VALÈNCIA. La complicada vida de la Actuación Territorial Estratégia que se le concedió al Valencia para que retomara las obras del Nou Mestalla y cuyo proceso de caducidad anticipada inició el pasado mes de noviembre el Consell tiene otra compleja variable: las multas. Según pudo confirmar este periódico, decaerán cuando desaparezca la ATE (si es que finalmente lo hace).
Se cumplirá así la idea inicial de la Generalitat y se da por bueno el criterio jurídico de que siendo la caducidad la penalización mayor para el promotor no cabe otra. Al mando de la operación, está la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Pero la ATE no ha desaparecido aún (de hecho le quedan meses para hacerlo si se cumple el mejor escenario planteado por el gobierno valenciano) y por tanto tampoco las multas, que en este triángulo entre club y administraciones pasan a ser 'comodines' para ambas partes. Aunque nada fáciles de usar.
Con la presentación a la Generalitat de su nuevo proyecto para acabar el estadio hace unas semanas, el club incluyó la petición (de momento denegada) de que no se caducara la ATE e insistió en una ampliación de cinco años y en una reprogramación, algo que ya solicitó hace ahora un año y que le fue denegado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. El Valencia recurrió esa decisión en la justicia ordinaria, que aún no se ha pronunciado. El movimiento del club 'avanza' que no tiene problemas en ir a los tribunales si se siente perjudicado.
La entidad envió sus planes porque el Consell le dio 90 días desde que puso en marcha el fin anticipado de la ATE comprometiéndose a estudiar salvar los beneficios urbanísticos del proyecto pero ya sin su herramienta principal si el proyecto era creíble y solvente financieramente. Se da por hecho que el club irá a los tribunales si no se queda satisfecho con la decisión que tome la Generalitat, es decir si no le mantiene esa edificabilidad extra en la parcela del antiguo Mestalla o si se le mantiene pero quiere que sea dentro de la ATE. Eso implica tiempo y un resultado incierto. Ese es el complejo contexto en el que las multas juegan un papel importante.
Política Territorial propuso el pasado mes de junio una multa de 2,3 millones por incumplimientos en los plazos de la fase I de la ATE, que incluía que la empresa Expo Grupo SA construyera un hotel en el solar del Nuevo Ayuntamiento antes de junio de 2018. Pero, además, cuando en agosto acabó el plazo de seis años que tenía para acabar el estadio, el departamento de Arcadi España inició el proceso para imponer una segunda multa, que le podía salir bastante más cara. En su día, desde la Conselleria dieron por seguro que sería del más de diez millones de euros y no andaban desencaminados. La normativa marca el 10% del presupuesto total de la parte incumplida y hace unas semanas el club presentó un proyecto para finalizar el estadio por 110 millones de euros, así que el importe según ese criterio sería de once millones. Pero ambos procesos se pararon.
No obstante, aún quedarían por 'multar' la fase II.2 (demolición del actual Mestalla antes de septiembre de 2023) y la fase II.3 (la construcción de los edificios de esa zona y su urbanización antes de ese mismo mes en 2025). Los 13,4 millones ya contabilizados pueden ser bastantes más.
Un factor clave en el uso del comodín de las multas es su importe comparado con el dinero que se juega el club con la ATE (más allá de la seguridad jurídica que esta le aporta). Es clave es esta historia la valoración que se haga de esa mayor edificabilidad concedida, que en su día el club cifró en unos veinte millones de euros.
El Valencia tiene la carta de los tribunales pero puede acabar pidiendo a los jueces que vuelva a estar vigente una ATE que podría recuperar importantes multas en su contra. Jurídicamente no sería sencillo para la administración recuperarlas y lograr cobrarlas. Eso también lo sabe el club y menos tras haber mostrado su intención de retomar las obras. Pero el Consell también puede jugar la baza del regreso de esas multas para que el club acepte los beneficios sin el paraguas general del instrumento y se comprometa a no ir a los tribunales. Continuará.