Foto: EFEVALÈNCIA (EFE). El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución recordando a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública su deber legal, como empleador, de proteger al personal laboral a su servicio frente a la covid-19.
En un comunicado, el síndic ha instado a Sanidad a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de todos los centros sanitarios, socio-sanitarios o sociales -públicos y concertados- dotándoles de los equipos de protección individual adecuados por la exposición al virus.
Así se ha pronunciado tras cerrar la investigación de una queja presentada a finales de marzo por el presidente autonómico del Sector Sanidad de la Comunitat Valenciana del sindicato CSIF, que denunciaba que desde el pasado 31 de enero había dirigido varios escritos a la Conselleria de Sanidad en los que solicitaba medidas de protección a los trabajadores de instituciones sanitarias en relación a la pandemia, como mamparas acristaladas separadoras y EPIs, al igual que información de los pasos a seguir y protocolos.
El sindicato también manifestaba que había informado de la carencia de guantes, mascarillas quirúrgicas, FPP2 y FPP3 y desinfectante, sin haber recibido respuesta expresa de la administración sanitaria a ninguno de sus escritos.
Sin poner en duda los esfuerzos de la Conselleria, así como las dificilísimas circunstancias del aprovisionamiento de material que se ha ido llevando a efecto, el síndic echa en falta que Sanidad haya hecho constar en un informe los suministros concretos de EPIs, tal y como reclamaba el autor de esta queja.
Asimismo, Luna ha destacado el hecho de que se siga en una situación delicada desde el punto de vista de salud pública, con nuevos rebrotes en la Comunitat Valenciana, a nivel nacional e internacional, lo que obliga a extremar los riesgos probables que se deriven de esta situación.
"La normativa de prevención de riesgos laborales impone la obligación legal a la Administración, como empleadora, de proteger a los trabajadores, lo que conlleva necesariamente también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo con las mínimas e imprescindibles condiciones de seguridad para su salud", apunta.
"De no hacerlo, sin que resulte justificada tal conducta, infringe la normativa de prevención de riesgos laborales, pero además ello conlleva poner en peligro a los trabajadores, que quedan expuestos a un riesgo grave para su salud previsible, evitable o minimizable, pudiendo incluso lesionarse la vida", ha advertido Luna.
