En enero de 2012 el capitán Francesco Schettino hizo naufragar el crucero Costa Concordia al desviarlo de su ruta para acercarlo a la isla de Giglio, cerca de Civitavecchia, con el fin de complacer a su jefe de cocina, natural del lugar. Tras el choque contra una roca, el capitán italiano se subió a un bote salvavidas y abandonó a su suerte a cientos de personas que tenían preferencia para subir a esos botes. El audio de la conversación de esa noche del comandante en tierra –"¡suba al barco, es una orden!"– con Schettino, que no regresó a bordo, causó primero estupor y luego las inevitables chanzas que avergonzaron a Italia. Hubo 32 muertos y el capitán fue condenado a 16 años de cárcel, entre otras cosas por comportarse como las ratas al abandonar el primero el barco.
Estupor y vergüenza ajena –y los inevitables chistes– han provocado estos días cientos de alcaldes, concejales, generales del Ejército, directivos de centros médicos, liberados sindicales que se pasaron por el hospital el día que pinchaban después de meses de no aparecer por allí, familiares, amiguetes y lo que nos queda por ver, que se subieron al bote salvavidas de la vacunación reservado a ancianos y personal de las residencias y a los sanitarios que se está jugando la vida para salvar las de los demás.
Uno ve en esta actitud varios posibles delitos: uno de malversación por parte de los responsables de la vacunación que se apropiaron de un bien público destinado a otras personas; otro contra la salud pública –cientos de personas siguen desprotegidas porque la dosis "sobrante" que les tocaba se la pusieron otros–, y un tercero, en el caso de los alcaldes y otras autoridades, de cohecho pasivo impropio –el mismo por el que fue juzgado y absuelto Camps por los trajes–, puesto que la vacuna se les regaló 'por ser vos quien sois'.
Pero el Ministerio Fiscal está más desaparecido que Pedro Sánchez desde que sentenció que habíamos derrotado al virus, lo que ha llevado a los caraduras a pensar que en la España en la que nadie dimite la tormenta política iba a durar menos que la Filomena. Concretamente, hasta que estallase la siguiente polémica y se desviase la atención. Solo la presión popular ha hecho que empiecen a producirse dimisiones; poquísimas, el consejero murciano de Salud, un par de directores de hospitales en el País Vasco, el Jemad...
La tibia reacción inicial de los partidos –antes de exigir dimisiones tenían que asegurarse de que sus líderes no estaban en la lista de sinvergüenzas– contrastó con la equivocada contundencia de Ximo Puig, que en lugar de atacarlos por la vía política ordenó a Sanidad que no pusiera la segunda vacuna a los jetas que ya tenían la primera, lo cual es jugar con su salud, y tampoco es eso. Los médicos no lo ven una buena idea y hasta Fernando Simón censuró la ocurrencia del Molt Honorable, en un nuevo episodio del desencuentro entre el Ministerio de Sanidad y la Generalitat.
El escándalo ha dejado en segundo plano otros errores cometidos en la campaña de vacunación de la que el Gobierno continúa sacando pecho con una autocomplacencia basada en hechos irreales, como es costumbre. No dirán que no han tenido tiempo para prepararla.
Errores como no tener las jeringuillas apropiadas para obtener una sexta dosis de los viales de Pfizer. La European Biosafety Network advirtió en julio de que en una campaña de vacunación a gran escala el aprovechamiento de las dosis es crítico, por lo que era necesario proveerse de jeringuillas que permitiesen ese aprovechamiento. Pues muchas CCAA, entre ellas la valenciana, se han enterado seis meses después cuando ya han desperdiciado miles de dosis, y andan ahora desesperadas por comprar las jeringuillas en un mercado que volverá a hacer de la necesidad negocio.
Más grave aún es la carrera que emprendieron algunas comunidades por ponerse la medalla de "más vacunadoras" mientras arreciaban las críticas a Madrid por estar a la cola. A la cola voluntariamente, porque era una estrategia: reservar la mitad de las vacunas recibidas para asegurarse disponer de la segunda dosis, dado que la cadena de suministro no estaba asegurada por parte de Pfizer. La misma estrategia que siguió el País Vasco y, en menor medida, otras regiones, aunque las críticas fueron solo para la "desleal" Ayuso.
Ahora que la cadena de suministro ha fallado, las CCAA que lideraban la carrera, con la Comunitat Valenciana en lo alto del cajón, no tienen suficientes reservas para la segunda dosis, por lo que el ministerio ha tenido que redistribuir las nuevas entregas, reduciendo el porcentaje de quienes se guardaron la segunda dosis, para asegurar el abastecimiento a los campeones de la improvisación.
En la Conselleria de Sanidad culpan a Illa, que les animó a poner cuantas más vacunas mejor cuando aquí la estrategia inicial era la misma que en Madrid y País Vasco. El ministro dijo el 4 de enero, preguntado por el retraso de Madrid, que "lo que está planificado es que las dosis que se vayan recibiendo se vayan administrando". Si todas las CCAA le hubiesen hecho caso al ministerio, ahora no habría reservas en España para poner la segunda dosis ni con las remesas que están por llegar.
Los diagnósticos y recomendaciones del tándem Illa/Simón empiezan a ser peligrosos, por contraproducentes. El experto de cabecera dijo hace seis días: "Los datos que manejamos nos indican con bastante claridad que estamos llegando al punto álgido de la curva o que, incluso, lo hayamos superado". Desde entonces no ha dejado de subir, pero la previsión nuevamente errónea le vino de perlas al todavía ministro para volver a rechazar el miércoles medidas más restrictivas para evitar un colapso sanitario del que parece no ser consciente.
La realidad son camas en cafeterías y capillas, quirófanos y paritorios habilitados como UCI, miles de sanitarios contagiados o en cuarentena, más del 80% de las camas de críticos ocupadas, solo 'aliviadas' por los casi cien muertos diarios... Y responsables de Urgencias que buscan a la desesperada una UCI en otro hospital porque en el suyo ya no caben.
Renfe habilitó en abril tres trenes medicalizados para trasladar enfermos críticos a UCI de otras autonomías. Los tenía aparcados en Atocha, solo hay que llamar a Ábalos y que mande alguno para la Comunitat Valenciana. Están para salvar vidas. A ver si los utilizan y no pasa como en la primera ola.