Panorámica del Palacio de Ayora, sede de la Universidad PopularVALÈNCIA (EP/VP). El organismo municipal de la Universitat Popular, dependiente del Ayuntamiento de València, ha aprobado este martes una reorganización, tanto de centros como de organigrama con los votos favorables de Vox, cuyo edil José Gosálbez preside el ente, y PP, y frente a las críticas de los grupos de la oposición, Compromís y PSPV, que alertan de una posible ilegalidad en el caso de que suponga un cambio de condiciones para parte de la plantilla.
Concretamente, se ha aprobado un acuerdo para la zonificación de los 31 centros de la Universitat Popular, que han quedado agrupados en 11 zonas, según el acuerdo para "rentabilizar los recursos humanos y, por consiguiente, incrementar el número de grupos de actividad" para el "aumento de posibilidades de matrícula" hasta las 1.500 plazas. "Del año 2018 al año 2023, la ultraizquierda redujo el número de formadores, pasando de los 101 a los 86 que hay en la actualidad, redujo el número de cursos y lo único que hizo fue dar a los valencianos menos servicio".
Todo ello, según ha criticado Gosálbez, ha provocado la "un descenso en el número de matrículas". "Han sido 2.100 matrículas menos", ha concretado. Y en esta línea, ha asegurado que "la zonificación también va a permitir que cada sector disponga de prácticamente la totalidad de la oferta de cursos y talleres, algo imposible en un solo centro por motivos de capacidad y disponibilidad de aulas".
El cambio ha recibido las críticas de la oposición por lo que puede suponer para los responsables de centro. Las ediles de Compromís, Luisa Notario y Eva Coscollà, han cuestionado la agrupación en 11 zonas habiendo actualmente 26 responsables de centro porque implicar "modificar las condiciones laborales" de estos empleados del organismo. "Hemos preguntado cómo van a distribuir los 26 responsables en 11 zonas sin cambiar sus condiciones y sin despidos", han asegurado las concejalas.
En ese sentido, han recordado que la Mesa General de Negociación acordó en 2021 "no mover a ningún responsable de su lugar de trabajo hasta que no acabe el proceso de estabilización". Por el momento, han subrayado su preocupación" porque aún no se ha llevado a cabo el concurso de méritos y el proceso está "paralizado", "y por tanto si se incumple ese acuerdo sería una clara negligencia". Por ello, acusan a la alcaldesa, María José Català, de "vulnerar el derecho de negociación colectiva" y hacer estos cambios "sin negociarlos previamente con los sindicatos".
Por su parte, la concejala del PSPV Maite Ibáñez ha denunciado el "asalto laboral" del gobierno municipal a la Universidad Popular, que, ha censurado, "se quiere hacer de espaldas a la plantilla". "No vamos a permitir ni la manipulación ni que se atente contra la labor de los profesionales que trabajan en la Universidad", ha declarado, para añadir que se ha querido "imponer una modificación a la plantilla que implica un cambio de condiciones laborales de manera unilateral, sin haber informado a los trabajadores y sin ninguna negociación con los representantes sociales".
Por otra parte, se ha modificado el organigrama y "también se ha recuperado la figura del director del Organismo Autónomo Municipal, puesto que se trata de un puesto fundamental en la estructura organizativa y necesario para el funcionamiento del OAM", según Gosálbez. "Ahora, al director se le ha dado su peso, valor y funciones para que sea un director efectivo, real y verdadero del OAM del que va a depender el verdadero corazón de la Universidad Popular que son los formadores, los proyectos y los alumnos, todo lo hacemos buscando dar el mejor servicio a los valencianos".
En ese sentido, las ediles de Compromís han considerado "llamativo" que "la autoridad sobre los centros, responsables de centro y proyectos quede directamente bajo la tutela directa de la dirección", que ha recordado "es de libre designación", y por tanto se queden "sin vinculación jerárquica con el jefe de servicio de la concejalía, por ejemplo, que queda directamente desvinculado"
Ambas concejalas de Compromís han votado en contra de la aprobación de estos asuntos porque "ninguno de los dos han sido negociados con los representantes de las trabajadoras y trabajadores, cuando en ambos casos se trata de materias que deben ser objeto de negociación de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Empleado Público, ya que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal empleado público".
A su juicio, "el Ayuntamiento de Valencia está en manos de un gobierno que da la espalda al personal ya la representación sindical. PP y VOX creen que las instituciones son de su propiedad, que pueden imponer su ideología aplicando la censura y despreciando los derechos laborales y por tanto a las personas trabajadoras".
La edil socialista, por su parte, ha tildado de "inquietantes" unas medidas que, a su juicio, "dejan a los trabajadores y a la Universidad Popular bajo el control directo del cargo político con el único objetivo de que Vox tenga un mayor control sobre el personal laboral". Así, ha recordado al concejal de Vox en el seno del Consejo Rector de la Universidad Popular que "hay un acuerdo de 2021 de no modificar ningún puesto de trabajo hasta que se complete el proceso de estabilización".
"Y, dada la manipulación que hemos detectado de esta modificación de organigrama y también de la censura de actividades como la que hemos denunciado sobre memoria democrática, vamos a convocar a una reunión a los responsables de los trabajadores para analizar todas las cuestiones que atentan contra la participación democrática y contra la transparencia en el funcionamiento de la Universidad Popular de València", ha anunciado.
La concejala ha calificado de "inaceptable" esta manera proceder, "que demuestra las maneras antidemocráticas y las políticas en contra de los trabajadores que está implementando el gobierno de María José Catalá que ya se había anticipado en València Activa, despreciando a los sindicatos y, por lo tanto, a los trabajadores".
Finalmente, Ibáñez ha alertado de la "política de denegación de los locales" de la Universidad Popular a las entidades de barrio. "Hemos tenido conocimiento de un incumplimiento flagrante del Programa Centres Oberts que permite ceder locales a las entidades del barrio porque se están rechazando las solicitudes. Ante esta situación, hemos exigido el listado de las solicitudes recibidas, así como los procedimientos llevados a cabo para denegar la participación de algunas", ha finalizado.
