VALÈNCIA. La última parte de la investigación del caso Azud señala al exjefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, como uno de los conseguidores clave para el PSPV por su estrecha vinculación con el partido aunque no ostentara cargo orgánico. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que llegó a gestionar una comisión de dos millones de euros a través de una operación urbanística en Xixona. Un millón habría ido a parar directamente al partido y parte de él se habría destinado a sufragar en B las campañas electorales de 2007 y 2008.
En la causa de Azud, recuerda la Guardia Civil, se investiga una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno del Grupo Axis, perteneciente al empresario Jaime Febrer, consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos en diversas administraciones.
En este contexto, la UCO ha indagado en numerosas operaciones concretas, principalmente urbanísticas, que habrían motivado el pago de estas comisiones. Una de ellas es el desarrollo del Programa de Actuación Integrada (PAI) El Espartal, en la localidad alicantina de Xixona. Éste se prolongó durante un amplio periodo temporal, entre 2004 y 2008.
Durante este tiempo, dicen los investigadores en su último informe, uno de los problemas que tuvo que solventar el grupo fue el relacionado con la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos debido a una exigencia normativa derivada de la modificación de la Ley Urbanística Valenciana. Para ello inició varias líneas de resolución con la captación de aguas subterráneas e inyección de salmuera, con la firma de acuerdos con comunidades de regantes o con acuerdos con empresas de suministro de aguas.
La opción que finalmente se llevó a término fue, sin embargo, la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Xixona. El objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel -Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona. Pese a que este convenio resulta a priori ajeno al Grupo Axis, dado que en él participan la empresa pública y el consistorio (gobernado por el PP), los elementos recopilados a lo largo de la investigación evidencian –según la UCO– que la firma del mismo habría sido auspiciada por parte del citado grupo.
Para ello, señala el informe, habría contado principalmente con José Luis Vera, una persona "estrechamente vinculada al PSPV". Aparentemente, y con esa condición, la Guardia Civil cree que habría tenido capacidad sobre diversos procedimientos administrativos a través de terceros. En este caso, a través del que en ese momento era director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro. "Ambos habrían viabilizado la firma de este convenio, que posibilitó la continuación de la tramitación administrativa del PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos".
Por esta actuación, en dos reuniones celebradas en febrero y marzo de 2007 entre José Luis Vera y Jaime Febrer, la UCO sostiene que se habría acordado el pago de una comisión por importe de dos millones de euros: un millón para Vera y otro millón para el PSPV.
Tal y como se desprende de la investigación desarrollada, para el abono de ese dinero se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta y en opinión de la Guardia Civil, habrían tenido la aparente finalidad de "encubrir el origen delictivo de los fondos": firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios, entre otras.
Así, en el caso de Vera la UCO indica que se rubricaron dos contratos que tendrían ese objetivo de dotar de apariencia de legalidad a los pagos efectuados. Ambos se firmaron el mismo día (el 25 de mayo de 2007): uno entre una mercantil del Grupo Axis y Vera como persona física, y otro entre las sociedades Vera Llorens SLU y Gigante Edificaciones y Obras. Este segundo se encuentra concatenado, a su vez, con otro contrato, también simulado, firmado entre las sociedades Gigante Edificaciones y Espacios Urbanos de Jijona. En el marco de estos contratos, el Grupo Axis desembolsó a Vera un total de 563.500 euros, emitiendo para ello diversa facturación ficticia de acuerdo con la UCO.
La parte de esta comisión que habría tenido como destinatario al PSPV, afirman los investigadores, se habría satisfecho abonando diversos servicios a diferentes proveedores de este partido. La operativa se habría efectuado tanto directamente desde sociedades del Grupo Axis como interponiendo nuevamente a la mercantil Gigante Edificaciones.
En este segundo caso y al igual que sucedió con Vera, el origen de los fondos transferidos por Gigante Edificaciones a los proveedores del PSPV proviene de Espacios Urbanos de Jijona, que a su vez los habría canalizado hasta Gigante a través de facturación ficticia, destaca el informe. Las cuantías que se investigan ascienden a los 615.823,5 euros.
Respecto a los pagos que se efectúan interponiendo a Gigante, la UCO expone que el análisis de los productos bancarios titulados por esta sociedad permitió identificar transferencias a cinco mercantiles cuyo objeto social se encuentra vinculado con la publicidad por importe de 484.480,46 euros. También una serie de retiradas de efectivo que podrían haber sido igualmente destinadas en parte a ellas.
Tras practicar diligencias en dos de estas mercantiles, la Guardia Civil ha determinado que pagos por unos 135.000 euros se efectúan en beneficio del PSPV.