Aspirantes a una oposición en València. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA. Las primeras resoluciones de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016 para la Generalitat Valenciana -los aprobados se están conociendo estos días- han sido un jarro de agua fría para opositores, pero también para los convocantes: la administración valenciana no ha logrado cubrir las 863 plazas que sacó a concurso hace ahora ya tres años. Incluso, algunos de los cuerpos se han declarado desiertos en su totalidad.
El escenario ha despertado las críticas del principal sindicato de los empleados públicos: la Central Sindical Independiente de los Funcionarios (CSIF), desde donde atribuyen semejantes resultados a los tribunales. En concreto, a la transparencia en la elección de los integrantes y la "falta de profesionalización" de los mismos a pesar de estar pactado en una Mesa General. "Son personas profesionales en su sector, pero que nunca se han enfrentado a un examen, y el nivel de exigencia en la corrección que terminan planteando es insuperable para muchos opositores", explica el delegado de CSIF, Ignacio Matoses.
El caso más llamativo es quizá el de la escala más alta del cuerpo funcionarial, el de abogado de la Generalitat. Unas oposiciones a las que se presentaron un total de 73 personas para optar a uno de los dos puestos ofertados y en el que finalmente ningún aspirante obtuvo plaza.
No obstante, no es la única categoría que se ha quedado sin cubrir todos los puestos (aunque sí la única que se ha declarado desierta en nuevo acceso, si bien en promoción interna también hay cinco categorías que se han resuelto sin presentados ni aprobados): tan solo dos personas han conseguido superar las oposiciones de Técnico Superior de Archivística, Biblioteconomía y Documentación, puesto para el que se ofertaban siete plazas y al que se presentaron 239 personas; en Arquitectura, la Administración valenciana se queda con seis puestos vacíos de la quincena ofertada a pesar de que se presentaron 411 aspirantes; y en Gestión de Ingeniería Técnica Agrícola solo 26 personas de las 615 que se presentaron han logrado superar el concurso-oposición. En total, la Generalitat convocó 30 puestos.
Desde la Conselleria de Justicia y Administración Pública explican que se trata de casos aislados muy concretos y que de las 43 convocatorias resueltas por el momento, tan solo 30 plazas se han quedado vacantes. Además, añaden que el caso del concurso-oposición para Abogacía de la Generalitat es particular porque de los 73 aspirantes admitidos en el proceso selectivo tan solo 45 decidieron presentarse a la primera prueba. De estos, doce personas superaron el examen pero solo una persona de esta docena aprobó el segundo ejercicio. Finalmente, nadie se presentó a la tercera prueba.
Hay que subrayar que esta oposición es la única para la cual se requiere superar cuatro ejercicios, mientras que para el resto de grupos o escalas del cuerpo de funcionarios de la Generalitat valenciana basta con tres o, incluso, dos pruebas.
Entre los factores que en la Conselleria que dirige Gabriela Bravo creen que pueden haber influido en los resultados se encuentra la amplitud del temario, puesto que "abarca distintas ramas del derecho y los aspirantes deben preparar un total de 258 temas", mientras que en el resto de oposiciones para grupos A1 -mayor escala de la administración- el temario es más reducido y se centra específicamente en derecho administrativo. Pero también "la falta de equivalencia en el temario con otras oposiciones, por lo que un aspirante se debe decantar en exclusiva por esta opción" y, por lo tanto, no puede aprovechar los conocimientos adquiridos para opositar a otras plazas.
Respecto al resto de plazas que se han quedado vacantes en Arquitectura, Biblioteconomía o Ingeniería Técnica Agrícola, el departamento de Bravo baraja otras tesis: "Hay aspirantes que se presentan solo a la primera prueba y ya no vuelven para examinarse de la segunda parte, quizá por la preferencia a entrar en bolsa. Algunos tienen como único objetivo incorporarse en una bolsa de trabajo o permanecer en ella, en el supuesto de ser interino, y para ello únicamente se precisa superar el primer ejercicio", aseguran. "El nivel a veces es bajo y la preparación es insuficiente", añaden.
Unos argumentos que, sin embargo, CSIF cuestiona. Desde el sindicato manifiestan que en algunas de estos cuerpos hace 10 años que no se convocaban oposiciones, periodo que ha motivado que se presentaran un alto porcentaje de candidatos, y es "demoledor" que se queden plazas por cubrir.
En este sentido, alertan de la "discrecionalidad y falta de transparencia en los procesos de selección" de los tribunales, lo que genera, a su juicio, "errores, perjuicios y trabas que sufren los empleados públicos y quienes aspiran a serlo". Reclaman, por tanto, que se cumpla "el acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre criterios comunes de convocatoria de oposiciones que establece "la necesidad de la formación para estos tribunales", ya que ahora mismo "los nombramientos de tribunales se realizan por designación del conseller competente en materia de personal a propuesta del director general de Función Pública". "Es decir, de forma opaca e interesada", zanjan desde CSIF.
Por su parte, la Conselleria de Administración Pública sostiene que, una vez se publica el listado de admitidos en cada proceso selectivo, "se solicita a la conselleria competente por razón de la materia que propongan a las personas que van a formar parte de los correspondientes tribunales y luego los nombramientos se publican en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)".
Respecto a la profesionalización de las personas que los integran, razonan que todos son "expertos" en la materia sobre la que van a examinar y, además, la Dirección General de Función Pública que ocupa David Alfonso "informa e instruye a todos los miembros sobre el itinerario procedimental del proceso selectivo, la forma de constituir válidamente el órgano, adoptar acuerdos, redactar actas, confeccionar exámenes, baremar méritos o jurisprudencia aplicable, así como también les facilita y entrega la convocatoria, normativa aplicable y los modelos necesarios para todo el proceso". En cualquier caso, el área de Alfonso se encuentra elaborando un curso específico en colaboración con el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) que será "obligatorio" para todas las personas que sean designadas miembros de un tribunal.
