CASTELLÓ. Un paso adelante, pero insuficiente. Esta es la valoración que desde Ascer realizan del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Senado. La inclusión de la cogeneración entre los modos de producción eléctrica que se pueden beneficiar del tope al gas en virtud de la denominada excepción ibérica es una medida "positiva para el sector", señala el secretario general de la patronal azulejera, Alberto Echavarria, pero que "no va a solucionar el problema de los sectores dependientes del gas, como el cerámico".
Desde la Asociación Española de la Cogeneración, Acogen, en la que se integra Ascer, valoran de forma "muy positiva" el anuncio. Aquella entidad se dedica a defender únicamente este modo de producción energética, pero en la patronal cerámica insisten en que son necesarias más medidas.
Así, Echavarria señala que la inclusión de la cogeneración en la excepción ibérica "lo que hace es enmendar un error y corregir una situación injusta", ya que, pese a ser un 30% más eficiente que los ciclos combinados, estas plantas no podían beneficiarse del tope al gas. Ahora sí podrán hacerlo y para ello los propietarios de las instalaciones deberán renunciar al régimen retributivo actual.
En este sentido, desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan que la orden ministerial que está en tramitación incluye además un apartado para incrementar la retribución regulada en más de 1.000 millones, frente a los 665 que percibieron las aproximadamente 600 instalaciones de toda España el año pasado (el montante aproximado que llegó a la Comunitat fue de 52 millones). Es decir, las instalaciones deberán escoger entre continuar en el régimen retributivo regulado (que más que duplicará su montante) o beneficiarse del tope al gas, tal y como ha reclamado el sector azulejero -y el resto de las industrias que tienen plantas de cogeneración- hasta ahora.
Todo ello será posible cuando acabe la tramitación de la orden, un plazo que desde Transición Ecológica no han concretado. De momento, acaba de cerrarse el período de audiencia pública para presentar alegaciones. Entre las que ha recibido consta una de la Conselleria de Economia Sostenible, firmada por la directora general de Industria, Energía y Minas, Silvia Cerdà, el pasado 1 de septiembre y que solicita tanto la modificación de las retribuciones como la inclusión en la excepción ibérica a través de una "renuncia temporal al régimen retributivo". Exactamente lo que tramita el Ministerio.
En su alegación la conselleria apunta que el Gobierno "no ha evaluado adecuadamente las consecuencias del impacto [de no aplicar el tope al gas] a que conduce la propuesta en la industria, la economía y el empleo, puesto que no va a frenar el continuo cierre de estas instalaciones de cogeneración. Más bien al contrario, lo incentiva".
Un argumento calcado al que viene exhibiendo el sector, y que ahora ha atendido el Gobierno, que ha dado por fin su brazo a torcer. Incluso la explicación del Ministerio de Transición Ecológica coincide con lo que llevan diciendo desde Ascer y Acogen varios meses. En palabras de Echavarria: "El justo tratamiento de la cogeneración y su impulso es una clara medida de eficiencia energética y de competitividad no solo para nuestro sector y el resto de sectores cogeneradores, sino que supone además una contribución al sistema eléctrico nacional en materia de ahorro energético".
Y el Ministerio: "Esta medida puede aumentar el ahorro de gas del país en un momento en que esto es prioritario para cumplir los objetivos europeos. Una central de cogeneración produce calor y electricidad a la vez de un modo más eficiente que si se genera calor por un lado y electricidad por otro, obteniendo un ahorro que ronda el 10%. Por lo tanto, la vuelta a la operación de las centrales de cogeneración paradas podría aportar un ahorro que puede alcanzar el 1,2% de la demanda diaria de gas en el mejor escenario". Esta es parte de la valoración difundida desde Transición Ecológica.
Con esta lógica, cuesta entender cómo el Gobierno ha tardado tanto en atender una medida que todavía no está implementada y que ha obligado "a parar a muchas instalaciones; en la actualidad, la producción eléctrica de la cogeneración es un 60% más baja de lo normal", apuntan desde el Ministerio. La única explicación posible está en posibles trabas desde Bruselas. Ahora, en su comunicado, Transición Ecológica resalta que la medida "no modifica la regulación del mecanismo ibérico pactado con la Comisión Europea".
Así las cosas, desde Ascer aplauden que las instalaciones de cogeneración "dejarán de restar en las cuentas de resultados" de las compañías, pero piden ir más allá. Echavarria remarca que la situación para la industria gasintensiva "aún está lejos de solucionarse si continuamos con los niveles de precio de gas actuales y sin otras medidas de apoyo efectivas". En la reunión de este lunes el sector pidió nuevas ayudas que se sumen a las lanzadas en marzo, que tenían un tope de 400.000 euros por empresa.
"Desde el sector nos ponemos a disposición del Gobierno para buscar soluciones, tal y como hemos hecho con la cogeneración, que ha llegado a buen puerto y que ha demostrado que beneficiará a toda la industria", concluye el secretario general de Ascer. Ahora falta por ver si se implementarán nuevas ayudas para un problema que no se prevé que amaine a corto plazo. Este martes el indicador TTF de gas natural cerró a 238 euros el megavatio hora.