VALÈNCIA. Educación ha sido una de las áreas en las que la oposición ha centrado sus envites al Consell del Botànic en esta legislatura. La apuesta de Compromís, PSPV y Podem por el aprendizaje del valenciano, la reducción de las ratios, la concertada o la eliminación de los barracones han sido temas centrales elegidos por PP y Ciudadanos para cuestionar la gestión del tripartito en cada sesión de control en estos cuatro años en Les Corts Valencianes.
Ahora, tanto oposición como los partidos que optan a mantenerse al frente del Ejecutivo, tienen la opción de incluir en sus programas electorales los modelos que implementarían si gobernaran a partir del próximo 28 de abril. Propuestas en las que las formaciones de la oposición dan continuidad a los planes diseñados por el Ejecutivo valenciano saliente a pesar de haberlas cuestionado estos años, y otras más innovadoras; tanto, que no se profundiza en exceso en cómo se llevarán a cabo.
Si en algo coinciden todos los partidos políticos es en la urgencia de acabar con los barracones. PSPV, Podem y Compromís se fijan esta meta partiendo del Plan Edificant que pusieron en marcha en octubre de 2017, pero también el PP de Isabel Bonig quiere aprovechar este instrumento para construir y reparar centros educativos en la Comunidad Valenciana.
En su hoja de ruta, los populares detallan como uno de los objetivos "recuperar la competencia plena de la Generalitat para la construcción de centros, manteniendo la colaboración con los Ayuntamientos y marcando las prioridades del programa Edificant". Lo que, en definitiva, supone asumir intrínsecamente que se continuará con él y reconocer las bondades de este proyecto como herramienta para eliminar del mapa las aulas prefabricadas que dejó Ciegsa; mercantil pública encargada de construir colegios en la época del PP que generó numerosos sobrecostes y que, cabe señalar, solo Ciudadanos ha especificado en su programa que debe eliminar en el siguiente mandato "en cuanto sea posible". En la legislatura actual no pudo hacerse porque la empresa debía culminar las obras que tenía atribuidas.
En este sentido, conviene recordar que el PP no se fiaba del Plan Edificant y firmó junto a Podemos -al final terminaron sumándose todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento valenciano- una moción para que la Conselleria de Educación presentara informes semestrales sobre el grado de ejecución de las obras y que obligaba al responsable del departamento de Campanar, Vicent Marzà, a comparecer en la cámara también con la misma frecuencia. También en previsión justamente de que interventores o secretarios de ayuntamientos pudieran poner reparos a sumarse al plan, respondiera siempre en último término la Conselleria de Educación.
A diferencia del resto, el partido de Toni Cantó, que también se fija como uno de los principales objetivos suprimir las aulas prefabricadas, no cita Edificant.
La lengua ha sido otro de los arietes utilizados por la derecha en la Comunitat. PP y Ciudadanos han cuestionado el decreto de plurilingüismo -o chantaje lingüístico, como preferieron bautizarle- y posteriormente la ley rediseñada por socialistas, valencianistas y morados. En alguna ocasión han llegado a asegurar que no se da ni una sola hora de castellano en algunas escuelas.
Por ello, tanto el partido de Albert Rivera como el de Pablo Casado en la Comunitat, consideran que deben escudar esta lengua y ampliar el conocimiento de una tercera, el inglés. El primero propone "garantizar enseñanza de español en todas las escuelas y el valenciano que marca el Estatuto de Autonomía", así como "reforzar aprendizaje de inglés con un curso intensivo en julio para que alcancen nivel de C1"; el segundo, libertad en la elección de centros y líneas lingüísticas, e "incrementar en un 30% el inglés en centros sostenidos con fondos públicos". También aseguran que garantizarán a los profesores "recursos" para que el 80% disponga de un nivel B2 en esta lengua, pero no especifican cómo.
A partir de la educación obligatoria, el PP propone, además, que el 25% de las asignaturas que se impartan en las carreras universitarias sean en inglés para asegurar que todos los estudiantes adquieran un nivel B2.
Por su parte, PSPV, Compromís y Podem quieren ampliar la educación gratuita de 0 a 3 años, continuar rebajando las ratios, mantener Xarxa Llibres y reducir la tasa de interinos.
Más allá de los lugares comunes entre todos los partidos -supresión de barracones- o entre bloques -la lengua en Cs-PP y políticas más sociales para el tripartito-, el resto de compromisos son variopintos. Desde iniciativas más drásticas como la reversión de los centros educativos concertados y la consiguiente "no cesión de suelo público para uso privado" que pide Podemos, hasta otras más conservadoras como la promoción de asignaturas y actividades extraescolares que profundicen en las señas de identidad que pretenden los populares.
Como medida estrella, Compromís ha lanzado como medida estrella que los comedores escolares sean gratuitos en la próxima legislatura de manera que se fomente una alimentación saludable y se "potencien los productos de proximidad y ecológicos"; Podemos eliminar los elementos simbólicos confesionales o ideológicos, la asignatura de religión, ponerle nombre de mujeres a colegios y una Ley Valenciana de Educación. Sin lugar a dudas, resulta elocuente el compromiso de Ciudadanos con implantar una suerte de MIR como el que superan los médicos para los docentes, un examen al que denominarían DIR (Docente Interno Residente) que sería "indispensable" para impartir clase.
Mientras el partido que lidera Antonio Estañ quiere suprimir los conciertos, el Partido Popular se propone ampliarlos a todos los bachilleratos de aquellos centros que sean ya concertados y Ciudadanos renovar los vigentes, pero a la vez quiere "garantizar la gratuidad de la educación concertada evitando el cobro por parte de los centros concertados de cuotas sin sustento legal que puedan excluir a las familias con menos recursos".
Respecto a la etapa universitaria tres han sido los anuncios más significativos por parte de los diferentes partidos. El PSPV promete matriculas gratis para aquellos que aprueben todas las asignaturas en la universidad; para Compromís esto supone ahondar en las desigualdades, ya que las becas, apuntan, deben ir dirigidas a permitir el acceso universitario a las personas de clase social más baja. En su lugar, ponen sobre la mesa otro modelo: un nuevo sistema de tasas progresivas en función de la renta.
En este punto, Ciudadanos aspira a gobernar para financiar a las universidades que tengan mejores resultados. Y ante una legislatura marcada por los masters no cursados por algunos políticos y en la que han sobrevolado los "plagios" en tesis doctorales, los naranjas quieren implantar un Consejo de Transparencia en las universidades para "perseguir el fraude y las prácticas de deshonestidad académica y plagios", así como fijar la "obligatoriedad de que las universidades hagan públicos y accesibles los trabajos que otorguen un título oficial y posibiliten la consulta tanto grados, como masters y doctorados". Algo que podría chocar con la Ley de Protección de Datos.