VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha aprobado el proyecto de ley que fija la futura estructura productiva agraria valenciana, y lo remite a Les Corts para su deliberación y votación.
El proyecto de Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana será el nuevo marco legal general que buscará hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible, mediante la actualización y desarrollo de algunas medidas ya existentes, así como la regulación y el establecimiento de diferentes instrumentos y actuaciones de nueva implantación.
El objetivo de esta iniciativa consiste en mejorar la competitividad en la Comunitat Valenciana, actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad, la falta de una cultura de la gestión común de la producción, la escasa movilidad del mercado de tierras, la falta de herramientas que faciliten la planificación a profesionales del sector y la deficiencia de inversión pública y privada en beneficio de una actividad agraria sostenible y generadora de empleo.
La nueva norma, que cuenta con ocho capítulos, 109 artículos y varias disposiciones adicionales, concederá a la agricultura una función estratégica para la sociedad por su contribución a la creación de puestos de trabajo, a la vertebración del territorio, al medio ambiente, a la adaptación y la mitigación del cambio climático y a los modelos sostenibles de producción de alimentos.
En concreto, entre los instrumentos legales para hacerlo posible está la creación de una Xarxa de Terres, o red de oficinas gestoras de tierras, que será una herramienta destinada a movilizar las parcelas a favor de los agricultores profesionales y de iniciativas de gestión en común.
También se pondrá en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común.
Además, la nueva norma plantea medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria con apoyo del Consell, se introducen incentivos fiscales a la adquisición y al arrendamiento de fincas rústicas que amplían los contemplados en la normativa estatal, con una atención prioritaria a la consolidación de explotaciones a favor de los agricultores profesionales y de las iniciativas de gestión en común.
Entre las novedades también se encuentra la nueva figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio y la elaboración de un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias.
En el proyecto de ley se contempla la definición de suelo agrícola infrautilizado con el objetivo de poder inventariar las parcelas abandonadas y hacer un seguimiento, aportando como alternativa la cesión a terceros o a oficinas gestoras de la Xarxa de Terres.
