VALÈNCIA (*). El año que comienza será determinante en el futuro de grandes empresas de la Comunitat como Ford Almussafes o Mercadona. La cadena de supermercados de Juan Roig dará este año el primer paso en su internacionalización con la apertura de cuatro tiendas en Portugal y continuará con la expansión de su recién estrenado nuevo modelo de venta por internet. Para la planta valenciana de la marca del óvalo los próximos meses estarán marcados por la decisión de la dirección mundial de acometer ajustes profundos en sus plantas europeas, unos recortes que Almussafes confía en que no sean traumáticos.
Además, en 2019 se celebrará uno de los principales juicios pendientes a los responsables de la quiebra de Banco de Valencia y Bancaja, el de las ruinosas operaciones inmobiliarias en el Caribe, se definirá la fórmula para asumir al personal de servicios privatizados como el de las resonancias de Erescanner y puede que hasta se lleve a cabo definitivamente la venta de las parcelas de Mestalla por parte del Valencia CF.
2019 será un año clave para Mercadona y es que se consumará su llegada al país vecino. Portugal fue el país elegido para iniciar su internacionalización y en ella invertirá unos 100 millones de euros para abrir entre ocho y diez establecimientos durante el segundo semestre de 2019. Las nuevas tiendas de Mercadona estarán en los distritos de Oporto y Braga, en la Región Norte, y Aveiro, en la Región Central, y el número final será definido en función de la evolución de licencias y el avance de las obras. El grupo pretende crear 300 puestos de trabajo que, sumados a los 200 ya existentes, incrementarán la cifra de empleados en Portugal a 500. Además, 2019 también arrojará los primeros resultados acerca de su nuevo modelo de compra online, que actualmente tiene implantado en parte de València, para el que la cadena de supermercados creó Mercadona Online, dirigida por Juana Roig.
Una de las grandes incógnitas por resolver en el sector inmobiliario valenciano en 2019 es la venta de las parcelas de Mestalla por parte del Valencia CF. El club encargó a la consultora Deloitte que articulara la compleja operación de enajenar el terreno del actual estadio -que cuenta con una edificabilidad de 100.000 metros cuadrados para viviendas y servicios de uso terciario- y reactivar con los ingresos la construcción del nuevo coliseo en Cortes Valencianas. Pero conforme ha avanzado el proceso han sido varios los interesados que se han quedado por el camino -firmas como Neinor, Atitlan, Aedas, Ática o Bertolín-.
Son tres los escollos de la operación: los 120 millones de euros en los que valora el Valencia CF los activos, una cantidad por encima de los actuales precios de mercado; el tiempo de espera para lograr el retorno de la inversión, dado que el equipo necesita seguir jugando en Mestalla hasta tener construido el nuevo campo; y la gran cantidad de edificabilidad terciaria del suelo -aproximadamente un 40% que deberá destinarse a comercios, plazas hoteleras u oficinas, cuyo valor es inferior al de la vivienda-. No obstante, todavía parece haber firmas interesadas en la operación, entre las que el sector sitúa al fondo Cerberus y a Ceetrus, la inmobiliaria de Alcampo. Está por ver si su interés se traduce en ofertas vinculantes que sean del agrado del Valencia CF y evitan que el proceso quede desierto.
En el horizonte de 2019 se vislumbran importantes hitos para Puerto Mediterráneo, el macro centro comercial y de ocio proyectado en Paterna por la multinacional británica Intu que recibió en 2016 el rechazo de la Generalitat por, principalmente, no guardar la distancia suficiente con las carreteras colindantes. Por un lado está el nuevo proyecto tramitado por la firma, ahora más alejado de las vías, de menor superficie comercial, reverdecido y rebautizado como Intu Mediterrani. La iniciativa cuenta con el apoyo de la localidad, pero Compromís sigue poniendo barreras a su desarrollo desde la Generalitat, tales como un plan territorial de comercio (Patsecova) que restringiría superficies comerciales tan grandes o la ampliación de la protección (PORN) del Turia a la zona en la que está proyectado el complejo.
En cualquier caso, al margen de cómo avance la tramitación del nuevo proyecto, Intu se juega este año su futuro en otros dos campos de batalla: el judicial, dado que recurrió el rechazo de 2016 con un Contencioso Administrativo que ya está en fase de conclusiones; y el electoral, puesto que un cambio de equilibrios tras las elecciones autonómicas de este año también podría facilitar su desarrollo -siempre y cuando Compromís salga del Gobierno Autonómico o pierda las competencias que le permiten torpedear el proyecto-. En caso contrario, si la coalición conserva sus actuales herramientas tras los comicios, el choque frontal entre la formación y la multinacional está más que asegurado.
Ford Almussafes espera con inquietud desde hace meses el veredicto de la enseña del óvalo sobre la planta valenciana. La multinacional anunció el pasado 9 de octubre que aplicará severos recortes en su división europea (en materia de producción y empleo) para compensar las pérdidas que acumula desde hace años en el viejo continente y el mal momento de sus vehículos en el mercado, una crisis enmarcada en el cambio global de las motorizaciones que afecta al sector del automóvil. Los recortes ya han comenzado con la supresión de un turno en la factoría alemana de Saarlouis y el cierre de la planta francesa de Blanquefort.
La división valenciana siempre ha sido señalada por la compañía como una de las más eficientes en Europa, y además cuenta con la ventaja de que produce el todoterreno ligero (SUV) Ford Kuga, uno de los modelos de la marca que goza de mejor salud en los concesionarios. Por contra, el resto de los modelos que produce presentan un mayor declive, tal y como lo demuestran los datos de producción por unidades de la factoría en 2018, año en el que cayeron todos los modelos -incluso el Kuga- provocando el primer retroceso en seis años en el total de coches fabricados. Está por ver si la resolución de esta incógnita afecta mucho o poco al motor industrial de la Comunitat y, en consecuencia, a toda su industria auxiliar y a las decenas de miles de trabajadores que emplea.
Es el mayor proyecto de inversión en infraestructuras que se ejecuta en la Comunitat en años. Nada menos que 1.200 millones de euros movilizará la ampliación norte del Puerto de Valencia, un nuevo espacio con capacidad para más de 5 millones de TEU que evitará la saturación de las terminales actuales y situará al recinto en la liga de los grandes de Europa al elevar su capacidad total por encima de los 13 millones de TEU. De esa cantidad, alrededor de 800 millones los aportará la empresa que se adjudique el concurso para explotar la terminal hasta 50 años, mientras que la Autoridad Portuaria completará la inversión con los otros 400.
La incógnita se despejará hacia finales de año. Prácticamente todos los grandes jugadores del comercio marítimo mundial están en la terna de potenciales aspirantes, aunque algunos como MSC, cuya terminal actual está saturada, se perfilan como favoritos. El naviero Vicente Boluda cree que el concurso se resolverá entre cuatro colosos: las navieras MSC y CMA y los operadores de terminales Dubai Ports World y PSA Singapore.
Será uno de los juicios del año. Los señalados por el FROB como principales responsables de la quiebra de Bancaja y su filial Banco de Valencia se sientan en el banquillo para rendir cuentas por las operaciones inmobiliarias que impulsaron en el Caribe y que, según la jueza instructora, provocaron un agujero a las entidades de nada menos que 750 millones de euros. Para el expresidente de ambas, José Luis Olivas, la Fiscalía pide 6 años de prisión, la misma condena que reclama para el exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra; y el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo.
Están acusados de apropiación indebida y administración desleal en las inversiones inmobiliarias que realizaron en México a través del Grupo Grand Coral. Entre los acusados por el juez también figuran los empresarios Eugenio Calabuig y Vicente Llácer, para quienes la Fiscalía reclama una pena de 3 años de cárcel y una multa de 88 millones de euros como cooperadores necesarios de un delito de blanqueo de capitales. El Ministerio Público reclama también 2 años de prisión para el ex vicepresidente de Banco de Valencia, Antonio Tirado, acusado por el juez como cooperador necesario de los delitos de apropiación indebida y administración desleal para el que la Abogacía del Estado eleva la petición de condena a 3 años.
Ha llegado 2019, el año en el que vence la última prórroga de la concesión de la AP-7. Lo único que está claro es que esa concesión se extinguirá y la vía pasará a estar gestionada directamente por el Estado. Pero eso no implica automáticamente eliminar el peaje. El ministro Ábalos juega al despiste y un día insinúa que la AP-7 será gratis total, y al siguiente desliza posibles bonificaciones que no tienen sentido si no hay peaje. Hosbec quiere la AP-7 de pago. Todos los demás, gratuita. La solución, a lo largo de este año.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba en el último Debate de Política General que aceleraría el proceso de reversión del departamento de Dénia para recuperar la concesión en esta legislatura, que terminará en el primer semestre del próximo año. Actualmente, el departamento está gestionado por Marina Salud, participada en un 65% por DKV y un 35% Ribera Salud. DKV ya ha mostrado en alguna ocasión la intención de salir del departamento si la Generalitat no desea que lo gestione mientras que Ribera Salud se ha opuesto.
Sin embargo, tal y como publicó Valencia Plaza, en la Generalitat ya contemplan la posibilidad en la que Ribera Salud debería renunciar a pelear por Dénia, área menos rentable pero políticamente muy importante para Ximo Puig, y dejarle la puerta abierta a la adquisición del Hospital de Manises si Sanitas siguiera en la Comunitat Valenciana su misma estrategia que en Madrid, que ha sido vender la concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz a Centene Corp, accionista de Ribera Salud.
El año que comienza será crucial para la viabilidad de la Marina de València. La Unión Europea mantiene abierta una investigación por posible ayuda de Estado ilegal al Consorcio València 2007 por el crédito del ICO que sirvió para construir las infraestructuras de la Copa América, pero además la Comisión Europea ha pedido al Gobierno central que explique cómo piensa asumir 350 millones de deuda de la entidad. El Consorcio nunca ha podido hacer frente a la devolución del crédito, del que responde el Tesoro al estar avalado por el Ministerio de Hacienda, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha anunciado que condonará la mayor parte de la misma, incluso mediante un decreto-ley. La duda es saber si Bruselas aceptará esa solución, así como qué pasará finalmente con la parte de la deuda impagada que está en manos de un fondo oportunista que amenaza con demandar al Consorcio en los tribunales británicos.
En marzo se cumple un año del primer acto administrativo del Consell relacionado con el Distrito Digital, la línea de incentivos a las empresas que se instalasen en Alicante con creación de empleo. Para entonces, en el entorno de Ciudad de la Luz habrá unas 70 firmas del sector, grandes, medianas y startups. El objetivo es cambiar el modelo económico de la provincia y de la Comunitat. Proyectos Temáticos tiene previsto crear un órgano de gestión y dar un paso atrás para que el DDCV funcione solo. Ese será el momento crítico. ¿Lo hará?
Durante el último tramo de 2018, la Conselleria de Sanidad ha estado a vueltas con la subrogación del personal del servicio de resonancias magnéticas desde que la Abogacía de la Generalitat señalara en el informe del decreto de Subrogación que el traspaso de personal de una empresa privada a la administración pública debía ser ordenado por la vía judicial y no de forma voluntaria. Ahora, el departamento de Ana Barceló confía en que el futuro de la subrogación del personal del servicio de resonancias magnéticas se despeje favorablemente con el informe que esperan del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el borrador de decreto que regula el proceso, al entender que lo que entorpecía el anterior informe del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento donde el CJC manifestó una postura similar a la de la Abogacía fue la inclusión de las subrogaciones de centros del Instituto Valenciano de Atención Socio Sanitaria.
Esto supondría que, finalmente, Erescanner Salud - participada por Eresa e Inscanner Salud- dejarán de prestar el servicio por enriquecimiento injusto, ya que el contrato con la UTE finalizó el pasado mes de octubre y, de momento, la única solución propuesta es la de ir sacando las 219 plazas previstas en diferentes tramos en los que la UTE vaya reduciendo su actividad para la administración.
La CEV está ya completamente implantada en Alicante y celebrará en unos días su 41 aniversario, el primero como patronal autonómica, con el Rey como invitado de excepción. Mientras, Uepal intenta ganarse la representatividad sin demasiado éxito hasta ahora fuera de la Diputación. Todos dan por sentado que, al final, tendrá que diluirse en el proyecto de Perfecto Palacio, aunque Juanjo Sellés pide una ‘fusión’ que ponga a las dos organizaciones en pie de igualdad. Este año debe resolverse la incógnita sobre la unión y su fórmula, o el conflicto se enquistará.
*Información elaborada por Xavi Moret, Dani Valero, Estefanía Pastor y David Martínez