El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, a las puertas de los juzgados. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El interventor de la Diputación de Valencia entre 2010 y 2015, Ricardo Camarena, ratificó ayer ante el juez que investiga el conocido como caso Taula el "descontrol total" de facturas en la empresa pública Imelsa, dependiente de la corporación provincial.
Camarena fue citado como testigo a petición de la asociación Acción Cívica contra la corrupción, que ejerce la acusación popular en parte de la causa, y su interrogatorio se ciñó a la última etapa de Marcos Benavent -principal confidente de los investigadores- al frente de Imelsa.
Según fuentes conocedoras de la declaración, admitió que, desde que él entró a la diputación como interventor, comprobó la escasa fiscalización que se aplicaba a multitud de facturas de la corporación y se negó a que algunas de ellas se pagaran. Motivo por el que, señaló, se llegó a reunir con el exdirector financiero de la empresa pública, José Enrique Montblanch, para advertirle de ello.
A partir de los Presupuestos de 2011, detalló que impulsó un mayor control al pedir a los responsables de Imelsa que avalaran con su firma las facturas para que de esta manera alguien asumiera los posibles errores futuros.
Esta carencia de control financiero contribuyó, según han apuntado los investigadores del caso, a las actuaciones bajo sospecha dentro de la diputación, como las supuestas mordidas a través de las adjudicaciones o las contrataciones irregulares de personal.
Camarena dimitió en 2015 ante la intención de destituirlo del nuevo equipo de la corporación provincial que lideraba Jorge Rodríguez. Su nombramiento, firmado por el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus al tratarse de un cargo de libre designación, estuvo envuelto de polémica puesto que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo anuló hasta tres veces al no encontrarlo suficientemente motivado.
