Aquellos maravillosos veranos “botánicos”

Éste es el octavo verano que pasamos en este País Valenciano nuestro desde que, tras las elecciones de mayo de 2015, los gobiernos llamados “del Botànic” (pactos de PSPV, Compromís y las fuerzas a la izquierda del PSPV agrupadas estas dos últimas legislaturas en torno a Podemos) ocuparon los despachos de la Generalitat que durante veinte años habían ocupado los cuadros del Partido Popular. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando las elecciones autonómicas se intuían plácidamente abocadas a una reconducción del gobierno ya instalado (por mucho que el adelanto electoral decidido unilateralmente por Ximo Puig con la intención de drenar votos a Compromís y allegarlos al PSPV por la vía de hacer coincidir las elecciones autonómicas con las generales españolas a punto estuvo, en concreto a unos 30.000 votos, de llevárselo por delante), todo el mundo tiene claro en estos momentos que en 2023 las cosas no están llamadas a ser tan sencillas. Éste podría ser, pues, el último verano “botánico” de nuestras vidas. Por ello, quizás sea el momento de hacer balance de los siete anteriores, de mirar atrás y de pensar un poco sobre qué ha significado este período.

De la obra del Botànic quedará, sin duda, cierta “normalización” de la política valenciana. Una política que, a partir de las elecciones de 2015, pasa a considerar como factible y normal la alternancia, algo que durante un tiempo llegó a verse difícil tras la impresionante hegemonía que, sobre todo en la época de Francisco Camps, a golpe de burbuja, ladrillo, grandes proyectos y PAIs por doquier, edificó, nunca mejor dicho, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Precisamente porque los tiempos de regímenes casi inderrocables parecen haber pasado es por lo que, entre otras cosas, las próximas elecciones se auguran competidas.

También en esta línea de lograr reconducir a cauces ordinarios la política valenciana responde el otro gran logro inicial de Ximo Puig, Mónica Oltra y compañía en 2015: desde su victoria el debate público autonómico ha pasado a ser político en un sentido más estricto, en vez de pegado a la actualidad judicial y a la corrupción. Para bien o para mal, la agenda de estos ocho últimos años ha estado marcada por decisiones y desencuentros políticos, en materia educativa (conciertos) o lingüística (plurilingüisme), en cuanto a cómo prestar servicios públicos (conciertos sanitarios) o la insuficiencia de los mismos (gestión de las cercanías o de FGV) o respecto a las prioridades de gasto (servicios sociales) o impositivas (el País Valenciano, en parte debido a su pertinaz infrafinanciación por un injusto modelo de reparto estatal, es uno de los territorios del Estado donde la presión fiscal es más alta como única fórmula de paliar, siquiera sea en parte, este problema). Es, la verdad, de agradecer poder discutir de política y de políticas respecto de cuestiones y problemas propios de sociedades adultas.

Por último, y tras una época en que, debido al foco mediático centrado en los escándalos asociados a la gestión del PP valenciano, la Comunitat Valenciana pasó a pintar bastante en el debate político español, desde 2015 también en este factor se ha vuelto a la normalidad y el País Valenciano, sus dirigentes y los valencianos en general hemos pasado a pintar lo que llevamos pintando estos 40 años desde que ni siquiera se nos permitió en Madrid que el Estatuto pactado aquí por unanimidad pudiera decidir ni cómo nos llamábamos ni cómo debía ser nuestra bandera (y entre la derecha madrileña y el PSOE andaluz pactaron llamarnos de otra manera y cambiarnos la bandera, para sorprendente éxtasis de mucha gente de aquí): nada de nada. Estos ocho años de gobiernos “botánicos”, ya hayan coincidido con gobiernos españoles del mismo signo (como es el caso en estos momentos), ya lo hayan sido con otros del signo contrario, han logrado, exactamente, cero avances (y cero euros) en cuestiones como la mejora de la financiación autonómica, por muchos que todos los partidos políticos valencianos y todos los expertos, de aquí, de allá y de acullá, coincidan en que la situación respecto de la Comunitat Valenciana no tiene parangón en ningún país democrático occidental (una región pobre, con bastante menos de un 90% de la renta per cápita media del país, que aporta fondos en concepto de solidaridad a las regiones más ricas que ella, e incluso más ricas que la media, es algo bastante difícil de ver por ahí, salvo en contextos coloniales). 

Igual suerte ha corrido otra reivindicación igualmente compartida por casi todos los partidos (menos VOX y Cs, noblesse oblige) valencianos y por prácticamente toda la sociedad civil, como es la recuperación del Derecho civil propio. Ni una ceja se ha movido en Madrid ante esta unanimidad, impasible el ademán, y con entusiasta adhesión a la doctrina del Tribunal Constitucional (defendida por los gobiernos Rodriguez Zapatero y Mariano Rajoy, que fueron los que presentaron los recursos ante este órgano) de que aunque haya varias Comunidades Autónomas que disponen de Derecho civil propio los valencianos, por mucho que queramos y esté en nuestro Estatut, no tenemos derecho a legislar sobre estas materias porque se nos fue abrogado por “justo derecho de conquista” en 1707 con los Decretos de Nueva Planta y posteriormente Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios, no tuvo a bien amparar una recopilación de Derecho foral en el siglo pasado por aquí. Y así seguimos.

A cambio de esta insignificancia, es cierto que el hecho de que nadie le preste atención, la convicción de que es imposible que le vayan a hacer caso nunca, permite a Ximo Puig ser, probablemente, el presidente autonómico que menos tonterías dice e, incluso, al que más cosas sensatas se le escuchan en clave de construcción de país, de solidaridad regional y de cómo articular la labor de los niveles subestatales de gobierno, acuñando incluso conceptos muy bonitos (España polifónica, v. gr.) para sustituir a los ya agostadísimos intentos de vendernos discursivamente la burra federal, con la que se ha ido tirando cuarenta años pero que hay que empezar a remendar.

Pero igual que todo esto es cierto, también lo es, sin embargo, que ni el Botànic I ni, sobre todo, el Botànic II han logrado construir una dinámica política propia en clave valenciana. Los grandes debates siguen siendo españoles y la propia dinámica de desgaste actual, que hace pensar en un posible cambio de gobierno en 2023, tiene que ver más con los vientos que vienen de la meseta que con dinámicas políticas propias. No obstante, quienes más han contribuido a reforzar este régimen de vientos han sido las propias fuerzas “botánicas”: las unas, convocando incluso elecciones coincidentes con las generales españolas; las otras, pasándose el día hablando más del gobierno de la Comunidad de Madrid que del despliegue de políticas en clave valenciana.

Para no caer también en este análisis en ese error, y por mucho que resulte obvio que la gran razón que pueda llevar a un cambio de gobierno en la Generalitat son las dinámicas sucursalistas que vienen de Madrid, donde las expectativas no parecen nada buenas para las izquierdas, conviene atender a qué elementos internos podrían matizar o incluso permitir plantear batalla a Ximo Puig y sus socios.

El primero de ellos, que no es mérito estricto cuyo, es que ya están ahí. Ocho años es aún un ciclo corto en lo que ha sido frecuente en el comportamiento electoral autonómico en España y también en el propio País Valencià (Joan Lerma aguantó tres legislaturas antes de perder el poder; el PP valenciano, cinco ciclos electorales, cinco, como cinco soles). Además, en los últimos casos conocidos (Catalunya, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Andalucía…), en todos y cada uno de ellos, las mayorías instaladas en el poder han sido reconducidas con facilidad, si bien con algunos cambios en la composición y equilibrios internos de las mismas en ocasiones, y en general con una prima enorme para quienes ostentan la presidencia (con la única excepción de Catalunya, donde el anterior govern Torra fue objeto de una campaña mediática intensísima a escala española que aquí en ningún caso es posible siquiera concebir… de momento).

Todos ellos son elementos que debieran haber ayudado a Ximo Puig y al resto del Botànic más en 2019 de lo que lo hicieron (el tiro en el pie del adelanto electoral anuló gran parte de este efecto) y debieran hacerlo en 2023, a poco que se hayan sabido desarrollar. Recordemos, por ejemplo, que ni en 2019, y ni siquiera en 2023, el PSPV de Ximo Puig logró un resultado superior al de, por ejemplo, el PSOE andaluz tanto de Susana Díaz como de Juan Espadas, lo que es sin duda una enorme anomalía que a poco que se reconduzca debiera ser un factor en favor de la repetición del Botànic. Por el contrario, todo el asunto Oltra, del que nos ocupamos ya el mes pasado, indudablemente supone un evidente desgaste que se puede convertir fácilmente en lastre electoral, agravado por la gestión hecha desde el propio gobierno y por los partidos que lo componen de la gentil patada hacia un lado con la que se ha recompensado a la que ha sido vicepresidenta de la Generalitat durante estos siete años. Tampoco ayuda que la situación de la legislatura, iniciada con una pandemia y que parece va a ser finalizada con una crisis económica en gran parte autoinfligida pero de la que nadie parece que vaya a ser capaz de sacarnos, sin duda contribuirá a cierto cabreo social que no beneficia a quienes ocupan el gobierno.

La cierta normalidad que han supuesto estos gobiernos durante los últimos ya casi ocho años, con sus respectivos veranos, ha permitido un tránsito no traumático desde las políticas del PP valenciano en todos los ámbitos (económico -y turístico, donde seguimos igual-, de territorio -y urbanístico, donde más de lo mismo-, ambiental -y de sostenibilidad, donde nada se ha hecho-, de prestación de servicios públicos -y de equidad, donde tampoco vamos bien-), de modo que las discontinuidades o rupturas traumáticas han sido mínimas. Sin duda, esta prudencia tiene algunas ventajas (y hay gobernantes, que se lo digan a Moreno Bonilla en Andalucía, que logran surfearlas y aprovecharlas como nadie) y debiera ayudar a minimizar tensiones sociales, líos con empresarios y grupos de presión… y en todo ello ha confiado claramente el Botànic I, y más aún el Botànic II, como garantía de estabilidad. Una estabilidad que se presuponía y deseaba, también, electoral. Sin embargo, ocho años de gestión de gobiernos, con unas mayorías políticas detrás que muy probablemente deseaban más cambios, permiten señalar más puntos oscuros que virtudes en esta acomodación a la dinámica lanzada por una hegemonía conservadora previa que los electores, si decidieron quebrarla, hay que presuponer que era con intención de lograr algo más que leves correcciones de rumbo.

En ocho años, por ejemplo, sólo se ha iniciado la reversión del “modelo Alzira” de prestación de servicios por medio de gestión privada en materia de salud, sin que esté ni mucho menos consolidado el cambio a un modelo de nuevo de gestión pública, a pesar de las masivas quejas ciudadanas de áreas de salud como, por ejemplo, la Marina Alta. Respecto del resto del modelo sanitario, y aunque una pandemia haya alterado a buen seguro los posibles planes de mejora, no se sabe mucho más, aunque hay cierta sensación de agotamiento y de que hacen cada vez más falta cambios estructurales en la gestión que no parece que nadie tenga muchas ganas de hacer. La situación es parecida en educación, donde año tras año se han sucedido récords de número de unidades en la escuela concertada, amparados por una legislación nacional y unas sentencias del Tribunal Supremo que es cierto que desde el gobierno valenciano no se pueden cambiar… pero que al parecer tampoco ha habido manera de convencer a los socios y gobiernos del mismo signo en España de que se miren un poco a ver si habría algo que cambiar. El modelo lingüístico impuesto estos años, que coincide simétricamente con el propugnado por el PP y Cs en Cataluña, a pesar de haber eliminado las líneas en valenciano para buscar una mayor integración y cohesión global, no ha logrado la empatía de estas formaciones a nivel valenciano, pero ni siquiera tampoco una mínima comprensión por parte de los tribunales (a los que todavía les parecía demasiado poco castellano, por lo visto) y su puesta en marcha fue y está siendo de todo menos pacífica.

En materia de economía y cómo ganarnos la vida, o en jerga botánica el “cambio de modelo productivo”, la verdad, poco se puede decir más allá de constatar que la paralización del urbanismo depredador, de los PAIs o del apoyo al turismo más homologable al de décadas pasadas (e igual de poco rentable, por cierto) ha tenido más que ver más con dinámicas económicas que con ningún tipo de acción política. En cuanto la economía se ha reactivado, hemos vuelto al esquema mental de finales del siglo pasado como si no hubieran pasado más de 25 años, varias crisis, una pandemia y una creciente constatación de la manifiesta insostenibilidad de todo el tinglado tal y como está montado.  Quizás la apuesta es, simplemente, que todo esto les reviente a CIERVAL,  HOSBEC y demás patronales beneméritas, y por ende a todos los valencianos, cuando manden los otros y ya está. En el haber de estos ocho años, al menos,  quedará que la Ford no abandone Almussafes y que Volkswagen pretenda instalar una fábrica baterías eléctricas de indudable importancia en Sagunt. Algo es algo desde la perspectiva de no fiar todo al ladrillo y al modelo de turismo de sol, playa y copazo más decadente, pero parece francamente insuficiente.

Quizás la herencia del Botànic que esté más llamada a perdurar y a convertirse en algo asumido por la actual oposición cuando llegue al poder es el muy radical incremento del presupuesto en servicios sociales y un nuevo modelo de gestión que ha logrado coordinar los medios y recursos autonómicos, locales e incluso de las Diputaciones provinciales de un modo que hasta la fecha había sido imposible. Se trata, sin embargo, de una esfera muy poco visible (y, además, menos visible aún en positivo; cuando aparece en el debate público ha sido las más de las veces para que alcaldes insolidarios exigieran que ciertos centros de acogida no se instalaran sus localidades, por ejemplo) para la mayor parte de los ciudadanos. Pero, aunque sea únicamente porque en esta materia el País Valenciano ha dejado de estar a la cola y ha logrado poner por fin unas estructuras mínimas que incluso son de las más avanzadas de España en estos momentos, es algo que previsiblemente perdurá y será integrado con naturalidad en los éxitos de gestión de quienes vengan detrás. Paradójicamente, la responsable política última de esta transformación que quizás sea la más relevante estructuralmente de todo lo conseguido por los gobiernos del Botànic, Mónica Oltra, ha sido también el miembro del gobierno que peor ha salido del Consell en estos años. Algo que habla también de cómo de mal se ha gestionado la venta incluso de los éxitos de la acción llevada a cabo.

En general, en política, ocho años debieran dar para desplegar estrategias de cambio bastante más ambiciosas que las relatadas. Dinámicas que, cuando llegue la inevitable alternancia, hayan cambiado paradigmas de tal modo que se hayan consolidado para siempre (de la forma, por ejemplo, en que Giuseppe Grezzi ha conseguido en València que ahora hasta PSOE y Cs se peleen por vender planes aún más ambiciosos que los suyos en materia de peatonalización y movilidad cuando al principio los criticaban acerbamente). No parece que, en general los gobiernos “botánicos” hayan conseguido en resultados de este tipo en demasiadas parcelas. Probablemente, porque ha faltado, sencillamente ambición. Aunque quizás también porque era necesaria también una profunda reforma de la administración valenciana, de sus estructuras, de su funcionamiento y de la forma de seleccionar el personal que hubiera permitido hacer más cosas y ayudado a que estas transformaciones fueran más viables. ¡Pero es que tampoco en estos años se han ocupado PSPV, Compromís o Unides-Podem de ello! Ya veremos si tienen cuatro años más, o no, para empezar un día con la tarea.