegó a conocer muy poco públicamente. Apenas algunos apartados del borrador publicados por Valencia Plaza, con los que el consistorio buscaba obligar a las plataformas de pisos turísticos y los propietarios a dar cierta información sobre su actividad a la administración para asegurar el control de la legalidad. El texto quedó sobre la mesa, y el nuevo ejecutivo trabaja sobre él, pero todavía no ha explicado en qué sentido.
Con todo, más allá de las restricciones que se puedan poner al sector, y en esto convienen en los diferentes grupos municipales, la proliferación de apartamentos turísticos que no cumplen con las normas urbanísticas ni están en el registro autonómico demuestra que se requiere de mucha más inspección. Ciertamente, la escasez de efectivos en el cuerpo de inspectores de la Generalitat Valenciana obligó el pasado mandato a suscribir un convenio con el Ayuntamiento de València para que la Policía Local se formara en esta materia y colaborara en la detección y sanción de pisos turísticos ilegales.
Tras el cambio de gobierno, se han creado cuatro grupos de inspectores en el área de Urbanismo y Licencias y las inspecciones han crecido un 120", según el ejecutivo local. La Policía Local de València ha interpuesto 156 denuncias a apartamentos ilegales en el primer primer trimestre del año, más del doble de las que se pusieron durante todo el año 2022 (73), mientras que en 2023 fueron 84.
