VALÈNCIA (EP). El PSOE, Unidas Podemos y ERC han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley de Foro Asturias que buscaba obligar al Tribunal Constitucional (TC) a argumentar y publicar sus admisiones e inadmisiones de recursos de amparo.
La iniciativa, defendida en la tribuna por el diputado Isidro Martínez Oblanca, sí que ha contado con el respaldo de PP y Ciudadanos, que han aprovechado su turno de palabra para denunciar "el asalto" del Gobierno al TC con la designación de dos ex altos cargos del Ejecutivo de Sánchez para ocupar silla en el tribunal de garantías constitucionales, el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general Laura Díez.
El diputado de Foro Asturias ha sostenido en su exposición que la sobrecarga de trabajo del TC no es óbice para evitar motivar suficientemente las inadmisiones de esos recursos. En la iniciativa tachaba de "inadmisible" que "una cuestión extrajurídica o práctica, como la carga de trabajo del Tribunal, prevalezca ante principios constitucionales como la motivación de las resoluciones judiciales".
Según Foro Asturias, el elevado porcentaje de inadmisiones, que llega al 97 por ciento de los recursos presentados, es "cuantitativamente alarmante" y "permite dudar de si el criterio para inadmitir es la especial relevancia constitucional --del caso concreto--, o si es en realidad es el volumen de asuntos que el Constitucional puede asumir".
A su juicio, se debe buscar un sistema que sea "factible y útil" porque no existen criterios sistemáticos y sólidos que concreten que convierte un caso en algo de especial relevancia constitucional, hecho que abre o cierra la puerta al estudio por parte del Alto Tribunal de los recursos que entran.
Entiende el diputado que, ante esta coyuntura, los letrados que presentan recursos de amparo ante el TC no se explican "cómo se puede perpetrar una infracción constitucional" en plena sede del órgano de garantías constitucionales. Por eso, hacía hincapié en la necesidad de que el TC motive por auto las inadmisiones y no por providencia.
Su propuesta es cambiar la ley del TC para obligar al tribunal a argumentar su decisión y así "establecer criterios objetivos y explícitos", que además serian públicos al imponer la difusión de esos autos.
Para el diputado socialista Juan Cuatrecasas, la iniciativa es inapropiada en este momento y ha llamado la atención sobre la sorprendente flaqueza en fondo y forma de la misma. Así, ha tildado de "ensoñación" pretender adaptar lo que se debate, reformar cómo se pronuncia el TC sobre recursos de amparo, con la realidad del órgano.
El PSOE entiende que es bueno que el TC "pueda rechazar de forma expedita mediante providencia" los recursos que inadmite porque se trata de aligerar la carga de trabajo. Con todo, ha defendido que el recurso de amparo es imprescindible para el estado democrático de derecho, pero ha criticado que se quieran poner "parches imprecisos" que no contribuyen a la agilización del órgano.
Desde el PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha resaltado que apoyan la iniciativa a pesar de que supondrá un mayor esfuerzo al TC ya que contribuirá a satisfacer las legítimas aspiraciones del recurrente en amparo de conocer las causas de la inadmisión.
Al hilo, ha explicado que esto redunda en una mayor seguridad jurídica, y ha añadido que se debe buscar el equilibrio entre la excesiva utilización de la vía del recurso de amparo y el actual sistema "que convierte el trámite en un obstáculo casi insalvable".
Si bien no era objeto de debate, el PP ha aprovechado para cargar contra el Gobierno afirmando que el TC "sufre hoy asalto por parte del Gobierno" por los nombramientos para el Alto Tribunal. "Dos perfiles de partido con el claro objetivo de controlar la mayoría de la institución de manera indisimulada", ha apuntado para luego añadir que es "grave y triste" porque pone en entredicho al tribunal.
Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos Edmundo Bal ha alabado la iniciativa pero ha matizado que llega en mal día, cuando se conoce la decisión de nombramientos del Gobierno, "las puertas giratorias perfectas entre la política y la judicatura".
La iniciativa, que finalmente no sale adelante, ha contado también con el apoyo de Vox y del PNV. Estos últimos han señalado que era buena para la tutela judicial efectiva y que no colapsaría el TC sin fundamento. El diputado del PDCAT Genís Boadella, que también era partidario de impulsar esta iniciativa ha indicado en su intervención que desde un punto de vista teórico la proposición "sin duda" contribuía a los derechos fundamentales y a la transparencia.
En las filas del 'no' a esta iniciativa se han sumado otros grupos como el de Unidas Podemos. Éstos, en boca del diputado Roberto Uriarte, han apuntado que si bien no están en desacuerdo con el objetivo, plantear este cambio sin dotarlo de medios "puede ser contraproducente".
En este sentido, ha insistido en que lo imprescindible hoy por hoy es desbloquear los órganos constitucionales y ha hecho un llamamiento a la Cámara para que se renueven los órganos constituciones "en tiempo y forma" y sin dejar el asunto en manos de "fontaneros" de partidos porque la situación es insostenible.
Por su parte, ERC ha apuntado que si bien la iniciativa era bien intencionada, era "poco operativa", por lo que también se ha decantado por rechazarla.
