VALÈNCIA. Desatascar los trámites burocráticos para la concesión de licencias es una cuestión vital para los promotores y demás agentes implicados en el sector. Los atascos son un mal endémico que necesitan una vacuna, o un tratamiento que alivie los preocupantes síntomas que provoca la excesiva ralentización de los proyectos.
Para solucionar esta cuestión, la Generalitat aprobaba un decreto, el pasado 15 de mayo, que permite recurrir a empresas externas, que podrán ser desde colegios hasta empresas, para aliviar los cuellos de botella ya que tendrán funciones de verificación de las actuaciones urbanísticas. Para ello, de manera voluntaria, los ayuntamientos valencianos deberán crear un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas que podrá emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia de obra.
Pero, además, para poder ejercer esta actividad las entidades deberán contar con la acreditación de la ENAC, especializada en acreditar a entidades colaboradoras de la administración, así como contar con un seguro civil y unos determinados perfiles profesionales del personal técnico. El objetivo es claro: reducir el plazo de licencias de los 8 a 12 meses actuales a un máximo de dos meses, medida que afectará, sobre todo, a ciudades como València. Unos atascos que suelen salir muy caros e incluso, encarecen el precio de la vivienda.
Sin embargo, la norma tiene una gran traba, según denunciaba hace unas semanas el sector inmobiliario, y es la voluntariedad de los ayuntamientos a optar por esta fórmula y recurrir a estas entidades. Y es que el decreto aprobado por la Conselleria de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad que dirige Arcadi España da libertad a los consistorios para que, a través de su ordenanza municipal, regulen su aplicación en cada término municipal, lo que implicará "más normativa", lamentaban los promotores.
Por tanto, lo que en un inicio parecía que iba a ser una norma, consensuada con todo el sector, dirigida a conseguir desatascar trámites administrativos, para la concesión de licencias, puede llegar a acabar en agua de borrajas por una interpretación equivocada de la naturaleza jurídica y las funciones de los colegios profesionales. Eso es al menos lo que denuncian desde la Unión Profesional Valencia, que engloba a 15 colegios técnicos. Por ello han solicitado una reunión con el conseller Arcadi España, y han movilizado a sus servicios jurídicos para que analicen el mencionado decreto.
Los Colegios Profesionales, como siempre han manifestado, están concebidas como corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro y se regulan por leyes y desarrollo normativo propio, todo ello ratificado a través de abundante jurisprudencia y dictámenes de diferentes órganos del estado. Estas corporaciones, como recalcan," se constituyen como entidades que realizan funciones públicas por delegación de la administración, y no trabajan como empresas con fines económicos".
Entienden que por su idiosincrasia son, justamente, estas características, las que generan un sistema que favorece la inclusión de nuevos profesionales y la máxima atención a todas las iniciativas o promociones: desde las más pequeñas a las más grandes. Es decir, son entidades que gozan de una gran capilaridad en todo el tejido productivo implantado en la Comunitat Valenciana y se consideran el principal apoyo en estas cuestiones para las iniciativas de pymes y micropymes.
No es la primera vez que han tratado este asunto. Años atrás, en 2017, y antes los enormes problemas que se habían originado en València, se ofrecieron a ayudar a a la administración.
Por ello, los colegios profesionales no entienden que el texto finalmente aprobado de la regulación de las ECUV, se separe de la línea que preveía la modificación de la LOTUP y lo desarrollado por la Ley 25/2009, que viene a considerar la capacidad que tienen las Administraciones Públicas para establecer con los colegios profesionales los convenios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.
Pero no están hablando de una opción, sino de una realidad, ya que desde siempre, aseguran, han estado ejerciendo funciones por delegación de la administración, hasta de la propia Generalitat, sin que en ningún momento se haya generado ningún tipo de conflicto.
La redacción actual del decreto viene a crear, a juicio de los profesionales, un servicio privado de asistencia voluntaria a los servicios técnicos municipales, lo que supone, en la práctica, "que las medidas de agilización administrativa no van a llegar a quien más lo necesita". Advierten que las actuaciones en los sectores menos rentables por unidad de superficie construida y proyectos localizados en zonas de interior no van a poder acogerse a esta opción, pues el tipo de actuación y los márgenes de sus actividades "hacen inviable la inversión para acelerar la concesión de las preceptivas licencias". Hecho que provocaría la despoblación de las comarcas de interior y centrando las inversiones en proyectos más grandes en los núcleos más poblados. De ahí que vean connotaciones muy negativas para el escenario actual originado por la covid-19. Que no se invierta.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar una solución al grave perjuicio al que se está abocando a administrados e inversores, puesto que ejemplos de fracaso de iniciativas de este tipo ya las encontramos con los Organismos de Certificación Administrativa (OCA) que fueron desarrollados en el 2012 y cuyas funciones no fueron solución para el retraso en la gestión de los trámites de licencias”, manifiestan los representantes de los Colegios Profesionales de la rama de la Ingeniería, Arquitectura y Ciencia de Unión Profesional Valencia.