La falta de documentación y las ausencias entorpecen la comisión de Crespo Gomar

VALÈNCIA. La comisión de Les Corts que investigará hasta que termine la legislatura la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc –partido mayoritario en la coalición Compromís- en las elecciones de 2007 arrancó este lunes a medio gas. Ni todos los llamados a comparecer acudieron para someterse a las preguntas de sus señorías, ni la documentación que investigan los juzgados llegó a tiempo a los diputados de la cámara valenciana. Una cuestión que, de hecho, fue protagonista durante el desarrollo de todas las intervenciones de PSPV y Compromís. 

La causa sobre la que versa la comisión que se desarrolla ahora en el Parlamento valenciano se instruyó durante año y medio en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia tras una denuncia ante la Policía presentada por el diputado del PPCV, José Císcar, quien recibió unos papeles que apuntaban a un presunto entramado de corrupción en el que los gastos electorales de estos partidos en el citado año se habrían terminado facturando a otras empresas por parte de la mercantil Crespo Gomar. Sin embargo, tras constatar que el delito de financiación ilegal estaba prescrito, la juez derivó la causa a otros cuatro juzgados, donde se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. 

Así, el primero en intervenir en la comisión este lunes fue el también presidente de los populares alicantinos, José Císcar, que expuso cómo llegó a sus manos la documentación y cómo ésta derivó -después de su denuncia- en dos informes policiales que concluyeron que existían "coincidencias hasta en los céntimos entre las fotocopias de las facturas y la información tributaria de ese año de los partidos". Unas coincidencias a las que el president de Les Corts, Enric Morera, segundo compareciente de la sesión y secretario general del Bloc en 2007, restó importancia. "No le doy ninguna relevancia a lo que dicen unas fotocopias presentadas por Císcar", aseguró a preguntas formuladas por la diputada de Podem, Cristina Cabedo. 

Las "fotocopias" de Morera

No en vano, tanto el president de Les Corts como su jefe de Gabinete, Lluis Miquel Campos -tercer compareciente-, cuestionaron la veracidad de la documentación de la que parte toda la investigación por tratarse de "fotocopias" de correos electrónicos o de facturas a distintas empresas. "No sabemos si están manipuladas", esgrimieron ambos. Un argumento del que también echaron mano las portavoces del grupo socialista, Rosa Peris, y de Compromís, Mónica Álvaro. "Lo primero que esperaba encontrar hoy es la denuncia y no la tengo. No ha aportado ningún documento original. ¿Cree en la fiabilidad de los documentos que le entregaron?", preguntó Álvaro. "Para mí es muy difícil hoy estar aquí hoy preguntándole sin documentación", añadió Peris. 

En esta línea continuó Morera: "Ustedes hablan de un informe que yo no tengo. ¿Quién lo tiene en esta comisión? Un informe que no deja de ser una comparecencia del señor Císcar", argumentó, antes de censurar su "posición de indefensión". "No puedo personarme porque no han denunciado en los juzgados y no puedo acceder a ese informe mientras el PP sí", criticó.

Al contrario que Císcar, Morera y Campos, no acudieron a la sesión inaugural de la comisión otros nombres más mediáticos. De hecho, su ausencia marcó el desarrollo de la jornada parlamentaria. Con el objetivo de averiguar las relaciones entre la formación que lidera en la Comunitat Isabel Bonig y la firma de comunicación, se había citado a la ex alcaldesa de Dénia, Ana Kringe. La exmandataria local no acudió debido a que las Corts no localizaron su actual domicilio. Aún así, no fue la única que se ausentó. 

La exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llamada para esclarecer los contratos adjudicados desde su departamento a las sociedades ligadas con la trama, cumplió su advertencia y se ausentó. Como también hizo Pepe Cataluña, ex secretario de finanzas del PSPV que estuvo salpicado por casos como Brugal y que aparece en algunos de los correos electrónicos como destinatario de las supuestas facturas a terceras empresas según aparece en los correos electrónicos obrantes en la investigación judicial.