VALENCIA. Se va aclarando el futuro de los investigados de la pieza separada de la operación Taula relativa al presunto blanqueo de dinero por parte del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, a medida que se acerca la fecha del 14 de marzo, cuando acaba la prórroga del secreto de sumario.
En lo que respecta a los nueve concejales -todos los del grupo excepto Eusebio Monzó-, la decisión es enteramente de ellos, ya que nadie puede obligarles a renunciar al acta. Pese a los esfuerzos de la gestora dirigida por Luis Santamaría para que renuncien en caso de seguir imputados cuando se levante el secreto, en el PP sospechan que la mayoría seguirá en el escaño, lo que provocará que sean expulsados del grupo y terminen en el de no adscritos.
Las quinielas apuntan a tres renuncias y seis expulsiones, lo que dejaría el Grupo Popular con cuatro integrantes, los tres sustitutos más Monzó, y el de no adscritos con seis.
Más claro para el Consistorio y más incierto para ellos mismos parece el futuro de los asesores. Uno de ellos, Luis Salom, ya fue suspendido de empleo y sueldo el pasado 5 de febrero cuando declaró ante el juez. Sobre el resto se tomará una decisión cuando se levante el secreto del sumario.
La intención del alcalde, Joan Ribó, es suspender de empleo y sueldo a quienes sigan imputados cuando se levante el secreto del sumario, lo que dejaría en una situación aún más delicada al Grupo Popular. Hasta que haya sentencia. En el Consistorio creen que más de uno renunciará a su puesto, al verse privado de empleo y sueldo -aunque perciben una parte- por tiempo indeterminado.
No obstante, parece que el castigo no será para todos los ahora investigados. Según fuentes de la investigación, es muy probable que al menos una asesora sea desimputada cuando se levante el secreto.