Puerto Mediterráneo avanza en los juzgados en pleno bombardeo del Consell

VALÈNCIA. La presentación el pasado verano de Intu Mediterrani, el rediseño del macro centro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo que el Consell rechazó en 2016, marcó un antes y un después en la relación entre la multinacional y el Gobierno valenciano, pero no en el sentido que esperaba la empresa. La compañía, siguiendo el mandato verbal del presidente socialista Ximo Puig, corrigió las causas que motivaron el 'no' a la iniciativa (fundamentalmente la distancia entre el complejo y las carreteras colindantes) y la planteó desde una óptica reverdecida y con menor superficie comercial. Pero lejos de conseguir el visto bueno de Compromís -el socio de gobierno de Puig-, la coalición ha recrudecido desde entonces sus ataques a un proyecto que solo avanza en el contencioso administrativo que presentó la empresa hace ahora dos años.

Según detallan a este diario fuentes conocedoras del proceso, la causa ya se encuentra en fase de conclusiones. Las partes (la sociedad Intu-Eurofund Investment y el Consell) están a la espera de la providencia que les comunique la fecha para votación y fallo, una cita que esperan que tenga lugar en alrededor de ocho meses -de modo que llegaría pasadas las próximas elecciones autonómicas-.

La empresa reclama a la Generalitat Valenciana 300 millones de euros por tirar atrás un proyecto que antes había validado en 2015, durante el gobierno popular de Alberto Fabra. El montante, estimado por la empresa a partir de un análisis pericial, contempla tanto el perjuicio causado a la firma por el cambio de criterio -cabe subrayar que la mercantil es propietaria del 50% del terreno y suma hasta el 90% comprometido-, como el lucro cesante por la ganancia legítima de la que no disfrutarían sus impulsores.

En el seno de la compañía el sentimiento es de ruptura con la administración valenciana. La mercantil, de capital y carácter británico, no comprende lo que a su juicio es un cambio de criterio de la Generalitat respecto a lo manifestado en febrero de este mismo año, cuando Puig accedió por primera vez a negociar con Puerto Mediterráneo "una solución de consenso" tras reunirse con el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley. En aquel entonces las cosas parecían reorientarse para la empresa, pero Compromís ha recrudecido su ofensiva en esta fase final de la legislatura, volviendo a las directrices de su programa electoral de 2015.

La escalada empezó en el tono de las declaraciones. El primer varapalo contra el nuevo proyecto de Intu llegó de la vicepresidenta Mónica Oltra, que en septiembre, olvidando su llamamiento de febrero a la seguridad jurídica, pasó a afirmar que "conviene hacer caso" a las consultoras -como Aguirre Newman- que hablan de "saturación de centros comerciales". El mismo mes, la consellera de Agricultura Medio Ambiente, Elena Cebrián, si bien hacía hincapié en que la administración abordará la tramitación con "la máxima transparencia", desmerecía el proyecto al compararlo con grandes iniciativas de ocio que han naufragado en la autonomía -en aparente referencia a Terra Mítica-.

De las palabras a las medidas

Pero, para desgracia de la compañía, la ofensiva de la formación política va más allá de las palabras y llega desde diferentes flancos. Por un lado está el ataque de la Conselleria de Economía sostenible, liderado por el conseller Rafael Climent y su estilete Natxo Costa, director general de Comercio -ambos de Compromís-. El departamento espera aprobar a finales de abril -salvo retraso en la tramitación ambiental- el denominado Patsecova, el plan sectorial de comercio en cuyo artículo 48.1 se impide la creación de grandes establecimientos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial.

La iniciativa es un claro veto al complejo proyectado en Paterna, pero, por si no lo pareciera, el propio Costa se encargaba esta semana de subrayarle a la empresa su propósito. "Intu go home", espetó en un tuit que bien puede servir a la multinacional para incidir en su argumento de que el rechazo a su iniciativa, más allá de criterios técnicos, responde a los ideológicos. El tono y las palabras, bien sea por electoralismo o por la falsa moderación que exhibía en septiembre -o por la confluencia de ambas razones-, distan mucho del discurso del dirigente tras reunirse entonces con la empresa, cuando dijo aquello de "no somos fans de Puerto Mediterráneo pero haremos que se cumpla la ley".

Y por otro lado, como informó Levante-EMV, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente -también controlada por Compromís- ha generado un nuevo obstáculo para el proyecto en forma de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Porn) del Túria, al incluir el paraje de Les Moles -en el que está proyectado el complejo- como "suelo no urbanizable de especial protección".

En concreto, el estudio ambiental y territorial estratégico que se somete desde noviembre al preceptivo proceso de exposición pública etiqueta el enclave como "área interfase de mosaico agrícola-forestal", en el que se considerarían incompatibles "todos los usos que comporten una degradación del medio ambiente", tal y como venían reclamando diversas entidades ecologistas y la ornanización de pequeños comerciantes Unió Gremial.

La empresa, que ya alegó sin éxito contra el Patsecova, deberá hacer lo propio contra el Porn del Turia en defensa de sus intereses. No obstante, desde el entorno de la compañía destacan que, a día de hoy, la única realidad es que el Ayuntamiento de Paterna ha modificado su plan parcial para dar cabida a su nuevo proyecto y que lo ha remitido a la Generalitat Valenciana para que sea sometido -una vez más- al análisis de la administración autonómica.

Mientras tanto, al PSPV ni se le escucha ni se le espera. El partido lleva toda la legislatura de perfil, con una tibia defensa intermitente que nunca ha hecho sombra a la contundencia de Compromís. Ni siquiera una nueva visita del embajador británico Simon Manley a València esta semana sirvió de excusa al presidente Ximo Puig para reafirmarse públicamente en su presunto respaldo al proyecto en pleno bombardeo de sus socios de gobierno, una batalla que en el PSPV parece disputar en solitario el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, a quien no le importó dejar caer su gobierno de coalición con Compromís en la localidad para aferrarse a la iniciativa, de la que ha hecho su proyecto estrella.