VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el Ayuntamiento de Paterna que encabeza el socialista Juan Antonio Sagredo han vuelto a las divergencias. En este caso, a cuenta de un centro de emergencia implantado por la administración autonómica para atender la crisis del coronavirus en unas instalaciones de la localidad y cuya cesión de uso decidió rescindir el consistorio sin acuerdo a principios de esta semana.
Así consta en el decreto aprobado el pasado lunes por la concejala de Transición Ecológica de Paterna, Nuria Campos, en el que explica que "las razones por las que se cedió el uso del edificio a la Generalitat han desaparecido, debiendo cesar en el uso de las instalaciones ya que han dejado de servir al fin para el que fueron cedidas y devolverlas al Ayuntamiento en perfecto estado de conservación".
Concretamente el Ayuntamiento lo había cedido para que la Conselleria albergara durante la pandemia de coronavirus pacientes que no requiriesen hospitalización o que precisen aislamiento. A la sazón, personas en riesgo de exclusión o en infraviviendas. A día de hoy, todavía se encuentran allí varias decenas de personas y empleados, y pese a que la presión asistencial por la crisis de coronavirus ha descendido, la resolución consistorial ha llegado por sorpresa a la administración autonómica, donde explican que el traslado de estas personas no se puede hacer de una forma tan sobrevenida como solicitan los responsables locales.
El decreto aprobado por Campos se apoya en el preámbulo del último decreto del president Ximo Puig donde se reconoce que "fruto del esfuerzo realizado por toda la sociedad valenciana, los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad han evolucionado favorablemente", por lo que -resuelve el consistorio- ya no habría motivos para mantener este centro de emergencia en unas instalaciones de propiedad municipal.
Así, insta a la Generalitat a que "proceda al desalojo del edificio", que deberá estar vacío el próximo lunes. La sorpresa fue de tamaña magnitud en la administración autonómica que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para solicitar explicaciones y negociar la retirada antes de tomar una decisión. Así, el próximo lunes -pese al decreto aprobado y cuando en teoría debería estar ya vaciado el centro- habrá una reunión entre responsables locales y de la Conselleria para sellar un acuerdo en este sentido.
La historia del centro entra también en juego, dado que el consistorio pretende implantar en este edificio un uso que no estaba previsto desde su construcción. Construido mano a mano entre el Ayuntamiento de Paterna y la Diputación de Valencia, su finalidad era la de constituir un centro de día y una residencia para personas con diversidad funcional. Un servicio cuya competencia es de la Generalitat Valenciana y en concreto de la Conselleria que dirige Oltra.
Antes de la llegada del coronavirus, ambas administraciones estaban en contacto para que el consistorio cediera las instalaciones a la Generalitat Valenciana, que debe encargarse de su gestión. Algo que no ha llegado a producirse hasta ahora. No obstante, el último decreto consistorial abre un camino muy diferente, pues recoge que el Ayuntamiento necesita el inmueble para "adecuar las instalaciones de forma provisional para el centro de menores de Alborgí, hasta su ubicación definitiva".
Un uso, si bien temporal, es a la postre diferente al que estaba destinado y la administración autonómica alberga sus dudas, al no haber sido acordado previamente. Tanto es así, señalan desde la Conselleria, que el departamento autonómico ya ha hecho la inversión precisa para amueblar el centro -300.000 euros aproximadamente- pensando que su uso iba a ser el inicialmente previsto. En todo caso, el próximo lunes los responsables de ambos departamentos se reunirán e intentarán salvar estas divergencias.
Lo cierto es que llueve sobre mojado en este caso, dado que Paterna y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya atesoran en su mochila algún que otro sonado choque, como el que saltó a la palestra con motivo de la ubicación de un nuevo centro de menores en la localidad desde la Generalitat Valenciana. Una operación que el consistorio y especialmente el primer edil de Paterna, Juan Antonio Sagredo, han rechazado los últimos años. Ahora, las discrepancias sobre el centro de emergencia para la Covid evocan pasados enfados.