VALÈNCIA. La batalla de los ex diputados de Ciudadanos, ahora no adscritos, por participar en las sesiones plenarias continúa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso que presentó el diputado David de Miguel, y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, contra la Mesa de Les Corts por no haberle permitido interpelar a un conseller.
El pasado mes de julio, el exdiputado de Ciudadanos –ahora parlamentario no adscrito- presentó una interpelación al responsable de Hacienda del Gobierno valenciano, Vicent Soler, en la que cuestionaba por las medidas que tenía previstas adoptar el Consell para incrementar los ingresos públicos de la Generalitat Valenciana.
Esta, sin embargo, no fue admitida a trámite por la Mesa de Les Corts al considerar que no era uno de los derechos que se les reconocían a los diputados individuales. Tras este revés, el diputado presentó un recurso de reposición para que fuese reconsiderada esta decisión. Sin embargo, tras una Junta de Síndics, la Mesa volvió a desestimar la petición del diputado pasadas las vacaciones estivales argumentando de nuevo que el acuerdo de 2008 que se les aplica a los diputados no adscritos no reconoce la interpelación a los consellers como un derecho reconocido. Con esta determinación, el parlamentario presentó un recurso ante el TSJCV por ver vulnerados sus derechos fundamentales. Un caso que, ahora, el tribunal ha aceptado estudiar.
Aunque el acuerdo de 2008 que se les aplica a los no adscritos no les reconoce la potestad para interpelar, sí les atribuye los derechos que el Reglamento establece para los diputados individuales. Así, el artículo 148.1 de la normativa de la Cámara valenciana dedicado a las interpelaciones de los consellers dice que pueden realizarlas "los diputados y diputadas y los grupos parlamentarios" y no "los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios". Un argumento que empleó De Miguel en su recurso de reposición y con el que discrepaba la Mesa de Les Corts.
Ahora bien, el letrado de De Miguel basa su defensa en que el Reglamento de Les Corts tiene rango de ley -tal y como queda recogido en su disposición final primera de la normativa- y que, por lo tanto, no se le puede negar al diputado este derecho porque la ley le faculta.
Así, la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV requiere "con carácter urgente a Les Corts Valencianes para que en el plazo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento" -es decir, desde este martes- remita el expediente administrativo "acompañado de los informes y datos que estime procedentes".
El escrito también solicita que se comunique la remisión del expediente "a todos los que aparezcan como interesados del mismo" -esto es, los miembros que forman la Mesa de Les Corts al ser los firmantes de la resolución- y les emplaza a comparecer en el órgano judicial como demandados en los cinco días siguientes.
Así, desde el presidente de la Cámara valenciana, Enric Morera, hasta el miembro de la Mesa de Ciudadanos, Emilio Argüeso, deberán acudir a sede judicial. El también secretario de Organización de la formación naranja deberá hacerlo por ser el firmante de la resolución de la Mesa de Les Corts del 19 de septiembre.