VALÈNCIA (EFE). El inspector de Policía que dirigió la investigación del caso Gürtel ha calificado de "verosímiles" las conversaciones que mantuvo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes, y el expresident de la Generalitat Francisco Camps, de las que "subyacía" que tenían una relación de "familiaridad".
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Camps y a más de una veintena de acusados por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel ha escuchado por cuarto día al inspector que investigó esta macrocausa en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, y otro compañero de unidad.
Cuestionado por la defensa de Camps, Morocho ha vuelto a referirse a la relación que, según la Fiscalía, tenía el expresident de la Generalitat con el empresario de la trama en la Comunitat Valenciana, uno de los asuntos más controvertidos del juicio: el primero lo niega y el segundo dice que eran "amigos" desde 2003 y que "todo el mundo" lo sabía.
Según el inspector, esa "relación" de "familiaridad" "subyacía de las conversaciones" del empresario que escucharon en el marco de la investigación y de los "documentos" intervenidos, y ha justificado que no tenían por qué sospechar o inducir que lo que se decía era "mentira" porque se producían "en un entorno de confidencialidad y sin ningún tipo de presión".
Ha explicado, no obstante, que lo que escuchaban en aquellas grabaciones, después tenían que "constatarlo" y comprobar el perfil de quiénes hablaban, y ha aseverado que "todo lo que se dice" en ellas "tiene visos de realidad porque al final los documentos intervenidos han consolidado lo que allí se decía". "Son verosímiles", ha añadido.
A preguntas del abogado del expresidente autonómico, el inspector ha explicado que Álvaro Pérez no solía recurrir a los "escalones superiores", salvo cuando la trama tuvo problemas de impago "recurrentes" por parte del PP valenciano.
Ha recordado que en las conversaciones se hablaba de "citas para comer" entre El Bigotes y Camps o "visitas" al trabajo de su mujer.
La Fiscalía pide dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación para Camps al considerar que dio instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor de Fitur, en 2009, a una empresa de la trama Gürtel.
Además de él están acusados tres de sus exconsellers (Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado), otros ex altos cargos como el exvicesecretario de organización del PP valenciano David Serra, y los considerados tres cabecillas del caso Gürtel. Estos últimos, que cumplen largas condenas por otras piezas de la causa, han reconocido los hechos.