Reunión de la consellera Gabriela Bravo con representantes sindicales -Foto: GVA VALÈNCIA. (EP) La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido este lunes que en el acceso al empleo público "no se pueden exigir niveles superiores de conocimientos que los que el sistema educativo garantiza para toda la ciudadanía".
Así lo ha trasladado a representantes de los sindicatos UGT-PV, CCOO PV, CSI·F e Intersindical, en una reunión para detallarles el contenido del informe que servirá para la elaboración del reglamento de capacitación lingüística que regulará el nivel de conocimientos de valenciano necesarios para el acceso a la función pública, informa la Generalitat.
Bravo ha señalado que es necesario que el sistema educativo, al igual que en otras comunidades autónomas con lengua propia, garantice suficientes conocimientos del valenciano para certificar el nivel necesario en cada puesto de trabajo "sin necesidad de realizar otro examen".
En concreto, la propuesta de la comisión de competencia lingüística fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, traslada dos alternativas que la consellera anunció la semana pasada que se estudiarán para elaborar el decreto: B2 o C1.
Por otro lado, el sindicato CSIF ha mostrado su disconformidad con la imposición del requisito lingüístico en los procedimientos selectivos en el ámbito del empleo público en la Administración de la Generalitat, y pide una moratoria en su aplicación para que no afecte a los actuales procesos de estabilización de plantillas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato mayoritario en la Función Pública valenciana, ha participado este lunes en la reunión informativa y explicativa sobre el informe de la determinación del nivel de conocimiento del valenciano como requisito de participación en los procedimientos selectivos en el ámbito de del empleo público de pendiente de la Generalitat.
El sindicato, al igual que hizo en su momento con la presentación de alegaciones y con las protestas que no fueron tenidas en cuenta por la Generalitat en la nueva Ley de la Función Pública, ha manifestado su rechazo "una vez más" a la imposición del requisito lingüístico para acceder al empleo público, han indicado fuentes del CSIF.
La central sindical ha insistido en que el nivel de valenciano sea considerado un mérito y no un motivo de exclusión.
CSIF, ante la situación actual de imposición de ese requisito, ha pedido a la Generalitat que establezca una moratoria y no lo aplique en los procesos de estabilización que se están desarrollando para acabar con la elevada tasa de temporalidad en la Administración.
El sindicato también ha hecho hincapié en la "discriminación" que asegura sufre el alumnado valenciano que, a igual número de horas cursadas, obtiene una certificación en valenciano inferior a la que logran estudiantes de otra autonomía como Baleares al terminar el mismo ciclo.
Del mismo modo, ha recalcado la propia "distinción discriminatoria entre el diferente alumnado valenciano según la etapa en la que haya terminado su formación, ya que antes equivalía a B1 y ahora a B2".
En esta línea ha insistido en que "debe existir una equivalencia entre ESO/Bachillerato y BUP/COU en cuanto a la homologación del nivel de valenciano por terminación de estudios, de manera que sea para todos B2".
La central sindical igualmente ha destacado la "contradicción" que supone que la Generalitat obligue a un nivel de valenciano y, al mismo tiempo, convoque escasas pruebas para obtenerlo y con menos plazas de inscripción que las demandadas, con lo que numerosos aspirantes no pueden alcanzar esa certificación debido a que la propia Administración no aporta los medios para que la consigan.
CSIF ha propuesto asimismo que la recién creada Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) se haga cargo de la homologación/acreditación de la formación en valenciano de los funcionarios.
