El director de prevención de riesgos penales de Divalterra, José Luis Vera.VALÈNCIA. El Consejo de Administración de Divalterra ha decidido mantener al actual director de los servicios jurídicos de la empresa, José Luis Vera, en sus cargos tras su detención el pasado jueves en el caso Azud. El también responsable de prevención de riesgos penales de la empresa dependiente de la Diputación de Valencia no ha sido suspendido de empleo y sueldo, ni tampoco se le aparta de sus cargos. Únicamente se le retiran las funciones de negociación con los sindicatos en el proceso de disolución de Divalterra anunciado por Toni Gaspar el pasado marzo. Una decisión aprobada por la mayoría del órgano con la abstención de PP, Ciudadanos y la representante de los trabajadores.
Los investigadores sitúan a Vera en el centro de una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de 'mordidas' junto al hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) o el empresario Jaime Febrer.
Él habría sido la persona que puso en contacto a Rafael Rubio con el empresario Jaime Febrer después de las denuncias del primero contra Grau por operaciones urbanísticas. Además, también habría ejercido de enlace en otros niveles de la trama. Febrer era administrador de la extinguida Construcciones Valencia Constitución, en la que Vera figuraba de apoderado en 2007 y 2008.
