RTVV mantiene su posición de fuerza para abandonar sin coste la sede de Alicante

VALENCIA. El segundo informe de la Comisión de Liquidación de RTVV SAU aclara la posición de fuerza de la corporación frente a la encrucijada que la mantiene ligada a su sede en Alicante, el antiguo Centro de Producción de Programas (CPP) por el que paga 30.000 euros al mes en virtud de un contrato firmado por el anterior Consell del que ahora intenta librarse.

Tal y como aseguraba el primero de los documentos emitidos por Francisco Gómez, Ignacio Baixauli y Agustín Arenas, los liquidadores de la empresa pública habían iniciado la negociación con Mizquitillas S.L. para la solución del contrato. Éste, negociado en un régimen de confidencialidad que -en boca de los liquidadores- "dificulta el proceso", obliga a asumir los costes de alquiler y el mantenimiento hasta el 31 de julio de 2035.

La principal diferencia a partir de lo publicado en el nuevo informe es que esas negociaciones "están avanzadas para poder alcanzar un acuerdo que permita su entrega y evitar un nuevo pleito". En las últimas semanas se hizo público, a través de medios como Diario Información o Voz Pópuli, que la Generalitat había cumplido su amenaza de dejar de pagar al propietario del suelo.

Este lunes, en la comisión de RTVV en Les Corts, los liquidadores explicaron que la Generalitat ya acumula ocho meses sin pagar el alquiler y así piensa continuar. Esta medida de presión con la que se busca forzar al propietario a que se avenga a pactar la rescisión del contrato cuenta, según aseguraron, con el aval de la Abogacía de la Generalitat. "No tenemos duda de que lo podemos dejar sin abonar cantidad alguna", manifestaron.

RTVV SAU, sumergida en un proceso de liquidación, ha extraído todos los equipos técnicos que allí se encontraban, tal y como ya publicó Valencia Plaza, como medida de fuerza para que la empresa presidida por José Ventura Martínez García acepte el fin del contrato, quedándose la propiedad -tal y como así se acordaba en el mismo-, pero liberando a las arcas valencianas de seguir aportando dinero a tal efecto sin el menor objeto mercantil.

En su segundo informe, los liquidadores refrendan las medidas de presión con la confirmación por parte de la abogacía de la Generalitat a la estrategia. Ese posicionamiento, hecho público, hace todavía más patente la posibilidad jurídica de encontrar un entendimiento con el arrendador. Los liquidadores llegaron a hacer público que incluso se había estudiado "la posibilidad de demandar al arrendatario" una compensación por el hecho de recuperar la titularidad del solar con la edificación costeada por la Generalitat antes de, plazo previsto. 

Esperan la respuesta del propietario

Actualmente, "estamos a la espera de una respuesta", aseguraban ayer los responsables de la liquidación de RTVV SAU, convencidos de una solución pactada al contrato. Firmado en 2002, el copromiso ineludible es -sigue en vigor- de un alquiler para los próximos 33 años, prorrogable 17 más y quedando la propiedad finalmente en manos de la empresa de sede alicantina Mizquitillas, S.L. El edificio, que costó 4,48 millones de euros, tuvo además un sobrecoste del 36% en la obra.

El precio del alquiler, que superó los 30.000 euros al mes en 2014 por motivos que todavía se desconocen, llegó a provocar conjeturas por parte de la Administración autonómica para diferentes usos en caso de no poder salvar el match ball de la solución de contrato. "Ninguna Administración Pública" ha "mostrado interés por subrogarse al contrato", decía el primer informe, que mostraba así la posibilidad que otra de las empresas públicas o equipos de la administración hicieran uso del edificio, tratando de dar sentido al notable gasto que todavía sigue su curso en un edificio vacío de actividad. 

Con el apoyo de la abogacía de la Generalitat, parece que finalmente los citados responsables esperan una respuesta negociada al extenso y confidencial contrato.