Foto: I. CABALLER/CORTSVALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes presentó durante el año pasado un total de 42 informes de fiscalización, 27 de ellos de ámbito autonómico y universitario y 15 relativos a administraciones municipales.
Así consta en su memoria anual, presentada a Les Corts, que recoge el cumplimiento de su programa de actuación y la validación externa por parte de la Cámara de Cuentas de Aragón de que "la calidad de los informes está fuera de toda duda".
Este programa se amplió en noviembre con un informe sobre la deuda de la Generalitat, tras la petición de la comisión de investigación sobre la deuda pública de la Comunitat creada por el parlamento autonómico.
En general, según destaca la Sindicatura, durante el año pasado siguió "con buen ritmo" su actividad fiscalizadora a pesar de las dificultades por la pandemia.
En el ámbito autonómico se emitieron cinco volúmenes correspondientes a la cuenta general de la Generalitat de 2020 con sus 17 informes específicos, incluyendo el de contratación con énfasis en las compras derivadas de la COVID-19 y el de las subvenciones por los efectos económicos de la pandemia.
Se realizaron auditorías de las cuentas de 2019 de Les Corts, del plan de infraestructuras judiciales de 2018 a 2020, de la actividad crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 2020, del plan de transformación digital de la Generalitat de 2016 a 2019 y de la gestión del personal de la Conselleria de Sanidad en esos años.
También se elaboró un informe especial sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos en 2018, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, y se fiscalizó el control formal de las cuentas de las universidades públicas junto a una auditoría del cumplimiento de la legalidad de la Universitat de València en 2020.
A nivel local se emitió un informe global sobre el control interno de los ayuntamientos con entre 20.000 y 25.000 habitantes de 2017 a 2019, junto a la fiscalización de la cuenta general de las entidades locales de 2019, una auditoría de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) de 2020 o los contratos del sector público local en 2018 y 2019.
Se realizaron auditorías de los controles básicos de ciberseguridad, de la gestión del alumbrado público exterior de los municipios entre 2015 y 2019, del endeudamiento financiero del Ayuntamiento de València en 2018 y 2019 y de las inversiones de las diputaciones en las entidades locales de 2017 a 2019.
En 2021 también se actualizó el inventario de entes sujetos a fiscalización, con 120 autonómicos, 875 locales y uno multinivel hasta un total de 996 a finales de año.
Por otro lado, la memoria recoge una valoración positiva de la adaptación al teletrabajo por parte de los 94 trabajadores de la Sindicatura y hasta 135 programas y proyectos para mejorar la seguridad de sus tecnologías de información y comunicación. La negociación de la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) acordada en 2021 y aprobada a principios de 2022 tuvo en cuenta estas necesidades.
Incluye además un informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad encargado a la Cámara de Cuentas de Aragón, que concluye que la gestión del presupuesto y la actividad se adecuó a la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, excepto por las incidencias sobre la ausencia de publicidad en el perfil del contratante de determinados contratos públicos inferiores a 5.000 euros y sobre el control interno económico-presupuestario de 2021, ambas enmendadas.
El análisis de la entidad aragonesa recomienda la puesta en marcha de la función interventora de la Sindicatura, aunque reconoce que no está obligada por ley. Otras recomendaciones son la aprobación de manuales internos para la gestión financiera y presupuestaría, una función atribuida al responsable de gestión económica -la provisión de este puesto está en curso-, la especificación de las normas de evaluación para las retribuciones y la publicación en formato reutilizable de la información del portal de transparencia, algo que ya se ha atendido.
Paralelamente, Sindicatura realizó una ciberauditoría interna sobre sus estándares tecnológicos, de seguridad y procedimentales, con la intención de programar y priorizar las líneas de mejora. Este análisis, realizado por la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI), persigue acreditar en 2023 una certificación de seguridad de nivel medio.
A nivel interno, el Consell de la Sindicatura se reunió en 38 ocasiones en 2021 y el personal realizó 16 acciones formativas propias y 22 externas.
