VALÈNCIA (EFE). Los lanzamientos o desahucios practicados en la Comunitat Valenciana bajaron un 13,4 % en el segundo trimestre en la Comunitat Valenciana respecto al mismo periodo de 2021, tanto por impago de alquiler (-9,7 %) como por ejecución hipotecaria (-20,3 %).
En cifras absolutas, en el conjunto de la Comunitat se practicaron 1.524 lanzamientos entre abril y junio, de los que 966 fueron debido al impago del alquiler y 511 obedecieron a ejecuciones hipotecarias, en tanto que el resto, 47, respondieron a otras causas, según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis, del Consejo General del Poder Judicial, dados a conocer este miércoles.
En España, el número de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre del año alcanzó los 10.816 procedimientos, un 6,5 % menos que en el mismo periodo de 2021. El informe revela que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron un 16,6 %, y los de impago del alquiler, un 2 %; estos últimos representaron el 72,8 % del total, con 7.871 operaciones.
Otros 2.377 –el 22 %- obedecieron a ejecuciones hipotecarias, y los 568 restantes a otras causas.
La comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos fue Cataluña, con 2.414, equivalente al 22,3 % del total, seguida de Andalucía, con 1.922; la Comunitat Valenciana, con 1.524, y Madrid, con 999.
Cataluña fue también la región donde se practicaron más lanzamientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos, 1.809 o el 23 % del total; a continuación se situó Andalucía, con 1.313; la Comunitat Valenciana, con 966, y Madrid, con 862.
Por lo que respecta a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la valenciana se situó en primera posición, con 511, seguida de Andalucía, con 470; Cataluña, con 402, y Murcia, con 228.
En relación con la población, la tasa de la Comunitat Valenciana es de 10 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes y de 19 por cada 100.000 habitantes en los que devienen de la LAU.
Por provincias, en la de Alicante fueron 684 los lanzamientos totales practicados entre abril y junio de 2022, un 15,2 % menos que en el mismo trimestre de 2021; en . En Valencia fueron 615, un 19,1 % menos; y Castellón practicaron 225 lanzamientos, un aumento interanual del 16 %.
El informe, explica el CGPJ en una nota, incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.
Los datos disponibles indican que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2022 fue de 17.134, un 7,9 % menos que en el mismo trimestre de 2021; de ellos, 9.185 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 1 %.
Entre abril y junio de 2022 se presentaron un total de 1.043 ejecuciones hipotecarias en la Comunitat Valenciana, es decir, procedimientos para exigir el pago de una deuda garantizada por prenda o por hipoteca. Estas 1.043 ejecuciones significan una reducción interanual del 18,2 %.
Las cifras sitúan a la Comunitat en la segunda posición del país en cuanto a la tasa que relaciona el número de ejecuciones presentadas por cada 100.000 habitantes, con un cociente del 20,5, solo por detrás de Murcia, que registró una tasa de 25,7.
Por provincias, los datos reflejan que en la de Alicante se presentaron 538 ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre del 2022, un 21,5 %; en Valencia se presentaron 411, un 10,3 % menos; y en Castellón fueron 94, un 28,8 % menos.
El CGPJ dispone, desde el tercer trimestre de 2018, de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
Entre abril y junio ingresaron en los órganos judiciales 779 procedimientos de este tipo, un 26,2 % menos que el año anterior, y se resolvieron 820.
También en este indicador Cataluña fue la comunidad con un mayor número de demandas –178-, que representan el 22,8 % del total nacional; inmediatamente por detrás se situaron Andalucía, con 148; la Comunitat Valenciana, con 114, y Madrid, con 59.
Los 114 procedimientos representan un 2,6 % menos que el año anterior, y de ellos se resolvieron 112.