Terrenos en los que está proyectado Puerto Mediterráneo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "La iniciativa (Puerto Mediterráneo) difícilmente llegará a ser sometida antes de que expire la legislatura al preceptivo trámite de la evaluación ambiental". Son declaraciones del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Antoni Marzo, realizadas a Valencia Plaza el pasado 30 de agosto, el día en que el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, tramitaba de forma unilateral el nuevo proyecto del macrocentro comercial y de ocio y, en consecuencia, hacía saltar por los aires la alianza de gobierno con Compromís en la localidad. Pero cinco meses después la dirección general parece haber encontrado la fórmula para agilizar de forma significativa los trámites de la iniciativa, lo que le permitiría llegar a las elecciones municipales y autonómicas con un segundo rechazo a la iniciativa -y el rédito electoral que de esta postura espera obtener-.
Este martes por la tarde el Ayuntamiento de Paterna fue notificado de "un trámite de audiencia previa a la resolución de inadmisión de la Evaluación Ambiental del sector terciario Intu-Mediterrani" -nombre con el que la compañía británica bautizó su segundo proyecto-. Se trata, según confirmó después la Dirección General Medio Natural y Evaluación Ambiental, de una decisión que esta vez no ha sido sometida al dictamen de la Comisión de Evaluación Ambiental -en la que además de miembros de la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente (Compromís) están presentes miembros de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas (liderada por el el PSPV).
En cualquier caso, la voluntad del departamento dirigido por Marzo parece clara: rechazar de nuevo el desarrollo del complejo, tal y como ya hizo en 2016 la mencionada comisión, presidida entonces por el secretario autonómico Julià Álvaro, quien posteriormente sería cesado. ¿Las razones de esta nueva negativa? Al parecer, las mismas que en la primera ocasión a pesar de los cambios introducidos por la empresa en la segunda versión, en la que presentó un macrocentro reverdecido, de menor superficie comercial y, según aseguraron los promotores, esta vez distanciado de las carreteras colindantes tal y como le había solicitado la Generalitat en el primer rechazo.
El Ayuntamiento de Paterna no precisó este martes los argumentos por los que se rechaza otra vez el proyecto. Al respecto, la edición valenciana de eldiario.es avanzó que en el trámite de audiencia se aplica el art. 50.4 de la LOTUP, que permite declarar inadmisible la solicitud por haberse dictado un pronunciamiento ambiental desfavorable en un plan análogo al que ahora se presenta. A partir de este miércoles se activará un plazo de diez días hábiles para que la multinacional explique las diferencias entre ambas iniciativas. "El procedimiento sigue abierto", subraya la dirección general.
En cualquier caso, parece difícil que la mercantil haga cambiar de parecer al departamento y, por extensión, a Compromís. Además del rechazo al proyecto inicial en 2016 la coalición ha impulsado recientemente dos normativas que frenan el desarrollo del proyecto, tales como el denominado Patsecova, el plan sectorial de comercio en cuyo artículo 48.1 se impide la creación de grandes establecimientos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial; y la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Porn) del Túria, al incluir el paraje de Les Moles -en el que está proyectado el complejo- como "suelo no urbanizable de especial protección".
Por estas las iniciativas fueran poco, varios miembros del Consell de Compromís se han pronunciado abiertamente contra la segunda versión del proyecto. El primer varapalo para la empresa llegó de la vicepresidenta Mónica Oltra, que en septiembre, olvidando su llamamiento de febrero a la seguridad jurídica, pasó a afirmar que "conviene hacer caso" a las consultoras -como Aguirre Newman- que hablan de "saturación de centros comerciales".
El mismo mes, la consellera de Agricultura Medio Ambiente, Elena Cebrián, si bien hacía hincapié en que la administración abordará la tramitación con "la máxima transparencia", desmerecía el proyecto al compararlo con grandes iniciativas de ocio que han naufragado en la autonomía -en aparente referencia a Terra Mítica-. Pero el desprecio más contundente llegó el pasado mes de diciembre, cuando el director general de Comercio, Natxo Costa, recurrió a Twitter para enviar 'a casa' a la multinacional con el lema Intu go home.
Pese al bombardeo de sus socios y las duras críticas de la empresa a la seguridad jurídica de la Comunitat, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha permanecido de perfil ante esta cuestión. Por parte de los socialistas tan solo la consellera de Vivienda, María José Salvador, se ha enfrentado a Compromís, si bien cabe subrayar que lo hizo con contundencia. En concreto acusó a Agricultura de "cambiar las reglas del juego" para evitar Intu Mediterrani. Está por ver cómo reacciona el PSPV ante esta última ofensiva.
Mientras tanto, la empresa, que con toda seguridad recurrirá en el plazo de 10 días que le otorga Medio Ambiente, ve cada vez con más certeza que la vía judicial es la única que le queda para defender sus intereses. Como informó este diario, el contencioso administrativo que presentó tras el primer rechazo se encuentra ya en fase de conclusiones. La cantidad que reclama a la administración valenciana ronda los 300 millones de euros.
